El Estado frente al crimen organizado: el caso de Culiacán, Sinaloa

“Se presentan balaceras y bloqueos en Culiacán, Sinaloa”, palabras más o palabras menos, ocupadas en los titulares de la prensa nacional del 18 de octubre de 2019, al referirse a lo sucedido en esa demarcación el día anterior. Estos actos han sido calificados de alta gravedad no sólo por ser delictivos, sino por la actitud asumida por el gobierno, que muchos consideran cuestionable.

 

La importancia del caso de Culiacán no estriba en la confrontación de las fuerzas del orden con el crimen organizado que reaccionó de manera inusitada, sino que estos hechos se suman a otros y a otros, que aunque menos violentos se han vuelto comunes en últimos meses en más de cinco entidades federativas del país.

 

El presente artículo no tiene la finalidad criticar las actitudes que ha tenido el gobierno en funciones frente a los hechos de Culiacán, ni tampoco aplaudir su política de no violencia ni represión. El propósito es presentar al lector las diversas concepciones o escenarios en los que se pudieran inscribir los hechos generalizados de violencia a manos del crimen organizado que aquejan al país; al final conviene preguntar al lector en cuál de los dos escenarios los colocaría, pues es partir del ciudadano que se deberían diseñar y ejecutar las políticas públicas para actuar en la materia. Es un problema de Seguridad Pública, Seguridad Interior o ya se trata de un Estado Fallido.

 

Los hechos

 

Los hechos de Culiacán, fueron una confrontación armada entre las fuerzas del orden y la delincuencia organizada, como un acto de autoridad enfocado en detener a un delincuente poco común. Hasta ahí se trata de un suceso similar a otros, sucedidos en diversas partes del país.

 

Lo grave, sin que lo anterior deje de ser grave, es la inusitada reacción del crimen organizado, que no sólo reforzó a quienes se encontraban sitiados y asediados por la fuerza pública, sino que se expresó con actos violentos en diversos puntos de la ciudad, bloquearon puntos importantes de comunicación terrestre y mostraron el armamento que poseen, que por cierto es de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos. 

 

La exhibición de un violento poder fue tal que el gobierno la consideró una amenaza para la vida de los habitantes, una estrategia para infundir miedo y con ello disuadir a las autoridades para desistir de su objetivo. Se usó el miedo como arma para amenazar la paz social.

 

Lo grave de lo grave, no sólo es que estos y otros acontecimientos son tan comunes que son ya una costumbre; el patrón de conducta de la delincuencia organizada, ante el cual sólo queda la aceptación resignada de la ciudadanía. 

En síntesis, el caso de Culiacán pasó de una costumbre, un patrón de conducta del crimen organizado, a la ejecución de estrategias de combate; de la resistencia a la autoridad, a una confrontación declarada en la que confiaba vencer.

 

El problema

 

Las referencias a las agravantes que presenta el caso y al hecho, ya grave, de la resistencia que la delincuencia interpone frente a la autoridad, lo que prácticamente constituye una costumbre nacional; han elevado el nivel de medios e instancias de seguridad con que cuenta el Estado, pasando de la Seguridad Pública a la llamada Seguridad Interior o Seguridad Nacional Interior, y en opinión de columnistas, eventualmente llegar al Estado Fallido.

 

Seguridad pública, también llamada seguridad ciudadana

 

La Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana, se entiende como la obligación del Estado de garantizar el respeto y protección a la integridad y los bienes de las personas; así como, de garantizar y respetar el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos y de un clima de paz y armonía para la convivencia social.

 

El Artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, “la seguridad pública es una función del Estado…, …cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia”. Asimismo señala, “la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley”.

 

Como puede apreciarse, la resistencia del crimen organizado ha escalado tanto en intensidad y periodicidad, que ha quedado rebasado el concepto de seguridad pública para considerarse ya un problema de seguridad nacional interior.

 

Seguridad interior o seguridad nacional en el interior

 

En otra participación referí que es necesario aclarar y diferenciar los conceptos, Seguridad Nacional, Seguridad Interior y Seguridad Pública en el cuerpo de la Ley de Seguridad Interior, que hasta la fecha no ha sido puesto a prueba. 

