Derechos Humanos y personas privadas de la libertad

El funcionamiento del sistema penitenciario es un tema de vital importancia para el Estado mexicano, ya que debe ser observado desde una perspectiva de Derechos Humanos y priorizar, en todo momento, que se cumpla con el objetivo de la reinserción social.

 

Las personas que son privadas de su libertad tienden a vivir en el olvido por parte de la sociedad mexicana, lo que hace necesario continuar con estudios e investigaciones en el tema, con el fin de conocer las principales problemáticas y visibilizar las necesidades.  

En materia de Derechos Humanos todavía existen diversos retos que afrontar respecto al sistema penitenciario mexicano, es decir, se debe velar por la infraestructura  adecuada, la debida atención médica, normatividad efectiva, la vinculación de las personas privadas de la libertad con el exterior, educación y acceso a actividades laborales.

 

 

A su vez se debe procurar, en todo el momento, el cumplimiento del Artículo 18 constitucional, que refiere:  

 

“El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”.

 

Dentro del sistema penitenciario nacional, integrado por centros locales y federales, las autoridades responsables pueden ser susceptibles de violentar los Derechos Humanos de las personas en reclusión, especialmente, cuando quienes laboran en los centros no cuentan con la capacitación adecuada y existe falta de vocación.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destaca algunos de los problemas que existen en el sistema penitenciario; sobrepoblación, hacinamiento, condiciones de autogobierno/cogobierno, ausencia de perspectiva de género en las políticas y acciones dirigidas a la población femenil, imposición excesiva de la pena de prisión, falta de personal capacitado y suficiente que favorezca la reinserción social efectiva, la seguridad y la atención de aquellos aspectos que afectan significativamente los derechos fundamentales de las personas recluidas.

 

Del total de las personas en reclusión; 197 mil 516, es decir 94.80 por ciento, son hombres; en tanto que el restante 5.20 por ciento es población femenina, en números 10 mil 827 reclusas. 

 

De este universo, 170 mil 025, o sea 81.61 por ciento, se encuentran sujetas al fuero común y otras 38 mil 318 al fuero federal, lo que significa 18.39 puntos porcentuales al fuero federal. 

 

Mientras que 38.29 por ciento, o sea 79 mil 786 internos se encuentran en proceso, otros 128 mil 557, lo que supone 61.70 por ciento, ya cumplen sentencia.

 

Razón por la cual, es necesario que se continúe haciendo efectiva la reinserción social y que mientras ello se cumpla, las personas detenidas puedan continuar con el respeto y protección a sus Derechos Humanos, en este sentido, se debe contar con las instalaciones que garanticen permanentemente la seguridad de las personas así como condiciones dignas de reclusión, sea cual fuere su situación jurídica. 

 

No hay que olvidar que el sistema debe ser observante de lo contemplado en el Artículo 1° constitucional en cuanto a Derechos Humanos, en consideración a las obligaciones que el Estado tiene a nivel internacional respecto a la materia penitenciaria.

 

Derivado de lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace mención en su Artículo 1°: 

 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

 

A través del Diagnóstico Nacional Penitenciario (DNSP) se ha identificado que las principales problemáticas que inciden de forma preponderante en el Sistema Penitenciario Nacional, y que han permanecido en índices similares durante los últimos años, se encuentra: la falta de separación entre procesados y sentenciados, en 77.8 por ciento; las deficientes condiciones materiales y de higiene en diversas instalaciones de los centros, ocupan 76.3 puntos; el hacinamiento alcanza 43.8 por ciento mientras que la sobrepoblación 32 puntos porcentuales; insuficiente personal médico, de seguridad y custodia, 68.7 por ciento; deficiencia en la atención al derecho de protección de la salud, 48.8 por ciento; así como, la presencia de condiciones de autogobierno y violencia al interior de los establecimientos penitenciarios, con 49.6 por ciento.

 

Lo anterior constituye obstáculos para alcanzar la reinserción social, así como para que las personas pierdan interés en volver a delinquir; en este sentido, es importante que exista una vinculación entre el sector público y la iniciativa privada con miras a lograr el libre desarrollo de la personalidad y la salvaguarda de la dignidad de quienes fueron privados de la libertad. 

 

Es necesario que se continúe velando para que las actividades laborales, así como educativas y deportivas permanezcan como un eje central de la reinserción, a su vez, prestar especial atención al deficiente cuidado de la salud y de los Derechos Humanos de las personas recluidas.

 

Como se mencionó, a la fecha existen diversos problemas al interior del Sistema Penitenciario Mexicano, sin embargo, resulta indispensable que las personas internas conozcan sus derechos y que existan organismos enfocados en defenderlos, protegerlos y readaptarlos a la sociedad. 

 

Finalmente, es sumamente importante que no dejen de considerarse las problemáticas actuales sin dejar de tomar en cuenta la experiencia internacional, pero a la vez hay que contemplar las vivencias cotidianas de las personas privadas de la libertad en México, ya que es necesario garantizar una reinserción social efectiva.

 

María José Bernal Ballesteros

Defensora municipal de Derechos Humanos de Toluca. 

Doctora en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, España, maestra en Justicia Constitucional y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México; miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Please reload

Artículo de la semana

Los sistemas penitenciarios en México y el mundo

1/1
Please reload

Artículos recientes
Please reload

Secciones
Archivo