Protección Civil, juventud y liderazgo social

06/11/2017

 

Recientemente los mexicanos volvimos a experimentar la necesidad de amparo, socorro y seguridad; buena parte de la población de nuestro país se ha visto, otra vez, afectada por fuerzas naturales de huracanes y sismos, con efectos de inundaciones y derrumbes de edificaciones, principalmente destinadas a casas habitación.

 

Nuevamente, el término “Protección Civil” estuvo en el clamor de los connacionales afectados por esos desastres; de modo significativo, las organizaciones sociales de socorro estuvieron nuevamente a la vanguardia en la reacción, desde luego, con el acompañamiento de dependencias y organismos oficiales que, ahora sí, y no como hace poco más de tres décadas, cuando la subestimación de tragedias y emergencias determinaron la participación social en el auxilio y apoyo a las víctimas, en todos sentidos.

 

La protección civil instituida en el orbe, puede afirmarse, es de reciente cuño; fue apenas hace casi siete décadas, el 12 de agosto de 1949, cuando el Tratado de Ginebra de 1864 tuvo una adenda, pues mediante el respectivo protocolo, la Comunidad Internacional convino la protección a las víctimas de los conflictos armados internacionales, con lo que se otorgó a la Cruz Roja otra tarea complementaria a la solidaria, labor que históricamente presta la institución.

 

A partir de entonces se concibió a la protección civil como el ejercicio de acciones humanitarias, destinadas a proteger a la población contra los peligros de las hostilidades o de las catástrofes, así como ayudarle a restablecerse de los efectos inmediatos, y a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia.

 

Las acciones humanitarias destinadas a proteger a la población, son entre otras, el servicio de alarma ante eventos riesgosos, las medidas para evacuar sitios y espacios de riesgo, habilitación y organización de refugios, implementación de medidas de seguridad y de salvamento, prestación de servicios sanitarios y primeros auxilios, asistencia religiosa, ofrecer alojamiento, atención de urgencias, mantenimiento del orden en zonas siniestradas, restablecimiento de servicios públicos indispensables, prestación de servicios funerarios de emergencia y recuperación de los bienes esenciales para la supervivencia.

 

México aprobó el referido Protocolo hasta diciembre de 1982 y su publicación se dio en enero de 1983, es decir, más de dos años antes de los sismos que devastaron la Ciudad de México en 1985; sin embargo, fue hasta agosto de 1987 cuando se facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia de protección civil, y éste aprobó la primera ley general del rubro en abril del año 2000.  

 

La breve reseña del tracto normativo que, en los ámbitos internacional y nacional ha tenido la protección civil, nos permite apreciar, al menos en el contexto de nuestro país, un lento, y quizá desdeñado proceso de institucionalización que contrasta con la actitud y respuesta de la sociedad civil, especialmente de los jóvenes, quienes como en 1985, mostraron una enorme sensibilidad ante la tragedia de los días 7 y 19 de septiembre, no sólo por el inmediato auxilio a las víctimas en los sitios de derrumbes para remover escombros, extraer a los atrapados y realizar labores paramédicas, sino también porque su espontaneidad fue organizada y ordenada.

 

Otras aristas destacables del vuelco juvenil ante el desastre, fue su participación en tareas de acopio y colecta de víveres, ropa y demás elementos para la atención de los damnificados; así como el respeto y apoyo brindados a las fuerzas policiacas y castrenses, para garantizar eficacia en la ayuda y patentizar la solidaridad social, que se vio estimulada por la fuerza, la participación intensa, optimista y jubilosa de todos los jóvenes.

 

La participación juvenil ratificó que más allá de la protección civil formal del Estado, está su propia conciencia sobre cuánto y cómo actuar frente a los eventos calamitosos que afectaron a muchos mexicanos. Ante lo impredecible de fenómenos similares, lo que podemos anticipar de modo fundado, es que México tiene en sus jóvenes un activo seguro, conformado por seres con gran sentido de responsabilidad social.

 

Cierto es que a tres décadas de la experiencia vivida a mitad de la década de los ochenta del siglo pasado, hemos avanzado mucho en la forma de afrontar desastres naturales, sin embargo, es imprescindible revisar los atlas de regiones y sitios de riesgo en cuanto a inundaciones, sismos y antrópicos; seguramente habrá que restringir asentamientos humanos en lugares de regímenes pluviométricos altos; emitir normatividad rigurosa para edificaciones en las regiones sísmicas y reubicar en lugares aislados a las industrias peligrosas como gaseras y de manejo de pólvora y otros explosivos; pero sin duda, gobierno y sociedad debemos reconocer de modo permanente la actitud heroica de la juventud que solidariamente se suma ante las tragedias colectivas.

 

Es un hecho que después de las experiencias recientes, ni México ni los mexicanos somos los mismos. Los jóvenes han abrazado a México y ojalá nunca lo suelten, porque una vez más, como hace 32 años, se demuestra que la fortaleza de un país se encuentra, en gran medida, en su juventud, que con inteligencia, voluntad, trabajo técnico y profesional han transformado el miedo y la indiferencia en esperanza.    

 

A nuestro país le urge que el espíritu de solidaridad y unidad permanezca para poder renacer.

 

Griselda Camacho Téllez

Maestra en Alta Dirección de Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Complutense de Madrid, a través del Instituto Universitario Ortega y Gasset, México.

Directora de Seguridad y Protección Universitaria en la Universidad Autónoma del Estado de México.

griscate@hotmail.com

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