Niños y niñas que nacen y viven en prisión

En México, cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indican que hasta el 30 de junio de 2019, 200 mil 753 personas se encontraban privadas de la libertad en alguno de los 304 centros penitenciarios de nuestro país. De ellas, 76 mil 832 ven transcurrir los días desde una prisión, sin haber recibido una sentencia que determine su culpabilidad o inocencia.


Detrás de esas mismas cuatro paredes, existe un grupo particular de inocentes cuyo encierro obedece a la simple razón de haber nacido o crecido en prisión. Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; son 436 niñas y niños que sin haber cometido delito alguno, viven con sus madres en un centro de reclusión. Hasta hace algunos años esa cifra era incluso inexacta, debido a la falta de voluntad e interés por parte de la autoridad para visibilizarlos y atenderlos.


Hasta el año 2016, su existencia no estaba siquiera reconocida en la ley. Fue a partir de una modificación impulsada por la asociación civil Reinserta, que la Ley Nacional de Ejecución Penal contempló una serie de disposiciones y derechos de las hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad en cárceles mexicanas, que entraron en vigor a partir de noviembre de 2018.


Así, el artículo 10 de dicha Ley, contempló el derecho de contar con instalaciones y elementos necesarios para una estancia digna y segura; recibir atención médica especializada y de calidad; el derecho a la maternidad y a la lactancia; recibir la alimentación adecuada y saludable, educación inicial y vestimenta acorde a la edad y etapa de desarrollo de sus hijas e hijos.


Desafortunadamente, cambiar la ley regularmente no basta para cambiar la realidad. Por ello, a pesar de este gran esfuerzo, hace falta mucho por hacer para garantizar que los primeros años de su desarrollo e infancia, transcurran como la de cualquier otro menor en el exterior.


En el caso de las mujeres que así lo decidan o a falta de un familiar que pudiera hacerse responsable, las niñas o niños que permanecen hasta los tres años de edad, como establece la legislación; se acostumbrarán a vivir entre los sonidos y los golpes de las rejas que constantemente se abren y cierran.


Durante el tiempo que vivan con su mamá en prisión, crecerán en un entorno en el que se reproducen los mismos problemas que llevaron a sus padres a vivir en condiciones de internamiento: desigualdad, carencias, círculos de violencia, falta de oportunidades, corrupción sistémica, contagio criminógeno, exposición al consumo de drogas y a la comisión de otras conductas delictivas.


Pasarán los primeros años de su vida sin conocer o imaginar un árbol, un parque, un museo, una mascota, el cine, sin viajar en auto o en camión. Habrán nacido y crecido con las restricciones propias de un centro penitenciario en el que viven sus madres; compartir cama, ceder parte del espacio en una celda, la ausencia de instalaciones adecuadas para tener acceso a la salud, una buena alimentación o educación; en general, una estancia digna y el adecuado esparcimiento.


Además existen restricciones acentuadas para sus madres por su condición femenina. La infraestructura, la organización y el funcionamiento de las cárceles han sido originalmente pensadas para albergar varones y atender sus necesidades específicas. Por ello, no sorprende pero sí preocupa, la carencia de espacios seguros o libres de violencia como ludotecas, guarderías o escuelas infantiles; que garanticen una sana convivencia para las niñas y los niños que viven o visitan a sus madres o padres en reclusión.


Según la investigación “Diagnóstico de maternidad y paternidad en prisión”, realizada por Reinserta, resulta alarmante que 3 de cada cien menores que tuvieron contacto con el sistema penitenciario al visitar a sus padres, fueron víctimas de algún tipo de maltrato. Lo anterior es de gravedad pues al menos 50 por ciento de hombres y 14 por ciento de mujeres son visitadas.


A todo lo anterior hay que sumar el estrés y la ansiedad que estos pequeños deberán enfrentar cuando llegue el momento de la separación. La falta de políticas y programas dirigidos a ese sector dentro de nuestras cárceles y la ausencia de un proceso sensible para anticipar su salida; poco contribuyen a su bienestar, a un adecuado acompañamiento y a una correcta transición a su vida en comunidad.


Por todo eso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expone que la estancia de menores en los centros penitenciarios no es una circunstancia ideal, pues se disminuyen sus posibilidades para un libre desarrollo físico, psíquico, y socio-educacional.


Sin embargo, dado el derecho que estas niñas y niños tienen de vivir en familia y cerca de sus papás, debemos reconocer que este es un hecho cada vez más común. Por ello, el reto institucional y la deuda social frente a cada uno de esos pequeños, es enorme.


Si algo hemos aprendido es que la agenda gubernamental voltea la mirada a los temas importantes para la sociedad. Lamentablemente, la falsa idea de que la cárcel es la solución a la inseguridad y la poca atención que ponemos en lo que ocurre tras la aduana de entrada a un reclusorio, provocan que la autoridad se muestre omisa en atender las necesidades más apremiantes.


Entre ellas; invertir en infraestructura o espacios adecuados para garantizar que niñas y niños tengan una estancia digna; atender las deficiencias en materia de educación inicial y servicios de salud para la población infantil, lo que requiere de médicos pediatras, vacunación, servicios dentales y psicológicos; resolver la insuficiencia alimentaria e implementar programas de atención para niñas y niños con madres y padres en prisión.


Sin duda para todo ello se requiere presupuesto. Por desgracia, en el sistema penitenciario mexicano el recuso siempre ha sido precario. Se requiere también que las autoridades tengan voluntad y no evadan su responsabilidad de ofrecerles las bases para un mejor futuro.


Un futuro en el que sus armas sean; la educación, el trabajo y el talento, que les faciliten una vida digna, en la que puedan construir, realizar sus sueños y contar su propia historia. Que su destino no esté determinado simplemente por el lugar en el que nació.


Wendy Balcazar Pérez

Maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana, México.

Socia y co-fundadora de La Cana, Proyecto de Reinserción Social

wendy@lacana.mx, @wenbalcazar

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