Las familias de la cárcel

En un sistema de justicia como el que existe en México, cuando un integrante de la comunidad realiza una conducta delictiva, se pone en marcha todo un aparato para investigar, perseguir y sancionar a quien la realizó, con la finalidad de imponerle una consecuencia y lograr que no vuelva a hacerlo. 

 

En todo este proceso se involucran muchas figuras como policías, fiscales, jueces e integrantes del centro penitenciario al que se remite la persona que, según la justicia, delinquió; a quien se deben proveer los elementos y servicios necesarios que le convenzan de no repetir la conducta que le llevó a esa situación.

 

De acuerdo con el estudio de la dogmática jurídica, en la primera parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consagran los Derechos Humanos de los que gozan todas las personas que se encuentren en el territorio nacional, cuya protección debe ser garantizada por el Estado. Un ejemplo es el derecho a la salud, para lo que el Estado instituyó el sistema de salud; lo mismo sucede con el derecho a la educación, por lo que se creó el sistema educativo nacional. También existe el derecho humano a la reinserción social, contenido en el Artículo 18 constitucional, para lo que igualmente debe existir un sistema, sin embargo, no se le ha prestado el interés necesario para lograr que funcione correctamente.

 

En nuestro país el penitenciario es un sistema que, como todos, está integrado por diferentes elementos como la infraestructura, los recursos humanos, las normas que lo rigen y las instituciones que lo operan. No obstante, en todos existen muchas carencias; generalmente el personal es insuficiente y poco preparado, las instalaciones no son las adecuadas, las normas no se observan y las instituciones no cumplen con sus obligaciones; pese a ello, al menos existe algo para atender a las personas bajo un régimen de encierro.

 

Precisamente se construye todo un aparato de Estado dedicado a proporcionar elementos y herramientas a las personas privadas de la libertad, con el último fin de lograr que no vuelvan a delinquir.

 

Algo de lo que no se han ocupado ni el Estado ni la sociedad son los efectos que la reclusión ocasiona en la familia, que sufre un impacto inexorable y poco atendido, pero como célula social básica tiene gran importancia ya que debe ser el elemento que soporte y ofrezca contención a la persona recluida, así como a quien ha sido excarcelado. 

 

Basta observar lo que sucede dentro y fuera de un centro penitenciario en los días de visita para darse cuenta de los avatares que tienen que sortear los familiares para llegar al lugar, pues deben invertir un día completo de sus actividades cotidianas para trasladarse al sitio; además es necesario destinar gastos de transporte, alimentación para ellos y para la persona visitada, algún artículo o utensilio que le dejen para su uso personal y dinero para su manutención al interior; ello sin contar el gasto generado por visitas a juzgados y autoridades con el fin de mejorar en algo la situación jurídica de su familiar.

 

Otro daño colateral que sufren las familias de los reclusos es la estigmatización y discriminación dentro de sus círculos sociales; son segregados y señalados por una conducta que ellos no realizaron, incluso pueden llegar a perder empleos o son expulsados de instituciones educativas. Ese el proceder social cuando se desea venganza contra un tercero, sin embargo, cuando se trata de un ser cercano solamente se pide justicia y comprensión para brindarle una segunda, tercera o cuarta oportunidad.

 

Por estas razones, es dable asegurar que la privativa de libertad es una pena trascendente, ya que produce diferentes impactos en los aspectos social, familiar, laboral y económico.

 

Desde un punto de vista sistémico se entiende que cuando uno de los elementos del sistema no cumple su función satisfactoriamente o no existe, el sistema colapsa. La familia es un sistema integrado por diversos actores con roles y funciones definidas, si uno de ellos falta por estar en la cárcel, el entorno familiar se descompone y deja de funcionar como lo hacía antes de la reclusión; de no atenderse adecuadamente una situación de este tipo, existe un elevado riesgo de colapso y desintegración. 

 

De acuerdo con los razonamientos vertidos anteriormente, se reconoce la necesidad imperiosa de brindar atención y acompañamiento cercano a la familia de una persona que ha sido privada de la libertad, sin importar que la reclusión haya sido justa o injusta, porque los efectos del encierro no varían. Este acompañamiento debe ser, al menos; de tipo emocional, psicológico, laboral, jurídico y económico; suficiente para soportar ese momento de transición, que ha cambiado la vida de todos los integrantes de la familia, de la mejor manera.

 

Con la promulgación de la Ley Nacional de Ejecución Penal en 2016, se logró avanzar en muchas materias que no habían sido reguladas, como la de algunos derechos de las mujeres privadas de la libertad, de los niños que viven en prisión con sus madres, así como del procedimiento jurisdiccional en la ejecución, en los servicios pospenales y en lo que refiere a la libertad condicionada; pero en ninguno de los apartados de la Ley se contempló la atención de las familias. 

 

Existe una iniciativa para modificar la Ley Nacional de Ejecución Penal con el fin de modificar el esquema de traslado de internos entre un centro y otro, ya que en el actual, tiene que hacerse forzosamente con autorización de un juez, lo que ha provocado que las administraciones penitenciarias se duelan por no poder utilizar los movimientos y traslados como una amenaza y forma de establecer control y orden, ya que quien permanece en reclusión puede promover lo que a su derecho convenga antes de que lo muevan; incluso, si la autoridad no logra justificar la necesidad del traslado de acuerdo con el criterio y valoración de juez, éste no se autoriza, lo que disminuye notablemente el poder de la administración.

 

Sería oportuno aprovechar la ocasión para incluir en la ley mencionada un capítulo dedicado a la protección, ayuda y orientación de la familia de las personas privadas de la libertad, con lo que se consideraría a todas las partes involucradas en el sistema penitenciario y de esta forma se integra un elemento importantísimo para cumplir el derecho humano de la reinserción social, contenido en el Artículo 18 constitucional.

 

Luis Alejandro Durán Cerón

Maestro en Derecho Penal por la Universidad Iberoamericana Puebla (México).

Fundador y Director General de LibreMente A.C.

luis2908@yahoo.com.mx

libremente18@gmail.com

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