Género y sexualidad en la infancia

En la actualidad circula una amplia cantidad de programas, materiales, guías, libros y artículos científicos que ponen de manifiesto la necesidad de abordar temas como el género, la sexualidad y la educación. Lo anterior se fundamenta en el compromiso del Estado por erradicar la discriminación y exclusión por razones de género o sexualidad. Resalta la necesaria idea de asumir la educación sexual como un tema transversal, además de promover espacios para debatir sobre género, sexualidad, discriminación, respeto a la diversidad e inclusión, con niñas y niños.


La sexualidad está presente desde las edades más tempranas de las personas. Forma parte de los conocimientos elementales; la incorporación de una educación sexual sin prejuicios, basada en la verdad, debe ser acorde a las necesidades y posibilidades de comprensión de las niñas y los niños.



Para comprender mejor el tema conviene puntualizar ciertos conceptos como el sexo, que según la Organización Mundial de la Salud, se refiere a las características que definen a los seres humanos como hombre o mujer. Ahora bien, el género se refiere a los conceptos sociales y las funciones que la comunidad considera propios para hombres o para mujeres; comportamientos, actividades o atributos. Por su parte, la sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida; abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, etcétera.


En la sexualidad influyen factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales.


Como ya es sabido, niñas y niños son excelentes receptores de la información que tienen a la mano, así como de aquella que les provoca curiosidad.


La salud sexual no se puede ejercer ni mantener si no se respetan y protegen los Derechos Humanos. Las leyes nacionales, varios documentos internacionales pertinentes y otras declaraciones consensuadas, reconocen el derecho al disfrute de la salud sexual y la expresión de la sexualidad que, en ocasiones, se denominan simplemente derechos sexuales.


El grado en que estos derechos se reconocen y ejercen, o suprimen; afecta varias cuestiones como; la libertad de tener control pleno de la sexualidad, violencia o coacción para la actividad sexual, acceso a educación y servicios de salud relacionados, así como la discriminación por motivos de sexualidad.


Los Derechos Humanos también modelan el entorno jurídico y normativo de la salud sexual, la sexualidad y las intervenciones conexas, y este entorno modifica la influencia de otros factores socio-estructurales en la salud sexual; por ejemplo, las normas sociales y las desigualdades de género.


Si bien se trata de temas complejos, se debe considerar que además de promover la tolerancia, la clave para respetar a los demás es la correcta información. Dejar atrás los prejuicios y tabúes en temas de los que se pueda discutir con infantes, asumir que el mundo cambia a una velocidad sorpresiva y que es mejor buscar la forma y las palabras correctas para poder despejar las dudas que las niñas y niños tengan en general.


Hoy en día los derechos de la infancia son uno de los ejes primordiales para los entes del Estado, ya que se encuentran tutelados en la Constitución y en diversos tratados y convenciones internacionales, como la Convención de los Derechos de los Niños; marco legal internacional que contempla la no discriminación, la opinión, la libertad de expresión, la información, la no violencia, la comprensión y un entorno sano; como las principales garantías infantiles.


Por otra parte y en el ámbito local, se contempla al interés superior del menor como un artículo clave para la resolución de controversias en las que se les involucre, como se menciona en el Artículo 5.16 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México:


“El interés superior de niñas, niños y adolescentes es la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, respecto de cualquier otro derecho.


El derecho a las niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y tomados en cuenta son principios rectores que el juez debe tener siempre como consideración primordial en la tramitación y resolución del asunto sometido a su conocimiento.


Al resolver una controversia, el juez podrá dictar las medidas que estime pertinentes para salvaguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, entre otras, ordenar terapia médica, psicológica o social a sus progenitores o quienes integren el grupo familiar.


Dentro de las 12 horas siguientes a la imposición alguna medida urgente de protección ordenada por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente.


En los asuntos en que estén involucrados niñas, niños y adolescentes o incapaces, el juez deberá suplir la deficiencia de la queja en beneficio de estos.”


Es notable la adecuación de las normas a las situaciones de actualidad, priorizar el interés de la infancia en dichas disposiciones muestra el avance que ha tenido la sociedad para ofrecer un desarrollo integral a ese sector.


Las niñas y los niños, no sólo son objeto de derecho sino titulares, y como tales pueden exigir que se respeten y se garanticen.


Finalmente, conviene precisar que el derecho al sano desarrollo de su sexualidad va de la mano con el respeto de su intimidad, también tienen derecho a la información, a la identidad y a la libertad para expresarse.


No obstante, se debe tener en cuenta la delicada línea entre su derecho a la información y su derecho a la intimidad. Se encuentran en una etapa determinante para construir su identidad; es oportuno ofrecerles información clara, sin prejuicios y de acuerdo a su edad, para que crezcan libres y con una consciencia responsable.


María José Bernal Ballesteros

Defensora municipal de Derechos Humanos de Toluca.

Doctora en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, España, maestra en Justicia Constitucional y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México; miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México.

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