Innovación en la Administración Pública

El principal factor que ha frenado el crecimiento de México tiene nombre y se llama corrupción, ya que afecta directamente la inversión, el desarrollo y la eficiencia en los programas sociales.

 

La corrupción genera opacidad en los procedimientos administrativos y operativos, limita y manipula los datos públicos a falta de un marco legal que obligue a las entidades gubernamentales a actuar con mayor transparencia respecto al manejo de los recursos públicos.

 

 

De acuerdo a Transparencia Internacional, México es uno de los cuatro países con mayor corrupción, dado que 6 de cada 10 ciudadanos perciben un incremento en el nivel de corrupción de acuerdo al INEGI en 2015 el Estado de México fue la entidad con mayor cantidad de eventos de corrupción.

 

Además, el Banco Mundial estima que la corrupción en México alcanzó el 9% del PIB, superando los recursos destinados al sector salud con un 5.8% en el 2017, representando para las familias mexicanas un mayor gasto en salud con 41.4% cifra que supera al promedio del 20.2% de acuerdo a lo establecido por la OCDE.

 

Para contrarrestar el índice de corrupción el gobierno mexicano en 2011, en conjunto con otros siete países formó parte de la alianza para el gobierno abierto, la cual integró a su agenda planes de acción en materia de innovación gubernamental a través del uso de las tecnologías de información y comunicación con los objetivos de “promover la transparencia, generar mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir a la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza”. Sin embargo, dicha estrategia tomada por el gobierno mexicano no generó impacto alguno, pues según transparencia mexicana, para 2017 “el país se ubicó en la posición 135 de 180 países evaluados en materia de corrupción”. Ante esto se plantea la siguiente pregunta: ¿cuál es el objetivo principal que ven los gobiernos con el uso de la transparencia?

 

Según lo escrito en la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esa Ley “tiene la finalidad que los ciudadanos puedan contar con una herramienta efectiva que promueva la participación ciudadana y por ende se desemboque en una rendición de cuentas efectiva”. Entendemos, aunque el texto no lo dice, que por parte de la administración pública en todos sus niveles.

 

Sin embargo, pareciera que estos esfuerzos para combatir la corrupción no dan resultado, según animal político nuestro país es el país más corrupto de América latina de acuerdo a información extraída por el portal del “barómetro global de la corrupción” México se ubica en el lugar número uno en esta lista al afirmar que el 51% de los mexicanos afirman haber sobornado en al menos una ocasión a algún funcionario público. Por otro lado, un artículo publicado por el diario “El Universal”, señala que las entidades con mayor tasa de prevalencia en materia de corrupción durante el 2017 fueron Ciudad México, Quintana Roo, Morelos, San Luis Potosí, Chiapas, Durango, Estado de México, Chihuahua y Sonora”. En esta misma nota se señala que el costo total de la corrupción en el país en 2017 asciende a 7 mil 218 millones de pesos, es decir que a cada mexicano le valió 2,273 pesos.

 

Esto nos muestra que la ley no es suficiente, se requieren esfuerzos adicionales que combatan de manera eficaz este mal, para ello propongo que exista una reingeniería de los procesos gubernamentales con el apoyo de plataformas digitales y de comunicación 2.0 para el fomento y divulgación de información de carácter público con el objetivo de romper la barrera de interrelación entre el ciudadano y el gobierno poniendo en claro los asuntos públicos.

 

Para hablar de servicios públicos electrónicos primero se deben establecer prácticas innovadoras, que busquen implementar acciones para proveer de condiciones necesarias que fortalezcan y faciliten la creación de canales y plataformas en conjunto con herramientas de visualización.

 

No solo se trata de generar canales o medios de interacción bilateral sino además se debe reconstruir la infraestructura para que esta a su vez permita el acceso a los medios por los cuales el gobierno se vale para dar apertura de los datos y procedimientos del ejercicio público.

 

Si se tiene acceso a internet, si se cuenta con la infraestructura digital adecuada, si se cuenta con la tecnología correcta, si se tiene la capacitación en la administración y ciudadanía para la utilización de medios digitales, si nos ocupamos en la creación de páginas web, redes sociales, paginas interactivas que además de mostrarnos datos permitan a cualquier ciudadano conocer los procesos administrativos y políticos del gobierno. Además, debemos generar contenido líquido y de fácil recepción de dicha información, dejando de lado los intereses políticos solo de esta manera México habrá dado un gran paso en materia de transparencia y rendición de cuentas.

 

La sociedad debe generar nuevos retos de innovación tecnológica, generando participación ciudadana activa, comités ciudadanos y democracia deliberativa, para que así el gobierno se obligue a la construcción de un sistema de transparencia efectiva a través de la rendición de cuentas y la creación de sistemas que permitan la interacción a través de sistemas digitales como las civic apps. Sólo así estaremos hablando de e-democracia propiciando una interrelación bilateral entre el gobierno con recepción de ideas y sugerencias ciudadanas y la integración de estas mismas provenientes de la ciudadanía.

 

Jaime Amado López Gómez

Ingeniero en Sistemas Computacionales, maestro en Tecnologías de la Información y maestro en Administración Pública por el Tecnológico de Monterrey.

Candidato a diputado federal del distrito 26 de Toluca por la Coalición Por México al Frente.

jaimealg@gmail.com

 

Please reload

Artículo de la semana

Los sistemas penitenciarios en México y el mundo

1/1
Please reload

Artículos recientes
Please reload

Secciones
Archivo