La Ley de Seguridad Interior. ¿Es buena o mala?, ¿perjudica o beneficia?

 

Planteamiento del tema

 

El 21 de diciembre de 2017 fue expedida la Ley de Seguridad Interior después de una intensa lluvia de opiniones, críticas y apoyos, que desafortunadamente, se presentaron más en la prensa y redes sociales, que en las Cámaras de Diputados y Senadores, lugares naturales para su debate.

 

Desde que surgió se encuentra en medio de dos corrientes; una que la crítica y considera inadecuada, que llegó a pedir que no se aprobara, y ahora, que sea vetada por el presidente de la república; otra, de opiniones favorables, principalmente de actores oficiales que la consideran como la solución adecuada para la lucha contra el crimen organizado. Hay que decir que ésta se manifiesta de manera más tenue y menos combativa que la primera.

 

Sin embargo, en todo este tiempo no se han visto contenidos que expliquen su razón, su objeto de regulación y las disposiciones previstas para que las Fuerzas Armadas intervengan legalmente en el llamado combate al crimen organizado, en la lucha contra la violencia, y contra la delincuencia de alto impacto que viene aparejada. Es decir, es más lo que se dice entre las corrientes en términos de crítica opositora o de cualidades positivas y adulación, que aquello que explique de manera sencilla al gran público, en qué consiste la mencionada ley y cuáles son los efectos de su aprobación.

 

En este contexto y con respeto al espacio concedido, la postura de la presente aportación es informar de manera muy sintética, el objeto y las finalidades de la Ley de Seguridad Interior; paralelamente se incluyen algunos comentarios y reflexiones que proporcionan juicios al lector para diseñar su propia opinión.

 

 

Los polos del debate

 

La lectura de la ley genera muchas preguntas sobre su fundamento y finalidad, así cómo de su aplicación y operación; no obstante, las respuestas que pueden avanzarse dan lugar a más dudas y temas por resolver.

 

Las dudas sobre la ley van de lo superfluo a lo complejo, de lo general a lo realmente puntual, entre ellas, las siguientes: la ley, ¿es inconstitucional?, ¿otorga facultades extraordinarias al presidente de la república para hacer uso de las Fuerzas Armadas?; la Seguridad Interior, ¿implica que nuestra república está en guerra? El Ejército, competente para la Defensa Nacional y combatir el peligro extranjero, ¿lo es también para asediar y combatir a los propios mexicanos? Si la corrupción de las diversas policías es la causa del fracaso de la lucha contra el narcotráfico, ¿no es mejor sanear y mejorar a la policía que sustituirla con las Fuerzas Armadas? Si el Ejército sale a la calle, ¿puede actuar contra mi persona y propiedades?, ¿puede intervenir en cualquier delito y asunto ilegal?, ¿hasta cuándo permanecerá en las calles?, ante su presencia, ¿cuáles son mis derechos humanos y civiles?

 

A estas interrogantes, es válido agregar, ¿qué sucede con las fuerzas policiacas de las entidades federativas y de los municipios cuando se da la intervención de las Fuerzas Armadas y Federales? Se estableció un Sistema Nacional de Seguridad Pública para combatir la delincuencia organizada,  ¿desaparece?, ¿ha dejado de existir el llamado Mando Único como medio de coordinación de las fuerzas policiacas? Se dice que la Policía Preventiva Municipal es corrupta y permisiva con el narcotráfico, entonces qué pretende combatir la ley, ¿el crimen y narcotráfico organizado o el narcomenudeo?, la intervención de las Fuerzas Armadas y Federales, ¿no violentan la autonomía de los estados y los municipios?

 

Sin embargo, las respuestas que se han dado a éstas preguntas y los avances con que se ilustra su futura aplicación se ubican, hemos dicho, en uno u otro de los extremos opuestos de opinión, o critican la Ley y la consideran inadecuada o le otorgan méritos para resolver el problema del crimen organizado y validan su aprobación y aplicación. Es decir, que en cada una de las preguntas citadas hemos encontrado repuestas opuestas, un si y un no, las que se oponen y las que aprueban. ¿Es esto posible?, claro que no, ni científica, ni cotidianamente.

