¿CUÁLES AMENAZAS DE SEGURIDAD INTERIOR TIENE MÉXICO?

12/03/2018

 

 

¿Cuál es el objetivo de la Ley de Seguridad del Interior?, su artículo primero dispone que se sentarán las bases de juridicidad, orgánicas, funcionales, de responsabilidad y coordinación existentes ente las instituciones y autoridades encargadas de preservar la seguridad y las Fuerzas Armadas, como el CISEN, la SEDENA, MARINA, la PGR, la PF y la Fuerza Aérea; para la planificación, intervención y preservación de la seguridad interior, es decir, en este momento, ¿las autoridades encargadas del orden en México no cuentan con esas bases?

 

En el artículo quinto de la ley, se establece que se entenderá por seguridad interior, “toda actividad del Estado que le asegura a la nación una garantía contra las amenazas y presiones que se manifiestan dentro del territorio nacional”.

 

Actualmente, ¿qué representa una amenaza de seguridad interior en México?

 

En el artículo octavo la ley señala que serán consideradas amenazas de seguridad interior aquellas acciones que superen las capacidades de las autoridades competentes de forma continua, como: actos emanados de grupos delincuenciales que rebasan la capacidad de control o manejo del Estado, y  que ponen en riesgo la vida y bienestar de la población en general; acciones que ponen en peligro la estabilidad y continuidad de las instituciones, en menoscabo del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática; fenómenos de origen natural, biológico o antropogénico que afecten y pongan en peligro la integridad y desarrollo de la sociedad; y todas aquellas acciones que pretendan vulnerar la paz social, el patrimonio nacional, la seguridad nacional y el orden interno.

 

El artículo noveno menciona que las autoridades, locales, municipales y federales, implementarán acciones y estrategias para identificar, y en su caso atender, las amenazas desestabilizadoras de seguridad interior y orden interno.

 

Aquí surge otra interrogante ¿qué podemos considerar amenazas desestabilizadoras de seguridad interior y de orden interno?

 

Los artículos décimo primero y décimo segundo, establecen que el presidente de México, de manera oficiosa, emitirá una Declaratoria de Afectación a la Seguridad Interior cuando se presente alguna de las situaciones previstas en el artículo ocho, o a petición de algún gobernador o del Jefe de Gobierno de la CDMX, así como de la mayoría de los integrantes del Senado de la República.

 

Las peticiones realizadas deberán especificar como mínimo;  análisis y evaluación de la situación que se trate; definir el alcance geográfico de donde se presenta la amenaza; áreas y autoridades que presentan insuficiencia operativa y técnica para hacer frente a la situación; e Información que aporte elementos para la identificación de los grupos y personas generadores de la amenaza.

 

Ahora bien, en caso de que el Ejecutivo Federal emita una declaratoria de afectación a la seguridad interior; deberá contener, como mínimo, la identificación clara y precisa de la amenaza a la que se tiene que hacer frente, el ámbito geográfico de actuación, el tiempo en el que las Fuerzas Armadas brindarán acciones de apoyo, la autoridad encargada de la coordinación e implementación de las acciones, las acciones y estrategias que se implementarán durante el tiempo que dure la declaratoria, y el grado de participación de las Fuerzas Armadas.

 

Sólo en esos casos y una vez emitida la declaratoria de afectación a la seguridad interior, cuando las capacidades de las instituciones de seguridad pública federales y locales sean rebasadas, y se sustente ampliamente la necesidad de su participación, las Fuerzas Armadas podrán iniciar las acciones en función de la seguridad interior, en el lugar y tiempo previamente establecidos, y será su responsabilidad preservar el lugar de los hechos, dando intervención de ello al agente del Ministerio Público.

 

Para ello se designará un comandante de las Fuerzas Armadas, encargado de dirigir y coordinar las acciones que se describan en un protocolo de actuación, mismo que deberá establecer las responsabilidades y los canales de actuación que permitan la colaboración entre autoridades militares y civiles, que para tal efecto emita el Secretario de Gobernación.

 

Las Fuerzas Armadas podrán auxiliar al Ministerio Público en las tareas que éste les asigne, en tareas de investigación y persecución de los delitos, detención de personas o aseguramiento de bienes relacionados con las diligencias de investigación, de acuerdo a los lineamientos previstos en el marco jurídico federal aplicable.

 

Las policías estatales y locales podrán solicitar el apoyo de efectivos de las Fuerzas Armadas por medio de los canales de comunicación cuando se trate de situaciones de extrema urgencia, sin que su participación, fuera de los límites geográficos establecidos en el protocolo, resulte en una violación a las atribuciones que esta ley les confiere.

 

La Ley de Seguridad Interior también establece que los efectivos de las Fuerzas Armadas que participen en acciones de seguridad interior tienen derecho a recibir la capacitación necesaria para desarrollar actividades inusuales dentro de los cuerpos a los que pertenecen, sin que ello signifique la distracción de las actividades propias del servicio armado.

 

Incluso en el artículo 28 de la propia Ley, se contempla que las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas podrán disponer de la información que generen sus propias áreas de inteligencia en materia de seguridad interior, siempre en salvaguarda del derecho a la protección de datos personales y demás elementos que pudieran señalarse como acciones de invasión a la intimidad.

 

Los presidentes deberán otorgar la información necesaria para complementar el diseño de los protocolos en materia de colaboración con las Fuerzas Armadas, en caso de una Declaratoria de Afectación a la Seguridad Interior; de mucho servirá la información que aporten los alcaldes, pues son ellos los que cuentan con los datos precisos respecto a la afectación de seguridad de sus localidades.

