Justicia Terapéutica en México

La Justicia Terapéutica, TJ por sus siglas en inglés, se considera como un movimiento jurídico filosófico iniciado por David B. Wexler a finales de los ochentas, particularmente en Arizona, Estados Unidos. Autor de innumerables artículos y textos, que gradualmente descubrió a través de sus investigaciones los efectos terapéuticos de las leyes. Propone una perspectiva diferente de ver la ley, los procedimientos y sus operadores.    

 

Antes de llegar al concepto central de esta teoría, Wexler vivió un proceso teórico conceptual para poder concebir a la ley como agente terapéutico. Acuñó primero el concepto de Psicoterapia Jurídica. Sus investigaciones son la respuesta a la necesidad de una intervención interdisciplinaria especifica de los imputados y sentenciados. Su teoría fue más allá de la criminología tradicional que estudia al sujeto criminal, determinó su objetivo al estudiar las consecuencias de la aplicación de la ley, sus características terapéuticas y las anti-terapéuticas. Construyó una perspectiva nueva: la ley escrita está en acción, está viva y produce consecuencias emocionales. No fue hasta que conoció a Bruce Winick, que comenzó a divulgar la teoría de la TJ, ya entendida como el estudio de la ley como agente terapéutico. 

 

 

Una perspectiva nueva que considera a la ley como una fuerza social que produce comportamientos y consecuencias, inicia en el ramo de la salud mental y posteriormente se traslada al derecho penal y familiar. La primera corte de drogas en México fue implantada en el Estado de Nuevo León en 2009, con el Juzgado de Preparación Penal de Guadalupe y de San Nicolás y con apoyo de la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y el Poder Judicial del Estado; se contó con la asesoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y el Center for Court Innovation (Centro para la Innovación de los Tribunales y Juzgados) en Nueva York. A partir de ahí se integraron, paulatinamente, los estados de Chihuahua, Durango, Estado de México y Morelos. 

 

La decisión de adoptar el modelo responde a:

  • Que los trastornos de consumo de sustancias psicotrópicas son un factor de riesgo asociado con la comisión de delitos.

  • Que es necesario garantizar los Derechos Humanos de aquéllos que padecen transtorno de consumo.

  • Que se ha mostrado su eficacia para abatir la reincidencia y lograr la reinserción. 

  • Que disminuyen los costos económicos y sociales del proceso y la prisión.

  • Que descongestiona también el sistema judicial.

  • Que evitan la estigmatización.

 

La justicia terapéutica en México se fundamenta en los artículos 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se establecen los métodos alternativos de solución de controversias y la reinserción social. La ley secundaria que la sustenta es el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

 

Dentro de los medios alternativos de justicia, específicamente la suspensión condicional del procedimiento, se aplica el Modelo del Programa de Justicia Terapéutica para personas con consumo de sustancias psicoactivas, desarrollado en 2016, a través de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Gobernación, con el apoyo y la colaboración de la Secretaría Ejecutiva de la CICAD y la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA. 

 

Si bien, en México la TJ se estableció dentro de un mecanismo de justicia alternativa en materia penal, toda vez que su aplicabilidad depende del inicio de una solución alterna del procedimiento, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en la figura de suspensión condicional del proceso; al ser éste, siempre un proceso debidamente judicializado, entraña características teóricas diversas en el proceso de los mecanismos de justicia alternativa como la mediación o conciliación, por lo que los teóricos no la consideran dentro de estos mecanismos. Actualmente se analiza su expansión en áreas del derecho administrativo, bancario y comercial, entre otros.

 

Actualmente el gobierno federal no tiene registro alguno en relación con la Justicia Terapéutica. Para el periodo 2017-2018 la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) identificó más de 10 mil prospectos a nivel nacional para poder acceder al programa de Justicia Terapéutica, ya fuera por suspensión condicional de procedimiento o en ejecución penal. Sin embargo, no se tienen datos de que hayan sido adheridos algún tipo de programa.

 

Son las entidades federativas mencionadas las que impulsan este modelo. Existen innumerables acciones que estos gobiernos locales han puesto en marcha para que la justicia terapéutica sea una realidad en sus comunidades, al menos en relación con el consumo de drogas. Sin embargo, no hay datos públicos que puedan demostrar la efectividad del programa para medirlo y evaluarlo, así como para concluir que es la mejor política de justicia; con excepción de Chiapas, donde existe 70 por ciento de efectividad en la aplicación del modelo, ello avalado por organizaciones internacionales.

 

Dentro de los principales retos para el modelo de TJ en México, consideramos: a) llevar a cabo indicadores para medir su efectividad; b) impulsarla en la ejecución penal de sentenciados, llevando a cabo su planeación e implementación; c) capacitación de los operadores del programa; y d) apoyo y atención a los centros de tratamiento de personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas, que colaboran con las autoridades judiciales en la aplicación del programa.

 

Para finalizar, si bien la TJ en México opera para personas con transtorno de consumo de sustancias psicoactivas y bajo la figura procesal de suspensión condicional del proceso, así como en corto plazo en los acuerdos reparatorios y sustitutivos penales vía sentencia o ejecución penal; es preciso evaluar su efectividad en el siglo XXI, ya que podríamos estar frente a un nuevo paradigma de la justicia dualista, más allá de ganadores y perdedores, o de culpables e inocentes en los tribunales. 

 

Miguel Ángel Martínez Rodríguez

Doctor en Derecho Procesal por el Centro Mexicano de Estudios de Posgrado.

Abogado, docente y consultor jurídico.

migueljuris@hotmail.com, @migueljuris77

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