Ley de Seguridad Interior

 

 

Bajo el concepto de Seguridad Interior es necesario precisar algunos conceptos con la finalidad de emitir una opinión objetiva y constructiva. Durante casi 20 años perteneciendo a diversas instituciones de seguridad, he podido observar intentos significativos para mejorar la seguridad pública, sin embargo, la diversidad de modelos adquiridos dificulta la evaluación objetiva de los resultados, hoy es más fácil interpretar la efectividad de los cuerpos policiacos midiendo el decremento de homicidios dolosos y delitos de alto impacto, que niveles de cumplimiento en desarrollo institucional,  privilegiando así los modelos reactivos de policía. De esta forma el resultado en la percepción ciudadana siempre será negativo, dado que las conductas delictivas forman parte de las sociedades modernas.

 

Entre los grandes logros de la seguridad pública en México esta la creación del  Sistema Nacional de Seguridad Pública, SNSP, que se encarga de sentar las bases de coordinación y distribución de competencias en esta materia, entre la Federación, los estados y municipios, bajo la directriz del Consejo Nacional de Seguridad Pública, CNSP; este ente cobra vital importancia y correlación con la nueva ley promulgada, dado que el Consejo es el órgano superior del SNSP, y es presidido por el Jefe del ejecutivo, e integrado por los Secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, el Procurador General de la República, los Gobernadores de los estados, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el Comisionado Nacional de Seguridad y el Secretario Ejecutivo del SNSP; es una estructura sumamente fortalecida desde el ámbito político, pues sus actores tienen la capacidad de decisión y determinación de las políticas.

 

Es de destacar, que la normativa del referido ente no contempla la participación de las fuerzas armadas para actividades de seguridad pública, básicamente se limita a la observancia y supervisión del armamento con que cuentan las policías. En otro aspecto no menos importante, se debe mencionar que las Fuerzas Armadas han colaborado en la formación y especialización de cuerpos de policía, siendo esta, otra forma de intervención en busca de mejorar las capacidades de las instituciones.

 

Desde la  perspectiva operativa es digno mencionar que las Fuerzas Armadas son instituciones consolidadas en su administración y operación, durante muchos años han fortalecido sus capacidades y mejorado los procesos para apoyar a los cuerpos de seguridad pública.

 

En este breve contexto surgen dos cuestionamientos básicos, ¿por qué las policías no han conseguido consolidar la política ideal de seguridad pública?, ¿es necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública?

 

El primer punto tiene que ver con voluntades, sin embargo, también es menester mencionar aspectos presupuestarios, y definitivamente la discontinuidad de los planes; aunque puede parecer grotesco el comentario, las policías nacen cada 6 años, o 3 en el caso de los municipios; podrían existir excepciones como la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, dado que su operación está consolidada en un Mando Único.   

 

Pese a que este artículo sólo presenta una opinión sobre la Ley de Seguridad Interior, en la materialización de la intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública hemos llegado al punto de interpretación subjetiva, las Fuerzas Armadas no sustituyen a las policías estatales ni municipales, pero si pueden garantizar la defensa y protección de las comunidades, mientras estos cuerpos civiles restituyen sus capacidades y garantizan la continuidad de la seguridad, de hecho, existen actividades indelegables, como la proximidad social o la prevención del delito, actividades que van de la mano con otras áreas de gobierno para consolidar sus objetivos.

 

Sobre la capacidad de confrontación de las policías, hemos sido testigos, a través de los medios de comunicación, de casos en lo que, definitivamente, la falta de desarrollo institucional en materia policial coloca en franca desventaja a los empleados del orden, por consecuencia a sus comunidades; ante tal situación, de manera paralela a la atención del Ejecutivo, para el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos estatales y municipales, se muestra inminente y necesaria la intervención de las Fuerzas Federales, y en su caso las Fuerzas Armadas.

 

Algunos argumentos con el término, “militarización” de las policías, pueden confundir el verdadero objetivo de la ley, recordemos que la mayoría de las policías tienen formación castrense, es decir, disciplina militar; y son jerarquizadas.  

 

Definitivamente los instrumentos técnicos que deberán conformarse para poner en marcha la intervención, luego de la declaración de parte del Ejecutivo, deberán observarse a detalle para contrarrestar, precisamente, los conceptos de desaprobación que han expuesto.

 

Es difícil contemplar aspectos técnicos desde la ley principal sin caer en la ambigüedad. Recordemos la gran cantidad de instrumentos jurídicos que observan los Derechos Humanos, que dan facultades a los gobernadores, presidentes municipales, y por supuesto, a las policías, para cumplir con el reclamo de la sociedad.

 

Es necesario poner en blanco y negro a la opinión pública, pero principalmente presentar a la sociedad, los resultados en la materia; consolidar indicadores de efectividad policial, que no sólo contemplen variantes de incremento o decremento de conductas imposibles de evitar con el solo hecho de contar con presencia policial. La seguridad pública hoy se ha convertido en un servicio que requiere profesionalismo, estudio, análisis, doctrina, transparencia. Proyectos como la Universidad Nacional de Seguridad, un verdadero tabulador salarial, beneficios, recompensas, y por supuesto, un mecanismo de orden interno vacunado contra la corrupción. Con la Ley de Seguridad Interior, como con otras leyes complementarias, se fortalece la política de Seguridad en nuestro país.

 

Es conveniente hacer una pausa y aprovechar las circunstancias que este año nos otorga el tiempo electoral, las propuestas en materia de seguridad deben contener entre otras cosas, metas, objetivos factibles y viables, impacto, costo, cronología, rutas críticas, participantes, responsables, recursos bien definidos, programas, métodos de control y evaluación, rendición de cuentas, proyectos de crecimiento y seguimiento.

 

Arturo Michelet Hernandez Flores

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México.

Cuenta con 20 años de experiencia en corporaciones policiales.

michelet_hernandez@hotmail.com

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