 

El comandante designado para coordinar las acciones de seguridad interior con autoridades federales y locales, deberá informar al presidente los avances y problemáticas que se presenten en la aplicación de protocolo de intervención, en la ubicación geográfica correspondiente; por medio del Secretario de Gobernación, a quien deberá entregar un informe, al menos cada quince días, a partir del inicio de las actividades derivadas de una Declaratoria de Afectación a la Seguridad Interior.

 

Por último, el proyecto de ley establece que las contingencias derivadas de afectaciones a la seguridad interior, deberán ser resueltas con los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos anuales, tanto para entidades federativas y municipios, como para dependencias federales que participen en actividades de seguridad interior.

 

Ahora bien, si consideramos que los actos emanados de grupos delincuenciales, que por mucho superan la capacidad de control o manejo de los estados, es lo que pone en riesgo la vida y bienestar de la población en general, la oficialía de partes de la Secretaria de Gobernación tendrá una fila muy larga con varios gobernadores que bajo el brazo llevaran su propuesta para que se declare la afectación a la seguridad interior en sus estados.

 

Surge otra interrogante, ¿qué facultades tendrá el comandante de las Fuerzas Armadas designado?

 

Como referencia tenemos lo que ocurrió en Michoacán, el 15 de enero de 2014, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en esa entidad.

 

Ahí la amenaza debidamente identificada, clara y precisa a la que había que enfrentar, era la organización criminal de “Los caballero templarios”, o al menos eso fue lo que se determinó en el citado decreto, ya que en varios municipios se presentaron manifestaciones de debilidad institucional, lo que propició diversas expresiones violentas de la delincuencia organizada y de otros grupos armados, que mermaron el Estado de Derecho.

 

Ante la amenaza referida y por petición de diversos alcaldes, el entonces gobernador, Fausto Vallejo, solicitó formalmente el apoyo del gobierno federal, con el objeto de enfrentar la situación de violencia e inseguridad. De esta manera, el 13 de enero de 2014, el Ejecutivo Federal, por conducto del Secretario de Gobernación y el estado de Michoacán, a través de su gobernador; suscribieron el Acuerdo de Coordinación, con objeto de establecer las bases para que la administración federal brindara apoyo temporal en materia de seguridad pública a esta entidad, ello a fin de restablecer la seguridad y el orden público.

 

En virtud de lo anterior se creó la comisión, que fungiría como un órgano administrativo desconcentrado que fuera el conducto para que el Secretario de Gobernación, a través de su Comisionado Alfredo Castillo Cervantes, coordinara y ejecutara las acciones necesarias para el cumplimiento de las instrucciones del Ejecutivo Federal, con el fin de auxiliar a las autoridades estatales o municipales, en la protección de la integridad física de las personas y la preservación de sus bienes; y reforzar la tarea policial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas por la amenaza que representaban los caballeros templarios.

 

Recordemos que el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, debía atender no sólo la problemática en la entidad, sino también al desarrollo político, social y económico.

 

Entre otras, este comisionado tenia las facultades de fortalecer la seguridad del estado con el apoyo de la fuerza pública federal; coordinar a las delegaciones de las dependencias, entidades e instituciones del Poder Ejecutivo Federal, que ejercerían funciones en dicha entidad, toda vez que el resultado esperado era la consolidación institucional del orden jurídico. Además, el comisionado podía formular y ejecutar políticas, programas y acciones orientadas a la

reconstrucción del tejido social.

 

Una de las facultades que debe resaltarse, es que el comisionado podía solicitar al Secretario de Gobernación la designación o remoción de los servidores públicos, además contaba con la facultad de recibir a los delegados, comisionados y demás servidores públicos de las dependencias, entidades e instituciones del Poder Ejecutivo Federal; tenia asimismo el poder de acordar los asuntos de su competencia con el titular de Gobernación y, cuando era necesario, con los titulares de las demás dependencias federales.

 

El Comisionado Nacional de Seguridad y el Comisionado General de la Policía Federal deberían prestar el apoyo con recursos humanos, materiales, financieros, técnicos y presupuestarios que solicitara el comisionado. Se le facultó además para celebrar todo tipo de convenios y acuerdos de coordinación y colaboración con las autoridades locales y municipales en Michoacán.

 

La verdad, el comisionado nombró a todos los delegados federales de la administración pública, así como a la mayoría de los altos funcionarios de Michoacán; es decir, el gobernador prácticamente se convirtió en observador de la comisión.

 

Ahora bien, parte del “éxito” se debió a que fueron mandos civiles quienes tomaron las riendas de la coordinación, acciones de apoyo y auxilio de las instituciones federales de fuerza pública, y de las autoridades locales y municipales, como se estableció en decreto presidencial de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán.

 

En los 50 municipios más violentos registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el año 2017, casi todos, en algún momento, han tenido o tienen a militares como responsables de la seguridad, y en casi todo el país la seguridad cuenta con mandos y secretarios de seguridad pública militares y los resultados han sido nada favorables.

 

En mi opinión, uno de los errores que presenta la Ley de Seguridad Interior, es que se haya determinado que el comandante o encargado de dirigir y coordinar las acciones, sea un elemento de las Fuerzas Armadas, pues la experiencia nos ha enseñado que son pocos los resultados y si altas las quejas y violaciones a los derechos humanos, cuando un militar toma las riendas de la seguridad pública.

 

Además, la SCJN ha sostenido en la tesis de jurisprudencia del Pleno, identificada como P./J. 36/2000; que es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública. Pero ello, de ningún modo pueden hacerlo "por sí y ante sí", sino que es imprescindible que lo realicen a solicitud expresa, fundada y motivada, de las autoridades civiles, pero además que sus labores de apoyo se encuentren subordinados a ellas.

 

Porque no debe ser un Comandante de las Fuerzas Armadas el encargado de dirigir las acciones de seguridad interior en México.

 

Iván Casas

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