El Estado frente al crimen organizado: el caso de Culiacán, Sinaloa

“Se presentan balaceras y bloqueos en Culiacán, Sinaloa”, palabras más o palabras menos, ocupadas en los titulares de la prensa nacional del 18 de octubre de 2019, al referirse a lo sucedido en esa demarcación el día anterior. Estos actos han sido calificados de alta gravedad no sólo por ser delictivos, sino por la actitud asumida por el gobierno, que muchos consideran cuestionable.


La importancia del caso de Culiacán no estriba en la confrontación de las fuerzas del orden con el crimen organizado que reaccionó de manera inusitada, sino que estos hechos se suman a otros y a otros, que aunque menos violentos se han vuelto comunes en últimos meses en más de cinco entidades federativas del país.


El presente artículo no tiene la finalidad criticar las actitudes que ha tenido el gobierno en funciones frente a los hechos de Culiacán, ni tampoco aplaudir su política de no violencia ni represión. El propósito es presentar al lector las diversas concepciones o escenarios en los que se pudieran inscribir los hechos generalizados de violencia a manos del crimen organizado que aquejan al país; al final conviene preguntar al lector en cuál de los dos escenarios los colocaría, pues es partir del ciudadano que se deberían diseñar y ejecutar las políticas públicas para actuar en la materia. Es un problema de Seguridad Pública, Seguridad Interior o ya se trata de un Estado Fallido.


Los hechos


Los hechos de Culiacán, fueron una confrontación armada entre las fuerzas del orden y la delincuencia organizada, como un acto de autoridad enfocado en detener a un delincuente poco común. Hasta ahí se trata de un suceso similar a otros, sucedidos en diversas partes del país.


Lo grave, sin que lo anterior deje de ser grave, es la inusitada reacción del crimen organizado, que no sólo reforzó a quienes se encontraban sitiados y asediados por la fuerza pública, sino que se expresó con actos violentos en diversos puntos de la ciudad, bloquearon puntos importantes de comunicación terrestre y mostraron el armamento que poseen, que por cierto es de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos.


La exhibición de un violento poder fue tal que el gobierno la consideró una amenaza para la vida de los habitantes, una estrategia para infundir miedo y con ello disuadir a las autoridades para desistir de su objetivo. Se usó el miedo como arma para amenazar la paz social.


Lo grave de lo grave, no sólo es que estos y otros acontecimientos son tan comunes que son ya una costumbre; el patrón de conducta de la delincuencia organizada, ante el cual sólo queda la aceptación resignada de la ciudadanía.

En síntesis, el caso de Culiacán pasó de una costumbre, un patrón de conducta del crimen organizado, a la ejecución de estrategias de combate; de la resistencia a la autoridad, a una confrontación declarada en la que confiaba vencer.


El problema


Las referencias a las agravantes que presenta el caso y al hecho, ya grave, de la resistencia que la delincuencia interpone frente a la autoridad, lo que prácticamente constituye una costumbre nacional; han elevado el nivel de medios e instancias de seguridad con que cuenta el Estado, pasando de la Seguridad Pública a la llamada Seguridad Interior o Seguridad Nacional Interior, y en opinión de columnistas, eventualmente llegar al Estado Fallido.


Seguridad pública, también llamada seguridad ciudadana


La Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana, se entiende como la obligación del Estado de garantizar el respeto y protección a la integridad y los bienes de las personas; así como, de garantizar y respetar el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos y de un clima de paz y armonía para la convivencia social.


El Artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, “la seguridad pública es una función del Estado…, …cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia”. Asimismo señala, “la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley”.


Como puede apreciarse, la resistencia del crimen organizado ha escalado tanto en intensidad y periodicidad, que ha quedado rebasado el concepto de seguridad pública para considerarse ya un problema de seguridad nacional interior.


Seguridad interior o seguridad nacional en el interior


En otra participación referí que es necesario aclarar y diferenciar los conceptos, Seguridad Nacional, Seguridad Interior y Seguridad Pública en el cuerpo de la Ley de Seguridad Interior, que hasta la fecha no ha sido puesto a prueba.