¿Qué sucede con las niñas y los niños que viven en los centros penitenciarios?



La situación dentro de los centros penitenciarios suele ser impactante debido a las diversas carencias que rodean a las y los reclusos. Una de las realidades en dichos centros son las niñas y niños, hijos de mujeres privadas de la libertad, que nacen y crecen en dichos centros. Son conocidos como niños invisibles porque hasta hace poco era como si no existieran ante la administración.


Atenta a lo anterior es que en 2016 la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de su Informe Especial, denotó la preocupación por el trato que se brinda a las niñas y niños en estas circunstancias, ya que al pasar desapercibidos, lógico era pensar que sus condiciones fueran deplorables y que no se respetaban sus derechos fundamentales. El informe refirió 618 menores que viven con sus madres en los centros penitenciarios, sólo en 2016.



La mayoría de los centros penitenciarios no cuentan con presupuesto para cubrir las necesidades básicas de los infantes; además, su rutina es básicamente el encierro, hasta cumplir 6 años.


Se violentan el derecho que tienen a una educación básica, a una alimentación adecuada para su edad y a la salud, entre otros. Lo cual compromete su vida y provoca daños irreversibles a sus condiciones de salud, física y mental.


La mayor parte de estos centros son mixtos, no hay espacios destinados exclusivamente para los menores; ello genera serios problemas emocionales y psicológicos tras su liberación, pues se alejan de la persona con quien han pasado cada uno de sus minutos, además de la dificultad para adaptarse a la vida en sociedad fuera de los penales.


Las y los menores tienen la suerte de salir y vivir con familiares que los visitaron durante su involuntaria reclusión junto a sus madres, pero no todos. Muchos, salen con sin saber dónde vivirán pues no tienen familia que les procure y tenga provisionalmente su guarda y custodia. En estos casos quedan al cuidado de instituciones como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y asociaciones que los pueden ubicar en algún hogar temporal.


Con el objetivo de mitigar tal situación, en 2015 la organización Reinserta, que colabora para mejorar la impartición de justicia penal y el respeto de los Derechos Humanos, en especial de aquellas personas privadas de su libertad; publicó un anuario en el que describió el día a día de estos menores. Eso fue el antecedente para que en julio de 2016 se reconociera la maternidad en prisión, y como lo dispone la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el Artículo 10, fracciones I, III, VI, VIII, y X:


“Además de los derechos establecidos en el Artículo anterior, las mujeres privadas de la libertad tendrán derecho a:


I. La maternidad y la lactancia;

III. Contar con las instalaciones adecuadas y los artículos necesarios para una estancia digna y segura, siendo prioritarios los artículos para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género;

VI. Conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años a fin de que pueda permanecer con la madre en el Centro Penitenciario, de conformidad a las disposiciones aplicables;

VIII. Recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde a su edad y etapa de desarrollo, y atención pediátrica cuando sea necesario en caso de que permanezcan con sus madres en el Centro Penitenciario, en términos de la legislación aplicable;

X. Contar con las instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos reciban la atención médica, de conformidad con el interés superior de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y a sus necesidades de salud específicas…


Existen diversas anomalías dentro de los centros penitenciarios de nuestro país, pero al tutelarse con prioridad el interés superior del menor, debe enfocarse las herramientas y programas necesarios para subsanar las deficiencias en las que se encuentran.


No se puede separar al menor de su madre por encontrarse privada de la libertad, ya que es un derecho fundamental del infante, por ello es que se debe garantizar el cumplimiento y salvaguarda de sus derechos en la medida de lo posible. Al no encontrarse en las mismas condiciones que un niño que vive en un hogar con su familia, debe existir un apoyo extra hacia estos niños invisibles, tanto en el ámbito material como con apoyo médico constante, además del alimento necesario y suficiente para un sano crecimiento y atención psicológica para afrontar el momento de la separación.


Aún con la moderna tendencia de fomentar el respeto a los derechos, todavía se debe apoyar a este tipo de causas. Son muchos los centros de esta índole y pocos los registros de niños en estas situaciones. Se necesita más de una organización y del apoyo de dependencias protectoras de los Derechos Humanos y entes de gobierno para tratar de hacer ligera su estadía y que su salida al mundo de no sea abrupta.


No se necesita citar los resultados de las estadísticas y estudios que se hacen en seguimiento a la salida de estos menores, son desalentadores. Sufren abandono por no tener una familia que los reciba, o por la incapacidad para lidiar con esa transición y fácilmente incurrir en alguna actividad delictuosa.


Para concluir, se considera que las niñas y niños son el futuro no sólo de nuestro país, sino del mundo, se vive con la bandera de la no discriminación, hay que creer y encaminar a ese futuro a los infantes que viven una realidad de la que por mucho tiempo no se tuvo conocimiento. Proteger y garantizar los derechos de todas y todos los niños es un deber que concierne a toda la sociedad.


María José Bernal Ballesteros

Defensora municipal de Derechos Humanos de Toluca.

Doctora en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Maestra en Justicia Constitucional y Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México.

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