Choque de trenes por la autodeterminación de Cataluña

06/11/2017

 

La realización del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre (1-O), ha abierto una crisis de estado de grandes dimensiones, donde el choque de legalidades y de legitimidades entre Cataluña y el Estado español está servido. Pero, ¿cómo se ha llegado hasta aquí?

 

El recorte del Estatuto de autonomía

 

Bajo el lema “Somos una nación. Nosotros decidimos” arrancó la manifestación del 10 de julio de 2010 contra la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) y en defensa del derecho a decidir de Cataluña. Una movilización histórica donde los políticos se vieron sobrepasados por miles de personas, en lo que representó un punto de inflexión en las relaciones entre Cataluña y el Estado español. Una sentencia del TC en respuesta al recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP y que añadió nuevos recortes a un Estatuto de autonomía ya diluido por el PSOE de Zapatero con la connivencia de Convergencia i Unió (CiU).

 

Meses después de esta multitudinaria manifestación se celebraron elecciones en el Parlament de Cataluña, donde Artur Mas ganó los comicios liderando la candidatura de CiU, con la que obtuvo una mayoría suficiente para, esta vez sí, conseguir el gobierno de la Generalitat. El autodenominado “gobierno de los mejores” aplicó rigurosamente el dogma neoliberal, con el apoyo de los populares para los presupuestos de 2011 y 2012. No obstante, y a pesar de este apoyo mutuo entre convergentes y populares, la propuesta estrella de Artur Mas de Pacto fiscal, la cual tenía el apoyo del Parlament de Cataluña, no fue atendida por el gobierno de la mayoría absoluta del PP y, Mariano Rajoy trasladó que no había margen para negociar esta propuesta.

 

Después de la frustración del Estatuto y de la negativa al Pacto fiscal, los acontecimientos se precipitaron y el apoyo a la independencia y al derecho a decidir de los catalanes y catalanas aumentó exponencialmente. Las consultas de ámbito municipal, no vinculantes, sobre la independencia de Cataluña iniciadas en Arenys de Munt en el 2009 se reprodujeron por todo el territorio, en diciembre de 2011 se creó la Asociación de Municipios por la Independencia y en marzo de 2012 tuvo lugar la asamblea constituyente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Desde entonces, cada 11 de septiembre las manifestaciones han sido multitudinarias, mostrando al mundo la potencia del movimiento soberanista catalán.

 

Del 9N al 27S

 

La consulta pactada, sobre el futuro político de Cataluña, con las fuerzas parlamentarías catalanas favorables al derecho a decidir y, prometida por Artur Mas en su programa electoral, fue rebajada y diluida en el llamado “Proceso de participación ciudadana” del 9 de noviembre (9N) de 2014. El “Sí” a la construcción de un Estado independiente ganó con más de 1.8 millones de votos. Esta jornada participativa fue un éxito gracias a la masiva movilización popular y constató que, con todo y las prohibiciones, amenazas y boicots, los y las catalanas están dispuestas a desobedecer para decidir su futuro. No obstante, el proceso participativo no era vinculante, y la hoja de ruta del independentismo derivó en otra convocatoria electoral para el 27 de septiembre de 2015 (27S), en una nueva fecha “histórica” donde se celebraron unas supuestas elecciones plebiscitarias, con la independencia como punto central.

 

Una participación histórica de más del 77 por ciento, una atención mediática y política internacional, sin precedentes, y unos resultados que otorgaron una mayoría amplía de escaños, pero no de votos, favorables a la independencia de Cataluña, fueron el desenlace de las elecciones del 27S. Los resultados legitimaron la puesta en marcha de la hoja de ruta independentista, pero esta no sería fácil de articular, ya que entre otras condicionantes, Junts pel Sí (1) necesitaría del apoyo de la izquierda independentista y anticapitalista de la CUP. El paso al lado de Artur Mas, la toma de posesión de Carles Puigdemont como nuevo presidente de Cataluña y la aprobación por el Parlament de la resolución de inicio del proceso político hacia la independencia, abrieron la nueva legislatura.

 

Referéndum o referéndum

 

Superada la cuestión de confianza y aprobados los presupuestos, el presidente Puigdemont hizo pública la propuesta de “referéndum o referéndum” para rehacer la unidad de las fuerzas independentistas y acercar a otras fuerzas soberanistas favorables al derecho a decidir. La propuesta era muy clara: o referéndum pactado con el Estado español o referéndum unilateral en base a la legalidad catalana.

 

La operación diálogo sólo sirvió para constatar la negativa de los populares a negociar la posibilidad de realizar un referéndum pactado, a la vez que para tejer alianzas entre los populares y las autodenominadas fuerzas constitucionalistas como el “nuevo” PSOE y Ciudadanos, defensoras a ultranza del régimen político del 78. La situación evidenciaba la imposibilidad a medio plazo de una mayoría en el Congreso favorable a un referéndum pactado. En este contexto, apoyar el 1-O fue la única alternativa democrática para avanzar en el anhelo de la mayoría de los y las catalanas de decidir su futuro como pueblo. En un contexto cada vez más complejo, lleno de dudas e incertidumbres, el ejecutivo catalán afrontó la recta final hacia la convocatoria del referéndum, aprobando el Parlament de Cataluña la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica. El Procés soberanista catalán entraba en una nueva fase decisoria de no retorno.

 

1-O, represión frente a democracia

 

Cerrar webs, amenazar alcaldes, registrar medios de comunicación, detener cargos públicos, prohibir actos políticos, intervenir las finanzas catalanas y suspender “de facto” el autogobierno de Cataluña, configuran un ataque a las libertades y a la democracia, en un intento del PP de evitar que la gente vote. Un uso indiscriminado de los tribunales y de la policía para resolver un conflicto político. Una situación que comporta un estado de excepción, y que abre un camino de involución democrática del Estado español que recuerda a tiempos oscuros del pasado. No obstante, la ciudadanía ha salido masivamente a las calles, el gobierno catalán no retrocedió en la convocatoria del 1-O, y obedeció así el mandato, auto enmendado, de las elecciones del 27S y a la nueva legalidad catalana.

