Análisis del procedimiento abreviado

Los derechos de las partes deben ser de observancia durante todo el proceso penal, el juzgador deberá privilegiar su vigilancia.

 

En esta colaboración se realiza un análisis comparativo entre el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código de Procedimientos Penales del Estado de México,  ya que derivado de las atribuciones que le otorga el legislador al Ministerio Público en el código nacional, éste se puede encontrar inmerso en la corrupción, toda vez que el Ministerio Público es la única parte que puede solicitar la apertura del Procedimiento Abreviado y, a su vez, deberá proponer una pena. Por ello, se analiza la posibilidad de que el Procedimiento Abreviado pueda solicitarse por el imputado, ya que al optar por esta figura se puede obtener el beneficio de ser sentenciado con la pena mínima reducida en un tercio, contrario a lo estipulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales; quedará a criterio del Ministerio Público la propuesta de la pena que se le fuera a imponer.

 

De tal suerte se vulnerará el principio de celeridad procesal en los casos que el Ministerio Público no proponga el Procedimiento Abreviado como una forma de terminación anticipada, como se plasma en la ley secundaria.

 

Uno de los puntos de análisis en este artículo es que la propuesta de las penas para los imputados que opten por aceptar esta forma de terminación anticipada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, debe realizarse por ellos mismos y no por el Ministerio Público.

 

En ese orden de ideas, la pena deberá ser impuesta por el Juez de Control en términos del artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por tal motivo, es el propio acusador quien impone una pena. Si bien, el Juez de Control es quien condena o impone la pena, ésta no deberá ser distinta a la solicitada por el Ministerio Público, motivo por el cual se considera que dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, el legislador otorgó al representante social facultades que exceden sus funciones.

A manera de conclusiones

 

Efectivamente se vulneran los derechos del imputado al no ser él mismo quien pueda tener una solución antípoda al proceso, violentando de esta forma el principio de economía procesal.

 

Ya que los artículos que contemplan el procedimiento abreviado en los Códigos, tanto Nacional como del Estado de México, es de apreciarse que el de carácter estatal otorgaba mayor beneficio a los imputados que optaran por un procedimiento abreviado, ya que se encontraba tasada la pena que debía imponérseles. Contrario a lo establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde es el Ministerio Público quien solicita la terminación anticipada y en segunda instancia, la solicitud de la pena, misma que debe ser corroborada e impuesta por el Juez de Control en términos del artículo 206 del citado ordenamiento.

 

Por ende, es menester resaltar que al reformar los artículos que contemplan el procedimiento abreviado en el Código Nacional de Procedimientos Penales; en primer término, al ser el imputado quien pueda solicitar la terminación anticipada de su proceso se excluiría al Ministerio Público como peticionario, con ello se evitaría que se viera implicado en una forma de corrupción por solicitar la apertura y proponer las penas; en segundo término, se garantizaría el principio de economía procesal, al ser el imputado quien decida terminar su proceso anticipadamente. Aunado a ello, en términos de lo que establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se puede decidir terminar el proceso de forma anticipada, impartiéndose justicia de manera pronta y anticipada.

 

Fuentes consultadas

Doctrina:

  1. V. Benítez, “Filosofía y Praxis de la Procuración de Justicia”. 1994. Segunda ed. México: Porrúa.

  2. G. Bidart, “Teoría General de los Derechos Humanos”. 1998 Primera ed. México: UNAM.

  3. G. Borja, (1969). “El Proceso Penal en México”. 1969. Primera ed. México: Karso.

  4. R. De Pinar, R. (1984). “Diccionario de Derecho”. 1984. Primera ed. México: Porrúa.

  5. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM. (2002). “Enciclopedia Jurídica Mexicana” 2002, Tomo VI. Primera ed. México: Porrúa.

  6. http://www.poder-judicial.go.cr/sala constitucional/index.php

Legislación:

  1. Código de Procedimientos Penales del Estado de México. Gaceta de Gobierno del Estado de México, 09 de Febrero de 2009. Artículo 392.

  2. Código Nacional de Procedimientos Penales del Estado de México. Diario Oficial de la Federación, 05 de marzo 2014. Artículos 183 y 201.

Dr. en C.P. Raúl H. Arenas Valdés

PTC, Investigador adscrito al Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública de la Facultad de Derecho de la UAEM.

Consejero Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de México

rarenas625@profesor.uaemex.mx, rhav59@hotmail.com

 

Lic. Rodolfo Piña Contreras

Lic. en Derecho por la Facultad de Derecho de la UAEM.

rodolfo038@gmail.com

 

 

 

 

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