Sistema de identificación infantil. Despejando factores de dominio

Las políticas de inclusión no consolidadas, la burocracia institucional y sus protocolos, la desigualdad de oportunidades y la falta de comunicación a la población en general; sumadas al comportamiento individualista de la ciudadanía en Latinoamérica, hacen que la puesta en marcha de un sistema de identificación civil eficiente se demore en tiempo y forma, a pesar de la preocupación e interés que los actores involucrados han expresado, al menos, en las últimas dos décadas.


En los años ya transcurridos en este siglo, salvo pocas naciones, en la región han gobernado diferentes tendencias políticas, un abanico de colores que dejó un resultado levemente positivo en cuestiones de identificación infantil. Ámbito donde, precisamente, aún hay un trecho importante por andar; algunos países más que otros. Principalmente se deben atender las partidas presupuestarias destinadas a; la aplicación de tecnologías de punta, a las prioridades de sus políticas sociales o a sus metas humanísticas.



Un alto porcentaje poblacional de la zona todavía carece de los medios necesarios para sobrevivir dignamente, a duras penas subsisten gracias a la caridad o a su propio ingenio, porque los medios a su alcance no cubren sus necesidades básicas; de tal suerte, este sector social no tiene opción de elegir si su compromiso de vida participará más en el ámbito colectivo antes que en el propio, más allá de su posible tendencia a convivir en una comunidad iberoamericana fraternal y solidaria.




El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas (UNICEF), entre otros; periódicamente comparten propuestas de cambio y metas para optimizar los sistemas de identificación con instituciones locales en cada nación.


En los últimos veinte años, cada uno de los participantes obligados en estas decisiones; Estado, ciudadanía y organizaciones internacionales; han recorrido un camino marcado por la asimetría de responsabilidades y de compromisos, con respecto al eje del círculo social que integran.


Quizá de manera inconsciente, muchos de ellos han transitado el mismo campo de un sistema de identidad carente de prioridades humanitarias y de privacidad; que intercambia derechos por obligaciones y fundamenta su proceder al tergiversar las razones vitales; trata de niños, secuestros y desapariciones; libertad, privacidad, Derechos Humanos, sociales y políticos, entre otros.



En el informe de UNICEF de 2019, ¿Qué es el registro del nacimiento y por qué es importante?, autoría de Leah Selim; se menciona “la existencia de 166 millones de niños sin registrar en los países subdesarrollados y en el mundo 237 millones de menores de 5 años no disponen de un certificado de nacimiento. Las razones de no inscribir dichos nacimientos son varias, entre ellas, la falta de medios institucionales y de recursos individuales. Actualmente el 75% de los menores de 5 años están registrados, mientras que en el año 2000 sólo lo estaba el 60%. Para el año 2030 podría lograrse el registro universal de los nacimientos, siempre que la inversión y el compromiso adecuados así lo permitan”.


En el informe, “Registros Civiles y oficinas de identificación”, difundido en 2019 por el BID; Estefanía Calderón detalla, cuantitativa y cualitativamente, la situación actualizada de 20 países de la región; al respecto cita, “a diferencia de otras zonas, Latinoamérica y el Caribe han adecuado sus políticas y programas de registro, contando ahora con un sistema nacional de identidad”.


Indudablemente en sus informes, el BID y el UNICEF muestran interés por conquistar su meta final en un plazo de diez años: “incluir a todas las personas en un registro de identificación universal”.


Pero los gobiernos dudosamente podrán cumplir tal objetivo para esa fecha, ya sea por la idiosincrasia de sus pueblos o por los problemas presupuestrarios y políticos; temas que generalmente ocupan la mayor parte de su tiempo. Normalmente sus metas son económicas y rara vez los gobernantes propenden al humanismo y al bienestar común.


Por lo visto hasta ahora, los Estados y las organizaciones internacionales supuestamente están involucrados en esta problemática para evitar la exclusión social; sucintamente, desean evitar la explotacion laboral infantil, el reclutamiento a fuerzas paramilitares, el matrimonio de menores, la trata de personas y las adopciones ilegales; quieren que las personas tengan acceso a la salud, a la educación, a los servicios sociales y a los programas de apoyo; que obtengan su derecho al voto, a la herencia y que puedan abrir cuentas bancarias y accecer a documentos de identidad nacionales e internacionales; mientras que para los Estados auguran que estos datos les permitiran elaborar estadísticas y políticas públicas.


Este último punto sumado a los procesos de identificación propuestos por las instituciones previamente citadas, contiene un factor gris que merece ser despejado: la diferencia entre los argumentos empleados por las instituciones que facilitarían un control domininate sobre la población, y aquellas premisas que realmente deberían implementarse para ofrecer a la gente, (niños, adolescente y adultos), la seguridad y la privacidad que merecen sus datos de filiación.


Si para ajustarse a los objetivos primarios de un sistema de identidad civil, los actuales medios estatales contienen información como fotografías, impresiones digitales, ciertos rastros biométricos y demás detalles formales; a la postre estos datos resultan insuficientes para evitar la trata de personas, el robo de identidad, los secuestros y el acceso a la herencia, por ejemplo. Los funcionarios a cargo deberían agregar el perfil genético y el reconocimiento del iris en el método vigente de identificación de personas, pues su nivel de exactitud es superior al de las huellas dactilares; tres veces más en el primer caso y seis en la biometía del iris. Tras veinte años, ¿qué lograron para responder asertivamente a la mayor prioridad de estos sistemas?, es decir, la protección e inclusión del ser humano.


En fin, la optimización del sistema biométrico y de tantos otros elementos que contienen las diferentes prácticas de identificación, podría aliviar la resistencia que determinadas personas tienen sobre su implementación; si se observara un método de identificación sin ambigüedades argumentativas, que garantice privacidad y seguridad, y que informe correctamente sobre el uso que instituciones nacionales e internacionales den a los datos.


Al caso, resultará interesante que la gente reflexione sobre este tema particular y resuelva en consecuencia, quizá para ello regrese a la simetría axial ya mencionada; en primera instancia, priorizar sus necesidades, derechos y libertades individuales antes que las de control-Estado/institución-dominio; en segundo término, relegar aquellas imposiciones arbitrarias de cualquier organismo nacional o internacional que intente vulnerar su libertad y sus Derechos Humanos, sociales y políticos, sin aportarle un valor agregado significativo.


El uso de la razón colectiva debe imperar sobre las actitudes rescatistas de una determinada situación social a la que la ciudadanía ha llegado, merced a la voluntad impuesta por la burocracia dominante en turno. La falta de coincidencia entre los medios impuestos ahora y la finalidad de la vida, podría dejar una profunda huella en el espíritu humano, difícil de borrar. ¡Rescatémonos!


Oscar Calvete Sousa

Escritor

www.oscar.uy

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