Los sistemas penitenciarios en México y el mundo

Hablar de prisiones implica hablar de gran parte de la historia de la sociedad, su estructura y formas de convivencia.

 

El origen de la prisión data del siglo XVI, pero su instalación se generalizó en el siglo XIX. Su principal objetivo era retener al transgresor hasta la sentencia, que consistía en castigo corporal en la plaza pública: azotes, mutilaciones, etcétera, para concluir, casi siempre, con la muerte. A principios del siglo XIX desaparece el castigo físico, y se consideró la prisión como una pena después de la sentencia, “humanizando” así las sanciones físicas.

 

 

La Doctrina de la disuasión, que deriva de los postulados de la Escuela Clásica, constituye “el fundamento sobre el cual se asientan actualmente las leyes y la justicia penal de la inmensa mayoría de los países”; ésta sostiene que la pena de prisión ostenta efectos disuasorios.

 

Para la Escuela Clásica, con Beccaria, el fin de las penas es “impedir al reo causar nuevos daños a sus ciudadanos y retraer a los demás de la comisión de otros iguales”.

 

De igual manera, para la teoría de la prevención general el fin de la pena es influir sobre la comunidad a través del uso de amenazas penales y con la ejecución de la pena, instruidas en referencia a prohibiciones en las leyes, para apartarla de transgredirlas.

 

Contemporáneamente los regímenes penitenciarios son, en México como en la mayoría del mundo, redes subjetivas de aplicación de poder con perspectiva de muerte o necro-poder; cuyas forma, razón de existencia y manera de mantenerse ha evidenciado violaciones sistemáticas de Derechos Humanos. Así lo sustentan múltiples investigaciones, reformas y propuestas relacionadas a la prisión.

 

Lo anterior abordado desde diversas disciplinas y ciencias a partir de un enfoque o interés de carácter político, económico, académico o personal, entre otros; lo que ofrece distintas perspectivas de la prisión en sí. Las principales coincidencias se refieren a problemáticas como hacinamientos, ingobernabilidad, corrupción, secuestros, motines, violencia, dolor, desaparición y muerte; consecuencias no sólo para las personas privadas de la libertad, sino para sus familias e incluso para el personal de custodia y administrativo del centro penitenciario.

 

Asimismo, aunque existen propuestas humanizantes y garantistas para las prisiones y su administración, usualmente quedan en buenas intenciones o no pasan sólo de plasmarse en Word, ya que en la práctica se dista de tales propuestas; es aquí prudente hablar de corrupción, narco-poder, narco-política, necro-poder y necro-política; mejor dicho, de “coadministraciones” de falacias en la dirección del sistema penitenciario, de certificaciones, remodelaciones, ampliaciones y de nuevas construcciones o complejos carcelarios. Con ello se demuestra que aún prevalece el castigo. En ese sentido ya no se plantea la interrogante ¿por qué?, sino ¿para qué?; además de otras incógnitas, ¿qué es lo que se perpetúa con lo anterior?, ¿de qué sirve simular que el sistema penitenciario avanza o tiene las estructuras para hacerlo? Entre otras, estas dudas surgen desde y hacia el sistema penitenciario contemporáneo nacional e internacional de corte punitivo. En la inteligencia de que algunos países son de corte restaurador. 

 

Foucault señaló que con la atenuación de la severidad penal se buscó un objetivo mejor que castigar el cuerpo; que si bien se modificó cuantitativamente la pena, se desplazó el objeto de la operación delictiva para aplicarse sobre el alma.

 

Garland, por su parte, habló sobre el aumento en las cifras de encarcelamiento en Estados Unidos en 2001; fenómeno considerado como “giro punitivo”, “elemento central de la política criminal de diversos países del mundo occidental”, consistente en prevención y “rehabilitación”. Se caracteriza por “el aumento de penas, el endurecimiento de procesos penales y en las condiciones de vida al interior de las cárceles y por la restricción de los derechos de los procesados, usualmente va acompañado de un discurso punitivo populista”. 

