Seguridad interior: la ubicación constitucional de las fuerzas armadas

12/03/2018

 

 

Una lectura radical de la constitución ha llevado a afirmar que las fuerzas armadas, en tiempos de paz, deben permanecer en los cuarteles. Esa misma lectura entiende por “tiempos de paz” la ausencia de guerra o conflicto bélico decretada por el Congreso, de modo que fuera de este supuesto, las fuerzas armadas no pueden realizar función alguna en la preservación de la seguridad. Este es el presupuesto de quienes afirman que los militares deben retirarse de las responsabilidades que han paulatinamente asumido, sobre todo a partir de la escalada de violencia que el país ha sufrido en la última década.

 

Las fuerzas armadas nunca han estado pasivas en sus cuarteles. Tienen una serie de funciones permanentes. Por ejemplo, la SEDENA es la autoridad administrativa encargada del control sobre uso y posesión de armas de fuego y explosivos; la SEMAR tiene bajo su responsabilidad la seguridad de los puertos y, además, actúa como policía en los mares territoriales; la fuerza aérea custodia el espacio que corresponde a nuestra soberanía; las fuerzas armadas participan de manera permanente en las tareas de rescate y apoyo a la población civil en desastres naturales, entre un largo etcétera.

 

En el combate al crimen organizado, las fuerzas armadas han concurrido con las autoridades civiles desde el inicio de la política de prohibición al comercio de drogas, y se ha incrementado conforme se ha revelado la debilidad estructural de las policías, sobre todo a nivel local. Desde los años cuarenta, los militares se han hecho cargo de la erradicación de cultivos, y conforme ha crecido la capacidad logística y de fuego de las organizaciones criminales, han realizado operaciones de contención y de captura sobre sus líderes e integrantes. La capacidad de daño de estas organizaciones ha exigido oponer mayor intensidad de coacción por parte del Estado.

 

Desde el punto de vista normativo, estas funciones permanentes han encontrado enclave en un entendimiento flexible de la seguridad nacional. En efecto, a partir de la reforma constitucional de 2004, la seguridad nacional dejó de ser vista como la condición del Estado mexicano que se preserva únicamente frente a una amenaza exterior o conflicto con otro agente soberano, y se sustituyó por una comprensión que reconoce que la seguridad nacional puede verse comprometida por fenómenos mucho más diversos y complejos. Pero también, que la seguridad nacional, como un conjunto de funciones estatales y herramientas de coacción, no sólo responde a la necesidad de garantizar la soberanía o la integridad del Estado, sino la institucionalidad democrática, la gobernabilidad y los derechos humanos, frente a cualquier tipo y lógica de amenazas o riesgos que se generan fuera o dentro del territorio nacional, por agentes estatales o no estatales, tengan origen humano o natural.

 

Y es aquí donde la cuestión de la participación de las fuerzas armadas cobra una especial significación. El régimen de seguridad nacional ha asumido que el crimen organizado es una amenaza que amerita la respuesta de última ratio del Estado. De ahí que las fuerzas armadas hayan adquirido responsabilidades directas y permanentes en esta materia. Es falso que la presencia de las fuerzas armadas se deba a la estrategia de las dos últimas administraciones. Desde hace casi tres lustros, el crimen organizado ha dejado de ser tratado como un fenómeno que corresponde al ámbito de la seguridad pública, y en esa medida, se le ha opuesto el instrumental propio de la seguridad nacional, incluido, por supuesto, la acción militar directa.

 

Ciertamente la presencia militar se ha incrementado notablemente en los últimos años. Tres factores explican esta circunstancia. En primer lugar, la facilidad con la que se ha dispuesto de las fuerzas armadas, ha generado un incentivo perverso para las autoridades civiles federal y locales. No tiene sentido ocuparse de formar policías, si siempre será más rápido y más barato utilizar el estado de fuerza militar. El círculo vicioso de la irresponsabilidad: la debilidad de las policías aumenta la demanda de militares, mientras que la oferta ilimitada de éstos inhibe el fortalecimiento de capacidades de policía. En segundo lugar, a través de reformas legales, se han aumentado notablemente los fenómenos que se entienden como delitos asociados al crimen organizado, de modo que los alcances de la dimensión de seguridad nacional se han expandido a una diversidad de conductas, desde el narcotráfico hasta la piratería, con la consecuencia de una mayor participación de fuerzas armadas en su contención. En tercer lugar, el empoderamiento, pulverización y diversificación del crimen organizado ha rebasado de forma evidente la capacidad de respuesta en el nivel de la seguridad pública, por lo que se ha recurrido a la fuerza castrense como solución de necesidad.

 

La ley de seguridad interior pretende regular una función hasta hoy discrecional y cuyo uso irracional explica el despliegue actual de fuerzas armadas en México. Lejos de pretender “militarizar” al país, la ley tiene como finalidad, regular la atribución presidencial de disponer de la totalidad de las fuerzas armadas para tareas de seguridad nacional, ya sea en su vertiente de defensa exterior o de seguridad interior, tal y como ha dicho reiteradamente la Corte. Fija causales y procedimientos, en cuya ausencia no es legítima la presencia militar en nuestras calles. Es, en suma, la limitación de un poder presidencial para asegurar su uso proporcional y auténticamente subsidiario.

 

La discusión sobre esta ley es, en realidad, la decisión sobre el lugar de nuestras fuerzas armadas en el sistema constitucional. Y esa ubicación es mucho más compleja que el falso dilema de los cuarteles o la calle. No existe democracia auténtica en la cual el sitio de las fuerzas armadas esté en el aire, a contentillo de la ocasión o de la voluntad del ocupante en turno del poder. Es en la ley, y por la ley, como deben estar y actuar. Esa es la anomalía que pretendemos remediar.

 

Roberto Gil Zuarth

Senador de la República

 

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