 

La razón de las respuestas contrarias, no sólo es cuestión de la postura de quien las emite; se debe a que la redacción así como la interpretación de la ley, contienen muchas lagunas y contradicciones legales; otorga facultades y genera supuestos de acciones y aplicaciones que pueden llevarse a cabo, pero que no tienen fundamentación o no se prevé la forma y modo de realización. Este es un comentario poco difundido, pero válido y verdadero, con el cual coincido.

 

 

 

 

 

Principal contenido de la ley

 

La Ley de Seguridad Interior cuenta con 34 artículos y cinco artículos transitorios.

 

El primer capítulo se destina a las Disposiciones Generales en las que se encuentra:

 

  • Un glosario de términos que es un buen auxiliar para comprender el tema;

 

  • La previsión de que los actos que se realicen en la materia; “deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías”, Art. 7, sin que se determinen responsabilidades  adicionales para las autoridades que realicen dichos actos, que por ser extraordinarios merecen una protección también extraordinaria, y dejando al ciudadano sin otra posibilidad que los medios de defensa que estén a su alcance en caso de violación de dichos derechos (*);

 

  • Sin embargo, (*) a manera de comentario particular, la ley no cuenta con dispositivos que den seguridad a las personas en caso de que sus derechos civiles, del fuero común, sean lesionados por los actos que realicen las autoridades en materia de seguridad interior, es decir, en su persona, bienes, derechos y propiedades; dejándolo a los medios de defensa a su alcance y posibilidades.

 

  • La determinación de que “las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral, no serán consideradas como amenazas, ni ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior; previsión innecesaria por ser materia electoral y que responde a la cultura de desconfianza de los partidos políticos, que se debieron preocupar más por otros temas de relevancia, como el siguiente.

 

Destaca en este capítulo el concepto de Ley de Seguridad Interior, y como ejemplo de contradicciones y lagunas legales, la determinación confusa de que ésta es diferente a la seguridad nacional, de que su preservación es responsabilidad del Estado y que para ello, debe observar principios de la Ley de Seguridad Nacional, sin abordar éstos últimos por razones de espacio.

 

Por seguridad interior, la ley entiende, “la condición que proporciona el Estado mexicano, que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”, así como aquella que, “comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines… así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y a los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos del artículo 2, de la ley.

Aquí hacemos un punto y aparte, sólo para indicar la necesidad de diferenciar y aclarar los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública; así como lo referente a los fines y alcances de la segunda de éstas; que en la definición de la ley puede caber todo lo que la autoridad decida, porque está dentro de la permanencia y continuidad de los órdenes de gobierno e instituciones, así como del desarrollo nacional, corresponde a procedimientos y acciones destinados a dichos fines, o para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y a los municipios.

 

El capítulo tercero, por otra parte, se refiere a la Intervención de las autoridades y fuerzas federales, como Instituciones policiales Federales, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que se deriva de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, para desempeñar acciones de seguridad interior en todo el territorio nacional, y bajo el mando de en un comandante designado por el presidente, y en colaboración con las autoridades locales.

 

Invito al lector a consultar este capítulo de la ley, que constituye el segundo pilar de las políticas y estructura de la seguridad interior, y cuyo contenido se interpreta de manera más extensa, en las posibilidades de actuación del presidente de la república y las autoridades federales, que lo que el propio texto determina.

 

El capítulo cuatro, se refiere a la inteligencia para la seguridad interior. Inteligencia es uno de los temas innovadores surgido en años recientes, el más importante y delicado en cualquier actividad humana, individual y colectiva, que pretenda ser exitosa. Inteligencia es, en pocas palabras, recabar la más adecuada y mayor información disponible sobre un tema determinado, ordenándola y procesándola para la toma de decisiones. En la ley se determina textualmente que “las acciones de seguridad interior se apoyarán en procesos de inteligencia, realizados por órganos y unidades previstos en las leyes respectivas”, y por las fuerzas federales y Fuerzas Armadas. Dejamos al lector elaborar sus propias conclusiones de un texto legal de tres artículos y no más de 13 renglones.

