Madres y niñxs primero… pero no en los apellidos

“Los padres contrajeron matrimonio, de dicha unión nacieron sus hijas A y B, el 26 de marzo de 2014. Debido a que su peso fue menor a un kilogramo, las menores fueron clasificadas como prematuras. En atención a lo anterior, permanecieron 3 meses en el área de cuidados intensivos del Instituto Nacional de Perinatología. Otra de las consecuencias de lo anterior fue la necesidad de brindar cuidados especiales y de restringir la exposición de las menores al medio ambiente. En ese contexto, los padres acudieron al Juez 42 del Registro Civil, ubicado en la delegación Miguel Hidalgo, a registrar a las menores”.

 

 

Así comienza la sentencia de amparo en revisión 208/2016 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resuelve sobre el orden de los apellidos de las y los menores; lo que nos hace recordar que los derechos humanos no son un concepto abstracto, sino que intervienen cotidianamente en los aspectos más íntimos de las vidas de las personas.

 

Ante la situación de gravedad de sus hijas, los padres no pudieron esperar y tuvieron que registrarlas conforme lo establecía el Código Civil del entonces Distrito Federal. Sin embargo, posteriormente se inconformaron, a través de un amparo, contra del Congreso de la Unión, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Secretario de Gobernación, el Director del Diario Oficial de la Federación, la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno capitalino, el Secretario de Gobierno local y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal, como órgano difusor de la Gaceta Oficial; por haber participado en el proceso legislativo que dio origen al artículo 58 del Código Civil para el Distrito Federal, que impedía que el apellido de la madre ocupara el primer lugar en el nombre de sus hijas. Así también, se ampararon contra el Director del Registro Civil que les atendió, por negarles el derecho a elegir el orden de los apellidos.

 

Lo que se defendía en el amparo era el derecho a la igualdad y no discriminación de las mujeres en relación con los hombres, pues el orden previsto por la norma obedecía a “formulismos patriarcales” que no eran justificables. Así también se consideraba que se transgredía el derecho al nombre, pues se impedía su construcción conforme a la autonomía de la voluntad de las personas.

Casi un año después de ir de juzgado en juzgado porque nadie asumía la competencia para conocer el asunto, finalmente el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, admitió a trámite la demanda de amparo, y posteriormente declaró inconstitucional el artículo del Código Civil mencionado.

 

El juez reconoció que el Código Civil era discriminatorio contra las mujeres y reforzaba los estereotipos que denigran al género. Asimismo, expuso que históricamente se ha utilizado el apellido paterno en primero lugar, para connotar la propiedad del hombre sobre la familia.

Pese a obtener una resolución favorable, ésta no llegó a ser el final del camino para lograr que el apellido paterno no sea el único que pueda transmite a los hijos y las hijas. En primer lugar, debido a que el amparo solamente les beneficiaba a ellos y no al resto de madres y padres, otros interesados debían tramitar su propio amparo para gozar de la misma posibilidad. En segundo lugar, porque el Jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa se opusieron al amparo y pidieron su revisión ante los Tribunales.

 

El asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde con cuatro votos a favor, emitidos por los ministros de la primera sala, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández; se confirmó el amparo tanto a los padres como a las hijas para la elección del orden de sus apellidos. Por su parte, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena negó su voto favorable.

En consecuencia, el 24 de octubre de 2017, se reformó el Código Civil para el Distrito Federal. La reforma quedó de la siguiente manera:

 

 

Con ello existe la posibilidad de que en todos los nacimientos que se registren en la ahora Ciudad de México, se pueda elegir el orden de los apellidos, sin necesidad de promover un amparo.

 

Como dato curioso, el Código actual también establece que el Juez del Registro Civil deberá exhortar a quien registre al menor, para que no le ponga un nombre que resulte peyorativo, discriminatorio, infamante, denigrante, carente de significado, o que constituya un signo, símbolo o siglas; o bien que exponga al registrado a ser objeto de burla.

 

Edith Itzén Mercado Gómez, México

Cursó el Seminario de Derechos sexuales y reproductivos del CIDE, donde también estudió la Licenciatura en Derecho.

Coordinadora de la sección de política de la revista Pensamiento Libre.

edith.mercado@revistapensamientolibre.com, @edithitzen

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