Acerca de la controvertida Ley de Seguridad Interior

12/03/2018

 

 

Gran polémica ha generado la controvertida Ley de Seguridad Interior, las posiciones a favor o en contra han polarizado la opinión y en consecuencia, desorientado a la población en general, carente de información que permita verazmente comprender qué es dicha Ley, qué implica, por qué surge, qué se espera de ella, cuál es su impacto en la población, etc. Así pues, ante la importancia que representa su promulgación, es indispensable describir los aspectos básicos de la misma, desde una perspectiva ciudadana y apolítica, que permita comunicar y orientar objetivamente a la población en general.

 

Debe quedar claro que una de las funciones del Estado es preservar la seguridad del interior, así como su coordinación y gestión en los tres niveles de gobierno; federal, estatal y municipal.

 

La seguridad del interior debe verse como una condición que es responsabilidad del Estado, por lo tanto, debe proporcionarla para salvaguardar la vida y permanencia de las instituciones, así mismo, generar el desarrollo del país mediante el Estado de Derecho. En consecuencia, el Estado deberá establecer los organismos, procedimientos y acciones que auxilien y protejan a los tres niveles de gobierno, de cualquier situación que ponga en riesgo o comprometa la seguridad nacional. En este sentido, es competencia de las autoridades federales en coordinación con los demás órganos de gobierno; prevenir, identificar, atender, reducir o contener cualquier amenaza que ponga en riesgo la condición de seguridad interior, ésta última es considerada como parte integral de la Seguridad Nacional.

 

Se puede precisar que la Ley de Seguridad Interior, es un conjunto de leyes que definen la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en nuestro país, y detalla las situaciones en las que pueden intervenir. Precisamente por esto último la Ley ha sido criticada ampliamente, pues supone la violación a los Derecho Humanos.

 

La controversia se origina por que la Ley de Seguridad Interior enlista las acciones consideradas como amenazas a la seguridad nacional; pero al mismo tiempo, se presumen, no se establecen; los protocolos de actuación. Sobre el particular se debe recordar que desde hace 11 años, el Ejecutivo dispone de las fuerzas armadas como cuerpos policiales. En 2006 el expresidente, Felipe Calderón, ordenó el despliegue de miles de soldados en Michoacán para combatir a los cárteles del narcotráfico. Luego fueron otros estados y desde entonces, más de 750 mil efectivos del Ejército y la Armada, han sustituido a la policía en cientos de municipios del país; durante todo este tiempo, se había condenado la falta de una ley que regulara la actuación de las fuerzas armadas, en actividades de seguridad pública, pues no contaban con el respaldo legal para actuar en equidad, al grado de ocasionar inestabilidad en la maltrecha condición de seguridad.

 

En ciudades del norte del país, en especial de Nuevo León, la intervención de las fuerzas armadas fue vital para restaurar la condición de seguridad de la población civil. Como podemos observar, los hechos están ahí, en el pasado reciente; no es la Ley la que violenta, bajo ningún concepto, los Derechos Humanos y la gobernabilidad democrática del país.

 

No debe perderse de vista que las fuerzas armadas tienen la misión de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación mexicana, además de garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población en casos de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y en casos de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio a las personas, resguardar sus bienes y contribuir a la reconstrucción de zonas afectadas.

 

Al día de hoy existen más de dos mil quinientos puntos de interacción directa entre la población y las fuerzas armadas; como comprenderemos, su presencia en el día a día y su relación con la población del país es evidente, y por supuesto, real. Debe precisarse que muchos creen que con la Ley de Seguridad Interior se otorgarán más atribuciones a las fuerzas armadas; por otro lado, hay que combatir la creencia que otros parecen tener, al considerar que nuestras fuerzas armadas, sólo deben tener funciones ornamentales en el desfile del 16 de septiembre.

 

En consecuencia, el cambio de paradigma es inminente, la resistencia al cambio aflora aparentemente desde las mismas organizaciones civiles, por miedo, ignorancia, posición, etcétera. Pero una realidad que debe atenderse, es que las amenazas internas en materia de seguridad se transforman rápidamente, y hoy en día no se cuenta con legislaciones para enfrentarlas. El reclamo por todo lo que creemos que nos corresponde, o lo que consideramos un derecho, debe ser proporcional al cumplimiento de nuestras obligaciones ciudadanas; urge informarnos, no sólo leer los medios que nos confirman lo que creemos saber, ya que eso no es información, es perpetuar la ignorancia al asumir que lo escuchado es verdad.

 

Atendamos y analicemos los artículos 1,7,8,9,10,16,21,22 y 26 de esta Ley, así como los cambios que propuso el Senado, para que seamos nosotros, de origen, quienes nos informemos y demos otra cara a un análisis y debate más responsables, pues opinar en función de los encabezados que se leen, aquí y allá, y del desorientador vídeo que circula en redes sociales, en el que actores y otras personalidades, piden que detengamos una Ley mediante argumentos simples, carentes de crítica objetiva.

 

Alfredo Farías Arias

Doctor en Filosofía en Ciencias de la Administración por la Universidad Internacional de Bruselas, Bélgica.

Fundador y Director General del Centro de Estudios en Alta Dirección A.C.

fariascad@gmail.com

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