La deuda urgente del gobierno con el sistema penitenciario

El cierre del penal clasificado como el más peligroso de México por sus altas cifras de corrupción, riñas y motines; además de su permisividad para orquestar delitos de alto impacto desde su interior; muestra que en nuestro país es posible tomar el control de un centro penitenciario. Se calcula que 50 por ciento de los secuestros y 75 de cada cien extorsiones que suceden día con día, se planean dentro de las prisiones. En consecuencia, retomar el control y terminar con el autogobierno en los reclusorios, es una urgencia. 

 

 

Topo Chico cerró sus puertas y las autoridades encontraron al interior algo alarmante. Discos duros con información detallada de teléfonos, direcciones, nombres completos; fotografías tomadas con un dron de las casas y empresas, para poder clasificar y de esta manera llevar un claro registro de las extorsiones. Una celda con nueve pantallas plasma que monitoreaban el C4 de las autoridades de Nuevo León, dos santuarios para venerar a la Santa Muerte, donde se practicaban sacrificios humanos; cientos de armas de diferentes calibres, desde navajas y puntas, hasta armas largas exclusivas de uso militar y celulares para extorsionar. Esta actividad constituía uno de los principales ingresos que formaban parte los millones de pesos que salían de este penal. 

 

El cierre de Topo Chico es un golpe fuerte a la delincuencia organizada, es un mensaje claro de control y de seguridad por parte del Estado. Cuando hablamos de reclusorios tenemos que hablar de seguridad; tenemos que, como sociedad, entender que la construcción del tejido social, la búsqueda de la justicia para cientos de víctimas y la seguridad nacional dependen, en gran medida, del control que tengamos de nuestras cárceles. Tenemos que apostar por centros de reclusión en los que prevalezca la seguridad, se garanticen los derechos humanos y se ofrezcan verdaderas oportunidades de reinserción social. Cuando hablamos de seguridad nacional, las estrategias implementadas deben incluir el sistema penitenciario en materia de investigación, para que las victimas puedan realmente encontrar la justicia que reclaman.

 

Para entender el contexto de la inseguridad en México es importante tener una visión integral de los involucrados; es decir, la población, las autoridades, las víctimas y los victimarios. Existe una cifra negra de 93.2 por ciento de víctimas que no denuncian los delitos que sufrieron pues no confían en la autoridad; por otro lado, 67.2 por ciento de la población en general, considera que la inseguridad es el problema más grave del país, esto según las ediciones 2018 y 2019 de la Encuesta Nacional de Vinculación y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE); por otro lado, de entre los victimarios, se deben separar a quienes están bajo proceso judicial de los que han librado la justicia, pues es bien sabido que gracias a la impunidad, son pocos los consignados por la comisión de un delito.

 

Al enfocarnos en aquellos que están privados de su libertad en centros de reinserción social, la mayoría en condiciones parecidas a las del Penal de Topo Chico, mencionadas anteriormente; es importante cuestionarnos si realmente se ha  considerado a esta población como un eje clave para intervenir en temas de Seguridad Nacional, no sólo en este sexenio, sino en los anteriores. El abandono en las cárceles mexicanas nos lleva a una cifra de reincidencia de 51 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), de 2017. 

 

¿Cómo podemos hablar de reinserción y seguridad en penales con autogobierno?, cárceles que tienen menos de 20 por ciento del personal de seguridad requerido, o donde las condiciones físicas son deplorables en 72 de cada cien casos. ¿Cómo podemos dar herramientas a personas para que cambien su modo de vida si en 70 por ciento de los centros no se ofrecen actividades ni capacitaciones laborales?, ¿cómo podemos visibilizar a las mujeres en reclusión cuando no existe la perspectiva de género en ninguna etapa del sistema de justicia penal? Es importante romper los ciclos del delito, se debe intervenir con los hijos e hijas de los internos y prevenir a tiempo con los adolescentes en conflicto con la ley. Los centros de reinserción son ese hoyo negro donde no existen los derechos humanos, predomina la corrupción y se normaliza la violencia. En consecuencia, no se promueve la reinserción social. 

 

Socialmente las prisiones son concebidas como espacios de castigo y contención, donde “los malos” son guardados para que no afecten más a las personas; se considera correcto que quienes cometan delitos vivan en las peores condiciones. Como sociedad, perdemos de vista que el buen funcionamiento de las prisiones y los eficaces modelos de reinserción, son indispensables en la seguridad pública e incluso en los procesos de construcción de paz. Este planteamiento cobra especial relevancia, pues las eventuales acciones que se emprendan para mejorar el sistema penitenciario y las condiciones de las personas privadas de la libertad,  no gozan de popularidad política, ello como consecuencia del ya generalizado malestar ante la violencia y la inseguridad que azotan a México; del tal suerte, la cúpula política no apuesta por el sistema penitenciario. A manera de ejemplo; en el ámbito político, comprar nuevas patrullas reporta un mayor impacto popular que dignificar los centros de reclusión, pues la gente ve los vehículos circular constantemente, a diferencia de los inaccesibles reclusorios, donde además se resguarda a “los malos”.

 

Andrés Manuel López Obrador y Alfonso Durazo, en reiteradas ocasiones se han pronunciado por la mejora del sistema penitenciario, no obstante, no hay líneas de acción específicas para ese cometido. Si se aborda el tema con mayor profundidad, se advierte que los reclusorios federales, dependientes del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; presentan condiciones absolutamente diferentes a las de los centros estatales; en los federales no hay hacinamiento, no permean los regímenes de autogobierno y los espacios suelen ser dignos; aunque hay deficiencias en la implementación de programas de reinserción, lo que por otro lado, representa un área de oportunidad. 

 

El reto mayúsculo lo representan los centros de reclusión estatales y municipales, que viven condiciones como las referidas en Topo Chico. Conviene señalar, específicamente en ese caso, que el gobierno Federal apoyó la estrategia del gobierno de Nuevo León y aceptó trasladar a cerca de 800 reos a penales federales, acción por demás plausible. En este contexto, vale la pena retomar las expresiones del propio Alfonso Durazo, quien en el marco de la Segunda Reunión de Conferencias Nacionales de Secretarios de Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario y de Seguridad Pública Municipal de la Zona Noreste-Noroeste, señaló, “con independencia de la jurisdicción, sean los delitos del fuero común o del fuero federal, no podemos lavarnos las manos”; desde luego si esa expresión conlleva la intención de establecer acciones coordinadas con los gobiernos estatales, enfocadas en intervenir y mejorar las condiciones de cada prisión en este país.

 

Otra medida destacable de la 4T es la Ley de Amnistía propuesta por el Presidente en fechas recientes, cuya aplicación federal no incidirá profundamente en el desahogo de las prisiones locales, pero que motiva pronunciamientos en favor de las segundas oportunidades y del trato diferenciado ante sectores de la población en especiales condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, para que los procesos de amnistía impacten positivamente en la vida de las personas beneficiadas y en la comunidad, se les deben garantizar los mismos servicios institucionales con los que contaban en reclusión, además del apoyo comunitario suficiente para evitar la reincidencia y para ofrecer acciones integrales que resuelvan el conflicto desde el origen.

 

El caso de Topo Chico evidencia la gran deuda de los gobiernos federal y estatales con el sistema penitenciario, pues las condiciones de dicho reclusorio permean en todas las prisiones del país. Es tiempo de apostar por el sistema penitenciario, de convertirlos en verdaderos espacios de seguridad y reinserción social para romper con los círculos delictivos y de violencia en nuestro país.

 

 

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