Seguridad privada y sistema penitenciario

¿Seguridad pública = negocio privado, o seguridad privada = negocio público?

 

Para iniciar conviene mencionar que en una futura colaboración se definirán los conceptos de seguridad pública y seguridad privada. Por razones de espacio y ya directamente en el tema que nos ocupa, centrémonos en la participación que tiene la industria de la seguridad privada en el Sistema Penitenciario Mexicano, donde encontramos lo siguiente.

 

Aunque pareciera que no tiene nada que ver, hay datos reveladores con el título de esta colaboración, pues según un artículo publicado por la revista Expansión en 2017 en el período de Felipe Calderón, el gobierno federal tuvo bajo su responsabilidad a 24 mil 462 presos en 18 Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS), 11 mil 529 de ellos están dentro de cárceles construidas con capital privado.

 

 

Media docena de empresas propiedad de reconocidas figuras, ganaron las licitaciones para levantar la infraestructura carcelaria a lo largo de la geografía nacional; entre ellas destacan, ICA, Homex, GIA y Tradeco.

 

Los contratos otorgados a 20 años, implican un pago por el diseño, la construcción y el equipamiento de las instalaciones, así como algunos servicios tecnológicos. La seguridad “con personal” está a cargo del Gobierno Federal.

 

 

 

Lo anterior no quiere decir que las Asociaciones Público-Privadas no puedan ser exitosas y benéficas socialmente, sólo significa que  estas “concesiones” deben basarse en una normatividad oficialmente establecida y no en “criterios particulares”; como ejemplo, “la fuga del Chapo” nos ilustra en el sentido de que la planeación constructiva de los penales no se ajusta a normas técnicas para un fin específico, por el contrario se sustentan en “criterios particulares o generales” que no corresponden a las necesidades propias de ese tipo de edificaciones. 

 

Se debe demandar que las licitaciones públicas para el equipamiento y operación de los sistemas de seguridad electrónica instalados en las cárceles se lleven a cabo mediante procedimientos adecuados y transparentes; ello mediante la participación de los Comités Ciudadanos Anticorrupción y de la aplicación de normas técnicas que desafortunadamente no se han creado en nuestro país.

 

Con lo anterior ponemos la base para iniciar un serio análisis particular sobre la correlación entre función pública y capital privado en la construcción y operación de los centros de readaptación social mexicanos, pero de manera general se observa la intervención de las empresas de seguridad privada en el sistema de seguridad pública nacional, toda vez que la ley correspondiente conceptualiza a la seguridad privada como auxiliar o coadyuvante de la seguridad pública. 

 

Debo aclarar que aún falta analizar la subcontratación de servicios generales en las  penitenciarías de nuestro país, así como sus necesarias normas específicas. Además, conviene enfatizar la urgente necesidad de establecer una normativa única a nivel nacional sobre los diversos aspectos de la industria de la seguridad privada.

En el inciso 7 del punto 1 “Cambio de Paradigma de Seguridad, La Estrategia Nacional de Seguridad Pública”, del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, se establece lo siguiente:

 

“Las graves distorsiones que enfrenta el sistema penal del país lo convierten en un mecanismo que pervierte el carácter disuasorio del castigo para transformarlo en multiplicador de la criminalidad. Las prisiones se han convertido en escuelas de delincuentes y en centros operativos de grupos del crimen organizado. Es necesario recuperar el control de los penales de las mafias, combatir la corrupción de las autoridades carcelarias, establecer el respeto a los derechos de los internos, implementar mecanismos de supervisión externa y dignificar las condiciones de alojamiento, salud y alimentación de los reclusos, en atención a recomendaciones de expertos nacionales e internacionales. 

 

En fin, creo que para colaboraciones posteriores podremos ahondar más en los muy diversos aspectos de este apasionante tema.

 

Othón T.Gomezcesar Hernández

Especialista en seguridad privada.

othongomez@sefrago.com

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