Ley General de Archivos: ¿Qué sigue?

Hace más de 5 años, México dio un gran paso en la protección y garantía de tres derechos fundamentales: acceso a la información, protección de datos personales y memoria histórica. 

 

En la reforma constitucional en materia de transparencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, se adicionaron las fracciones XXIX-S y XXIX-T al artículo 73 de nuestra Norma Fundamental. Dichas fracciones crearon la obligación del Congreso de la Unión para emitir las leyes generales que regularan, garantizaran y promovieran los derechos en comento. 

De manera cronológica, el Congreso expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó el 4 de mayo de 2015. Después, expidió la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada el 26 de enero de 2017. Por último, se expidió la Ley General de Archivos, hecha pública el 15 de junio de 2018. 

 

Cabe mencionar que ésta última, a diferencia de las dos primeras, entró en vigor un año después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, por cuestiones de implementación, ya que se trata de una ley que reforma la Administración Pública Federal en materia de gestión documental. 

 

Así, el sábado 15 de junio entró en vigor la Ley General de Archivos, dotando de observancia los 123 artículos que la integran. Su contenido se clasifica en tres libros, los cuales, desde mi punto de vista, contemplan grandes avances en la materia: 

 

  • Sistema de gestión documental. Es el tratamiento integral de la documentación a lo largo de su ciclo vital; a través de la ejecución de procesos de producción, organización, acceso, consulta, valoración documental y conservación. 

 

  • Instrumentos de planeación en materia archivística. En su programa anual los sujetos obligados contemplarán elementos de planeación, programación y evaluación para el desarrollo de los archivos; desde un enfoque de administración de riesgos, protección a los Derechos Humanos y de otros derechos que de ellos deriven, así como la apertura proactiva de la información.   

 

  • Organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos, coordinado por un Consejo Nacional, que será encabezado por el titular del Archivo General de la Nación, que aprobará e implementará la política nacional de gestión documental y administración de archivos. 

 

  • Coordinación del Sistema Nacional de Archivos con los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción, que fomentará la capacitación y profesionalización del personal encargado de la organización y de los sistemas de archivos, con una visión integral; impulsará acuerdos interinstitucionales; promoverá acciones coordinadas para la protección del patrimonio documental, así como la digitalización de la información generada con motivo del ejercicio de las funciones de los sujetos obligados. 

 

  • Sistemas locales como efecto espejo del Sistema Nacional; el artículo 70 establece la obligación de las entidades federativas de crear un sistema local de archivos, con el fin de homogeneizar la política en la materia.

 

  • Registro Nacional de Archivos, cuyo objeto es concentrar información sobre los sistemas institucionales y de los archivos privados de interés público, así como difundir el patrimonio documental resguardado en su acervo, que será administrado por el Archivo General. 

 

  • Naturaleza jurídica del Archivo General de la Nación; ahora se define como un organismo descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetos y fines; dicha naturaleza la adquirió desde enero de este año, 8° transitorio.  

 

  • Imposición de infracciones administrativas y tipos penales a los sujetos obligados que incurran en cualquier omisión o acción que contravenga la ley, podrán ser acreedores a sanciones de índole administrativo o penal, de acuerdo con la conducta actualizada. 

 

No obstante, como toda ley contiene un régimen transitorio, es decir, una serie de disposiciones temporales cuyo fin es llenar las lagunas que se descubran a partir de su primera implementación. Dentro de los mandatos legales de mayor premura contemplados en esta parte de la ley, se encuentran los siguientes retos. 

 

Los sujetos obligados tienen que implementar su sistema institucional para sustentar su actividad archivística, antes del 16 de diciembre de este año; según lo dispuesto en el artículo décimo primero transitorio. 

 

La Plataforma del Registro Nacional de Archivos, a cargo del Archivo General de la Nación, debe operar a más tardar el próximo 15 de diciembre; pues así lo dispone el artículo décimo tercero transitorio.

 

El titular del Ejecutivo Federal tiene hasta mediados de diciembre de este año para expedir las disposiciones reglamentarias de esta Ley; de acuerdo a lo establecido en el artículo décimo sexto transitorio.

 

Como fecha límite el Consejo Nacional deberá integrarse el 15 de septiembre de 2019 y contar con su reglamento el 15 de marzo de 2020; como se estipula en el artículo décimo segundo transitorio.

 

Además, se enuncian otras obligaciones que cuentan con un plazo más prolongado para su cumplimiento, aunque no son menos importantes, como:   

 

Las entidades federativas tienen hasta el 15 de junio de 2020 para armonizar sus leyes locales con esta ley marco, de acuerdo con el artículo cuarto transitorio; al menos deben garantizar que sus leyes estatales contemplen la regulación de sus sistemas y consejos locales, la regulación, el funcionamiento y las atribuciones de su ente estatal especializado en archivos, así como los principios de conservación, procedencia, integridad, disponibilidad y accesibilidad.   

 

El Órgano de Gobierno del Archivo General de la Nación debe expedir y publicar su estatuto orgánico, a más tardar el 15 de junio de 2020; según lo dispuesto en el artículo séptimo transitorio. 

 

Los consejos locales de los sistemas estatales tendrán que comenzar a sesionar el 15 de diciembre de 2020 como plazo máximo; de acuerdo a lo previsto en el artículo décimo transitorio.

 

Todos los sujetos obligados de la ley tienen hasta el 15 de junio de 2020 para establecer programas de capacitación en materia de gestión documental y administración de archivos; según lo prevé el artículo décimo séptimo transitorio.

 

En adición a lo anterior se debe tener en cuenta la disminución presupuestal que sufrió la administración pública debido a la política de austeridad del actual Gobierno Federal, en la que se incluyó al Archivo General de la Nación, que funge como ente especializado en archivos y cuyo carácter le da una posición relevante en el cumplimiento de esta nueva ley. 

 

Los archivos son la base del acceso a la información y salvaguardan la memoria histórica de la nación. La voluntad política para acordar un marco normativo que regule esta actividad en el país, se logró, debemos continuar con el impulso para que su implementación sea un hecho y no quede como letra muerta. 

 

Los archivos pertenecen a todos los ciudadanos, se emplean para conocer y explicar nuestro pasado y con base en ello, trabajar en nuestro presente y definir nuestro futuro. 

 

La pelota está en la cancha de las legislaturas locales, autoridades y sujetos obligados de la ley; ellos tienen la oportunidad de promover, garantizar y proteger la memoria histórica de México.

 

Josimar Nasae Ruíz Ramírez (México)

Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México 

Asesor Parlamentario en Cámara de Diputados 

jr.nasae@gmail.com, @jr_nasae

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