 

Igualmente, Lin Ching Céspedes señaló que la idea de “cárcel” posee una connotación negativa pese a que se le denomine “Reforma” o “Centro de orientación”, o aunque se utilicen concepciones elaboradas y adornadas que defienden su enfoque re socializante, toda vez que el carácter de castigo no desaparece.

 

La tricotomía prisión-pena-castigo se ha validado e implementado como instrumento disuasorio, pero también como medio de control, contención y exclusión ante el resentimiento social, en especial hacia sectores específicos. También ha sido utilizada por sistemas penales y penitenciarios de corte punitivo para alcanzar la denominada reinserción social, entendida como “el propósito plasmado en la Constitución respecto del sujeto sentenciado. Se trata de adaptar o readaptar (según el caso) al sujeto para que pueda, posteriormente al cumplimiento de su sentencia, vivir en sociedad.”

 

Andrés Martínez señala que la doctrina partidista que avala la pena de prisión tiene como postulado ideal, que cumpla con un objetivo “la reinserción, readaptación o rehabilitación social”.

 

Sin embargo, dicho objetivo dista de ser una propuesta efectiva, ya que algunos  estudios como el realizado en el Centro de Reinserción Social de Piedras Negras o el cierre del Penal del Topo Chico, patentizan la disgregación del sistema penal y penitenciario frente al ideal de la reinserción social, pues se reveló que por medio del convenientemente denominado autogobierno, los centros penitenciarios no operaban como medios de reinserción social, por el contrario parecía una coadministración de emporios de mercantilización-necrótica.

 

De tal suerte, se vislumbran nuevas y más sofisticadas prácticas de castigo por medio de máquinas de guerra; maquinas que paradójicamente aunque no menos importante, influencian el desistimiento de conductas penalmente punibles y de la reincidencia, además cooptan elementos que la integren, sustenten y fortalezcan.

 

Por otro lado diametralmente opuesto; se tiene a la justicia restaurativa, proceso que sin eximir la corresponsabilidad social, involucra a “todos los que tengan un interés en una ofensa en particular, e identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa, con el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor manera posible”; y hace énfasis en la restauración entre la víctima, el victimario y la comunidad.

 

Como se observa, se habla sobre la aplicación de Leyes desde diferentes sistemas jurídicos y sus particulares mecanismos para atender acciones lesivas o socialmente no aceptadas. Pero conviene dedicar especial atención al llamado desdoblamiento del castigo, así como a sus maneras y repercusiones ocasionadas a quien lo sufre, a quien lo practica, a la familia y a la sociedad en general. Habrá que observar las políticas penológicas, criminológicas y de prevención-seguridad, así como los alcances dañinos o consecuencias emocionales que produce el castigo.

 

Ahora bien, sin tomar en cuenta ningún adjetivo y orientado hacia las personas, el modelo restaurador muestra que las repercusiones ónticas del castigo brindan un contexto de acercamientos, abordajes, intervenciones y acompañamiento óntico restaurativo desde y hacia una restauración dialéctica de la otredad con perspectiva de vida; esto invariablemente como sustento garante de la humanización, la dignidad, el respeto de derechos fundamentales, las acciones pro sociales y la inclusión social extendida. De no ser así sólo se perpetuarán y sofisticarán los medios, formas y justificantes de castigos; lo que propicia la reincidencia.

 

Como ejemplo, para atender la situación de coadministración en el penal del Topo Chico se optó por trasladar a reos a diferentes cárceles Estatales y Federales, algunos de estos inmuebles fueron remodelados con espacios al estilo de las penitenciarías estadounidenses, con lo que se intenta simular progreso o avances en la sofisticación del castigo; lo que afecta reclusos y a sus familias.

 

Luis Antonio Vázquez Becerra

Maestro en Psicología Jurídica por la Universidad de Santo Tomás (Colombia).

Investigador independiente. 

fozziefiveoone@hotmail.com

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