Posicionamiento ante los acontecimientos en Cataluña


Estimado amigo,


Colegas españoles nos han facilitado su e-mail para explicar a la comunidad académica internacional lo que ocurre en España.


Como saben, vivimos tiempos difíciles. Para entender cómo se ha llegado hasta aquí hemos de explicar que Cataluña, una de las regiones más ricas de España, ha sido gobernada durante más de tres décadas por una élite nacionalista que ha puesto todo su empeño en construir una administración catalanista donde todo lo que recuerde a España desaparezca. Durante ese tiempo han impuesto la voluntad de la mitad de los ciudadanos catalanes, los nacionalistas, sobre la otra mitad. Y hoy lo hacen con más fuerza que nunca, amenazando inminentemente con separar a Cataluña de España.


Construcción nacional. Un documento interno del Gobierno nacionalista catalán, de 1990, detalla minuciosamente la estrategia para distorsionar la realidad social. Los sucesivos gobiernos autonómicos han promovido el acceso de nacionalistas y catalano-parlantes, al profesorado, a las asociaciones de padres de alumnos, a los órganos rectores de las universidades, a los altos cargos de los medios de comunicación y, en fin, a todo el tejido funcionarial, social, empresarial y sindical.


Así se explica también la “espiral del silencio” que ha ocultado y acallado durante décadas a más de la mitad de los ciudadanos catalanes. Por eso es hora de hacer presentes a estos trabajadores, públicamente ausentes, que no quieren perder sus derechos en Cataluña y sus vínculos familiares con España. La realidad social catalana, negada por el nacionalismo, es plural. Primero porque más de la mitad de los catalanes tiene el español como lengua materna. Segundo, porque ni siquiera hay una mayoría política nacionalista: el Gobierno separatista se apoya en una mayoría de escaños, no en una mayoría de votos.

Corrupción y desconexión política. Pese a todo, el Parlamento autonómico declaró el 8 de noviembre de 2015 el “inicio de la creación del Estado catalán independiente en forma de república”, y añadió que “el Parlament y el proceso de desconexión democrática no se supeditarán a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional”. El 6 de septiembre rebasaron todos los límites. Prescindieron incluso de las mayorías que exige su propio Estatuto de autonomía, de las garantías, de los informes preceptivos de sus instituciones e incluso prescindiendo de los plazos del debate parlamentario, abonaron el terreno legislativo para la ruptura. En ausencia de los principales partidos de la oposición, casi la mitad del hemiciclo, aprobaron dos leyes para la “desconexión” con España: la Ley para el referéndum o la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que entrará en vigor, dicen ellos, tras romper la soberanía. En las próximas horas o días.

En 2010, el independentismo concitaba en Cataluña el apoyo del 19 por ciento de la población; y en 2003 tan sólo el 10. Al proceso de ruptura descrito se llegó tras una radicalización que empezó a dispararse en 2013. En marzo de ese año, el prolongado descontento por los recortes seguidos a la crisis económica fue reconducido contra España. “España nos roba”, aseguraba Convergencia i Unió, el partido en el poder. Con ese ardid quisieron tapar la trama de corrupción de la familia de Jordi Pujol, ideólogo de la construcción nacionalista y Presidente de Cataluña entre 1980 y 2003. Salió a luz la financiación ilegal de su partido, mediante concesiones de contratos públicos a empresarios afines. El actual Presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, formaba parte de este partido, que hoy ha cambiado de nombre a PdeCat para borrar el rastro.


Las implicaciones de la soberanía. Lo propio de la soberanía, y por eso ésta se declara indivisible en todas las Constituciones del mundo, salvo raras excepciones como Etiopía o la antigua URSS; es que todo es de todos, sin que nada sea de nadie. Una soberanía es una unidad de decisión, es una comunidad de justicia. Nadie puede votar quién pertenece a la comunidad política, pues esto implicaría que una parte de la población puede excluir a la otra. Si las regiones más ricas pudieran votar irse estaríamos sometidos a su perpetuo chantaje y peligraría la igualdad de derechos y obligaciones. La soberanía sobre Cataluña pertenece también al resto de ciudadanos y trabajadores españoles; así como el resto de España es también propiedad política de los catalanes.


Historial de falsos agravios. Cataluña no es una región expoliada. Madrid tiene el doble de déficit fiscal. España es en la práctica un Estado federal y los catalanes disfrutan de un amplísimo autogobierno y no tienen vulnerado ningún derecho. Es más, pese a ser minoría, quienes tienen el catalán como lengua materna, incumplen sentencias de nuestros altos tribunales, que obligan a impartir al menos 25 por ciento de clases en español, en los colegios públicos catalanes no se imparte en español, más que la asignatura de Lengua española. Por otra parte, nunca hubo una guerra de secesión en los años posteriores a 1700, sino una guerra internacional de sucesión al trono. Nunca hubo ningún episodio histórico de “España contra Cataluña”. Su estrategia siempre ha sido inflamar el victimismo.


Internacionalización del conflicto. El gobierno independentista utiliza desde hace muchos años, instituciones propias, sitas en las principales capitales internacionales, para difundir al mundo sus mentiras y falsos agravios; desvía ilícitamente fondos a actividades de propaganda que tenían que haberse aplicado a la cobertura de servicios básicos. Así esperan haber ganado aliados para este momento de tensión. Necesitan esos apoyos para ganar políticamente lo que no es democráticamente viable.


Riesgos para nuestra democracia. Hoy se habla mucho de “intermediación” y de “diálogo”. Nos preocupa que haya personalidades públicas o instituciones internacionales prestigiosas que, con la mejor intención, no se den cuenta de que apelar al diálogo, en las actuales circunstancias, puede en realidad presionar al Gobierno de España para ceder a inicuas reivindicaciones que buscan romper la igualdad de los españoles ante la ley. La paz social y las libertades son ahora lo más urgente; pero también está en juego la democracia y el pacto solidario en que ésta se basa. Creemos que el Estado de Derecho y sus instituciones, cuya salvaguarda es tarea del Gobierno de España, merecen ahora el respaldo internacional para no ceder al chantaje y preservar la legalidad en Cataluña, frente a quienes cantan en las manifestaciones que “las calles serán siempre nuestras”. Los secesionistas anteponen las imágenes de movilización en las calles a la aritmética parlamentaria y a la ley; y eso es un riesgo evidente para cualquier democracia. Basta con ver quiénes son sus aliados. Por eso rechazamos de plano una hipotética bilateralidad España-Cataluña, que premiaría a los sediciosos y arrebataría al resto de españoles su soberanía democrática.


Principio de legalidad. Por último, no deberíamos olvidar que el mal llamado ‘referendum’ del primero de octubre, que transcurrió con incontables irregularidades que invalidan cualquier atisbo de credibilidad. Estaba prohibido por nuestro Tribunal Constitucional, del mismo modo que lo hicieron el Tribunal Constitucional italiano ante la pretensión soberanista del Véneto, en 2015; o el alemán, ante la acometida de Baviera, en 2016. Por lo demás, y a diferencia de lo que ocurre en estos dos países, o en Francia y Portugal; nuestra Constitución no es militante, y entre las posibilidades de reforma podría concebirse, la de un federalismo que regule el ejercicio de la autodeterminación. A muchos de los firmantes, una reforma en ese sentido nos parecería injusta por contravenir la indivisibilidad que, como hemos trat