Choque de trenes por la autodeterminación de Cataluña


La realización del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre (1-O), ha abierto una crisis de estado de grandes dimensiones, donde el choque de legalidades y de legitimidades entre Cataluña y el Estado español está servido. Pero, ¿cómo se ha llegado hasta aquí?


El recorte del Estatuto de autonomía


Bajo el lema “Somos una nación. Nosotros decidimos” arrancó la manifestación del 10 de julio de 2010 contra la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) y en defensa del derecho a decidir de Cataluña. Una movilización histórica donde los políticos se vieron sobrepasados por miles de personas, en lo que representó un punto de inflexión en las relaciones entre Cataluña y el Estado español. Una sentencia del TC en respuesta al recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP y que añadió nuevos recortes a un Estatuto de autonomía ya diluido por el PSOE de Zapatero con la connivencia de Convergencia i Unió (CiU).


Meses después de esta multitudinaria manifestación se celebraron elecciones en el Parlament de Cataluña, donde Artur Mas ganó los comicios liderando la candidatura de CiU, con la que obtuvo una mayoría suficiente para, esta vez sí, conseguir el gobierno de la Generalitat. El autodenominado “gobierno de los mejores” aplicó rigurosamente el dogma neoliberal, con el apoyo de los populares para los presupuestos de 2011 y 2012. No obstante, y a pesar de este apoyo mutuo entre convergentes y populares, la propuesta estrella de Artur Mas de Pacto fiscal, la cual tenía el apoyo del Parlament de Cataluña, no fue atendida por el gobierno de la mayoría absoluta del PP y, Mariano Rajoy trasladó que no había margen para negociar esta propuesta.


Después de la frustración del Estatuto y de la negativa al Pacto fiscal, los acontecimientos se precipitaron y el apoyo a la independencia y al derecho a decidir de los catalanes y catalanas aumentó exponencialmente. Las consultas de ámbito municipal, no vinculantes, sobre la independencia de Cataluña iniciadas en Arenys de Munt en el 2009 se reprodujeron por todo el territorio, en diciembre de 2011 se creó la Asociación de Municipios por la Independencia y en marzo de 2012 tuvo lugar la asamblea constituyente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Desde entonces, cada 11 de septiembre las manifestaciones han sido multitudinarias, mostrando al mundo la potencia del movimiento soberanista catalán.


Del 9N al 27S


La consulta pactada, sobre el futuro político de Cataluña, con las fuerzas parlamentarías catalanas favorables al derecho a decidir y, prometida por Artur Mas en su programa electoral, fue rebajada y diluida en el llamado “Proceso de participación ciudadana” del 9 de noviembre (9N) de 2014. El “Sí” a la construcción de un Estado independiente ganó con más de 1.8 millones de votos. Esta jornada participativa fue un éxito gracias a la masiva movilización popular y constató que, con todo y las prohibiciones, amenazas y boicots, los y las catalanas están dispuestas a desobedecer para decidir su futuro. No obstante, el proceso participativo no era vinculante, y la hoja de ruta del independentismo derivó en otra convocatoria electoral para el 27 de septiembre de 2015 (27S), en una nueva fecha “histórica” donde se celebraron unas supuestas elecciones plebiscitarias, con la independencia como punto central.


Una participación histórica de más del 77 por ciento, una atención mediática y política internacional, sin precedentes, y unos resultados que otorgaron una mayoría amplía de escaños, pero no de votos, favorables a la independencia de Cataluña, fueron el desenlace de las elecciones del 27S. Los resultados legitimaron la puesta en marcha de la hoja de ruta independentista, pero esta no sería fácil de articular, ya que entre otras condicionantes, Junts pel Sí (1) necesitaría del apoyo de la izquierda independentista y anticapitalista de la CUP. El paso al lado de Artur Mas, la toma de posesión de Carles Puigdemont como nuevo presidente de Cataluña y la aprobación por el Parlament de la resolución de inicio del proceso político hacia la independencia, abrieron la nueva legislatura.


Referéndum o referéndum


Superada la cuestión de confianza y aprobados los presupuestos, el presidente Puigdemont hizo pública la propuesta de “referéndum o referéndum” para rehacer la unidad de las fuerzas independentistas y acercar a otras fuerzas soberanistas favorables al derecho a decidir. La propuesta era muy clara: o referéndum pactado con el Estado español o referéndum unilateral en base a la legalidad catalana.


La operación diálogo sólo sirvió para constatar la negativa de los populares a negociar la posibilidad de realizar un referéndum pactado, a la vez que para tejer alianzas entre los populares y las autodenominadas fuerzas constitucionalistas como el “nuevo” PSOE y Ciudadanos, defensoras a ultranza del régimen político del 78. La situación evidenciaba la imposibilidad a medio plazo de una mayoría en el Congreso favorable a un referéndum pactado. En este contexto, apoyar el 1-O fue la única alternativa democrática para avanzar en el anhelo de la mayoría de los y las catalanas de decidir su futuro como pueblo. En un contexto cada vez más complejo, lleno de dudas e incertidumbres, el ejecutivo catalán afrontó la recta final hacia la convocatoria del referéndum, aprobando el Parlament de Cataluña la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica. El Procés soberanista catalán entraba en una nueva fase decisoria de no retorno.


1-O, represión frente a democracia


Cerrar webs, amenazar alcaldes, registrar medios de comunicación, detener cargos públicos, prohibir actos políticos, intervenir las finanzas catalanas y suspender “de facto” el autogobierno de Cataluña, configuran un ataque a las libertades y a la democracia, en un intento del PP de evitar que la gente vote. Un uso indiscriminado de los tribunales y de la policía para resolver un conflicto político. Una situación que comporta un estado de excepción, y que abre un camino de involución democrática del Estado español que recuerda a tiempos oscuros del pasado. No obstante, la ciudadanía ha salido masivamente a las calles, el gobierno catalán no retrocedió en la convocatoria del 1-O, y obedeció así el mandato, auto enmendado, de las elecciones del 27S y a la nueva legalidad catalana.