 

Finalmente están los capítulos quinto y sexto, que se refieren al control de las acciones de seguridad interior y de responsabilidades, que respectivamente remiten a la línea jerárquica de mando militar, que tiene como cúspide única al presidente y al Sistema de Responsabilidades y del Sistema Nacional Anticorrupción. Este último también motivo de debate y de reacciones sociales, por cierto, en ambos casos, están excluidas las Fuerzas Armadas.

 

Declaratoria de protección a la seguridad interior

 

Dejamos al último unas palabras para la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, que se encuentra establecida en el capítulo segundo y que en nuestra opinión, es a la vez, el pilar fundamental y más criticable de la Ley de Seguridad Interior.

 

Para que las Fuerzas Armadas puedan realizar acciones de seguridad interior en el territorio nacional y en entidades federativas, es necesaria la expedición de una Declaración de Protección de Seguridad Interior, debiendo saberse que estas acciones son “aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, orientadas a identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior”, como lo marca el artículo 4, fracción II, o sea, las  amenazas a la seguridad interior son los riesgos y amenazas a la seguridad interior. Bonita manera de explicar un vocablo o término, repitiéndolo.  

 

De acuerdo con la ley, las amenazas de seguridad nacional son; a), las que afecten los principios establecidos en su artículo 3 fracción II, siendo la “racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad” de la seguridad nacional; b), “las contenidas en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que tienen su origen en territorio nacional”; c), “las emergencias o desastres naturales en un área o región geográfica del país; las epidemias y demás contingencias que afecten la salubridad general”; y d), “las que afecten los deberes de colaboración de las entidades federativas y de los municipios en materia de seguridad nacional”; relacionados directamente con el asunto que nos ocupa.

 

Según el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, las principales amenazas  relacionadas directamente con el tema son; I), los “actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio”; III), “actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada”; X), “todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas”; XI), “actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia”, y; XII), “actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos”. Destacan estas fracciones por su relación directa con la materia y por su relación con el indefinido concepto de seguridad interior, en el entendido de que también se relacionan con la seguridad pública.

 

Dejo al lector desarrollar su opinión sobre las causales de una Declaración de Protección de Seguridad Interior, es decir, las amenazas a la seguridad nacional. Corresponde señalar que las principales se encuentran en una ley diferente, y que también se catalogan como causales de inseguridad pública; así como, que la ley en cuestión incluye reiteradamente, en éstas, la incompetencia de los gobiernos estatales en el cumplimiento de sus “deberes de colaboración… en materia de seguridad nacional”, y que las multicitadas amenazas comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderlas; lo cual otorga un amplio margen de actuación a las autoridades federales y al presidente para justificar la expedición de declaratorias.

 

Finalmente comentaré que la declaración será expedida mediante el confuso procedimiento establecido en el artículo 12, en el que se plantean más problemas que los que resuelve. Asimismo, señalo que el presidente puede expedir prácticamente de modo propio la declaración, porque la ley no le establece ninguna restricción, lo que no es el caso de las entidades federativas, que para solicitarla deben cumplir con seis complicados requisitos.

 

A manera de conclusión

 

Como puede apreciarse, y como he señalado, la ley genera más preguntas y problemas que lo que pretende regular; su falta de claridad, lagunas y contradicciones, hacen posible que sean lógicas y validas respuestas contradictorias que la desaprueban y la aprueban; dejando sin resolver lo que plantea el título de esta aportación: la Ley de Seguridad Interior, ¿es buena o mala?, ¿perjudica o beneficia?

 

Samuel Espejel Díaz González

Maestro en Derecho Electoral por el Instituto “Prisciliano Sánchez” del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Diplomado en Administración Pública, realizado en el Instituto Internacional de Administración Pública de París, Francia. Estudios de Doctorado de Tercer Ciclo en Administración Pública y de Doctorado de Universidad en Ciencia Política, realizados en la Universidad de París II, Sorbona. Ha ocupado diversos cargos públicos, entre los que destacan; Abogado General de la UAEM, Presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México y Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de México. Cuenta con diversas publicaciones de capítulos de libros y artículos especializados. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM.

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