 

Ya con el concepto constitucional de Seguridad Pública que hemos visto, vuelvo a enfatizar la necesidad de plasmarlo y regularlo en el derecho, así como de diferenciarlo de los otros dos, Seguridad Nacional y Seguridad Interior. Lo anterior, para que la autoridad cuente con fundamento legal y ejecute políticas públicas destinadas a impedir y resolver acontecimientos similares.

 

Por Seguridad Interior se entiende la obligación que tiene el Estado, de garantizar y preservar que la vida democrática nacional se desenvuelva en paz y armonía; de salvaguardar la continuidad de la forma de gobierno y de sus instituciones, así como garantizar el debido cumplimiento de sus responsabilidades; también debe hacer frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad total o parcial del territorio.

 

Es claro que la incidencia generalizada de actos violentos en diversos puntos del país ha elevado la problemática al grado de Seguridad Interior, por todo o comentado anteriormente.

 

Para asegurar que el Estado cuenta con fundamento para cumplir su deber, es prudente resolver si existe legalmente la Seguridad Interior y si puede o no intervenir en los casos que ahora aquejan al país. 

 

Además del ya citado Artículo 21 constitucional, consideremos otros de la Ley de Seguridad Nacional:

 

“Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a: I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes”. 

 

“Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional: III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada; V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada”.

 

Conviene señalar que los asuntos que aquejan al país son de Seguridad Interior y no de Seguridad Nacional; veamos otras fracciones del Artículo Tercero de la Ley de Seguridad Nacional que determina que ésta última, conlleva la, “I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional”.

 

Seguridad del Estado nacional y del Estado de Derecho

 

De acuerdo con los hechos y conforme lo que hemos señalado, los efectos de la delincuencia organizada ya rebasaron el ámbito de la Seguridad Pública y se han establecido en el de Seguridad Interior o Seguridad Nacional Interior. Ahora el riesgo es que se consoliden como costumbre y patrón de conducta, porque esto agrava las circunstancias y eleva la naturaleza del problema al rango de Seguridad del Estado Nacional y Seguridad del Estado de Derecho.

 

El Estado de Derecho es una concepción muy amplia pero se puede considerar que alude a un rango constitucional en el que se presentan, al menos, las siguientes premisas.

 

a) El reconocimiento a nivel constitucional de los Derechos Humanos de las personas y los derechos generales de la sociedad, así como la garantía de su protección por parte del Estado. 

b) La supremacía e imperio de la ley democráticamente establecida.

c) El imperio de la legalidad en el comportamiento del gobierno y de la ciudadanía para asegurar su observancia por parte del Estado y sus habitantes.

 

La Seguridad del Estado Nacional o Seguridad Nacional, si así se prefiere; además de lo expuesto y en términos genéricos, implica: 

 

a) La preservación de la soberanía e independencia nacionales, y la defensa del territorio de amenazas externas e internas.

b) El mantenimiento del orden constitucional y de las leyes que de él emanen, para garantizar su observancia por parte del Estado y sus habitantes.

c) La permanencia y el fortalecimiento de las instituciones políticas que gobiernan al país, con el fin de garantizar su existencia y debido funcionamiento.

d) La preservación de la forma de vida democrática adoptada por el país, para garantizar su desenvolvimiento en paz y orden.

 

Finalmente, el Estado Fallido, que también es un concepto de amplia y complicada construcción, se basa en reconocer factores o indicadores que alejan al Estado del ideal constitucional que tiene establecido y ponen en riesgo su seguridad y la del Estado de Derecho; entre ellos, el terrorismo, la delincuencia organizada, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos.

 

La pregunta es, ¿los hechos de Culiacán y la proliferación de actos violentos del crimen organizado ponen al país en un problema mayor que es La Seguridad Nacional y la Seguridad del Estado de Derecho?, ¿o se trata de hechos todavía manejables como Seguridad Pública y, en un extremo, como Seguridad Nacional?

 

Colofón 

 

Espero haber cumplido el compromiso de presentar en este trabajo las diversas concepciones y escenarios en los que se inscriben los actos violentos.

 

Sólo me queda plantear la pregunta anunciada, ¿en cuál escenario se ubican los acontecimientos referidos?, pues a partir de ello se deberán diseñar y ejecutar las políticas públicas.

 

En ello tenga presente que el Artículo 89 constitucional establece que como presidente de la República, se tiene la facultad y obligación de, “I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”, y de, “VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

 

Asimismo, no olvide conforme el Artículo 1 de nuestra Carta Magna, “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

 

Samuel Espejel Díaz González

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