 

"Haré todo lo que haga falta sin renunciar a nada", dijo Rajoy en su comparecencia para justificar la macrooperación policial contra el referéndum. Una ofensiva del PP, y de su muleta naranja de Ciudadanos, que esgrimen la Constitución española para argumentar la “ilegalidad” de la convocatoria del referéndum y que utilizan la política del miedo y la maquinaría represiva del Estado para intentar parar el 1-O. En este sentido, el 20 de septiembre, agentes de la Guardia Civil irrumpieron en el departamento de Economía, en el de Trabajo y Asuntos Sociales, en el de Gobernación y en el de Exteriores; en la Administración Abierta de Cataluña; en la secretaría de Hacienda; en la dirección general de Patrimonio, y en el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat de Cataluña (CTTI), para detener a quince altos cargos de la Generalitat e intervenir material operativo del 1-O. Intervenciones en las instituciones y detenciones de personajes públicos por motivos políticos, que son un escándalo democrático; una aplicación encubierta del artículo 155 de la Constitución española.

 

No obstante, con el compromiso, la movilización y la determinación de la ciudadanía de Cataluña, el 1-O se pudieron abrir los colegios electorales y se ejerció el derecho al voto. Centenares de personas se movilizaron, dentro y fuera de los colegios electorales, concentradas pacíficamente ante fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, la Policía Nacional y la Guardia Civil, que bajo la consigna de “A por ellos” reprimieron brutalmente a la población, dejando una cifra de 900 heridos. La utilización contundente de la fuerza no tuvo ninguna justificación porque no hubo ninguna provocación previa. Los observadores internacionales, estupefactos por las numerosas y repetidas violaciones de los derechos humanos y cívicos, en lo que consideran una “operación de estilo militar". Una vergüenza para Europa, donde el estado español se ha quitado la careta, aflorando tics autoritarios que hacen urgente replantear la democracia española. Una actuación policial en la que el Estado ha perdido Cataluña.

 

Una votación que se llevó a cabo en medio de un estado de excepción, de terror generalizado, con una estrategia de asedio policial acompañada de operaciones para restringir Internet, todo para dificultar o impedir la votación. No obstante, la determinación del gobierno y de la CUP, pero, sobre todo, de las entidades soberanistas y de la población, fueron esenciales para la celebración del 1-O. La plataforma Escuelas Abiertas y los Comités de Defensa del Referéndum (CDR), fueron dos ejemplos exitosos de autoorganización y de empoderamiento popular para garantizar el referéndum. La resistencia pacífica, la actitud cívica y la astucia para custodiar o esconder urnas fueron las garantías de la votación.

 

En cuanto al análisis de la participación, este no se puede hacer como si fueran votos emitidos en condiciones normales, hay que tener en cuenta el cierre de 319 colegios electorales de los 2.230 habilitados. Así mismo, la persecución judicial y la estrategia del miedo durante las semanas previas, la represión policial el 1-O, el boicot de Ciudadanos, PSC y PP mediante la No campaña, no fueron suficientes para evitar que más de 2,3 millones de catalanes votaran, un 43 por ciento; de los cuales el 90 por ciento optaron por el “Sí”. Una votación emotiva y muy dificultosa, donde la participación, cómo es obvio, hubiera sido mucho más elevada sin la intervención policial.

 

Escenarios post 1-O

 

Las muestras de solidaridad hacia Cataluña en todo el Estado español, en Europa y en el mundo se multiplican. La prensa y televisiones internacionales se están haciendo un gran eco de la situación y, condenan enérgicamente la actuación policial, contra un movimiento soberanista que llena las calles de forma pacífica año tras año. Por el contrario, los medios generalistas del Estado español hacen un análisis sesgado y parcial, tal como denuncian los propios trabajadores de los servicios informativos de la televisión pública española por no recoger la realidad de los hechos, critican que incluso se han omitido "entre otros elementos las cargas policiales". Varios líderes y analistas mundiales condenan la actuación policial y claman por una solución política del conflicto, por una mediación, pero no hay ningún pronunciamiento oficial de ningún gobierno o instituciones. En este sentido, es evidente que la Unión Europea tiene que dejar de mirar hacia otro lado porque es un asunto europeo.

 

El movimiento independentista se ha convertido en el principal desafío del régimen del 78. En este contexto, el Estado español ha optado por la represión pura y dura. Por una parte, la detención por supuesto delito de sedición de los presidentes de la ANC y de Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respectivamente, supone el encarcelamiento de dos personas por sus ideas, convirtiéndose, de facto, en presos políticos. Por otra parte, el siguiente paso es la aplicación del artículo 155 de la Constitución española para controlar la Generalitat, la policía catalana, los medios de comunicación y sustituir el gobierno catalán en pleno. Una actuación que supone un golpe de estado contra el autogobierno de Cataluña. Un escenario en el que la pérdida de competencias y la regresión de la democracia serían todavía más evidentes.

 

Finalmente, Cataluña se prepara para defender las instituciones de la intervención. En este sentido, la movilización permanente y la vaga general, como la pasada del 3 de octubre, un paro social y político en defensa de la soberanía y de la democracia, contra la represión del Estado y por la justicia social, son herramientas para la autodefensa ciudadana. Por otra parte, la posibilidad de declarar la República Catalana y la apertura de un proceso constituyente, es un escenario complejo, con más dudas que certezas, pero que abriría la puerta a la ruptura democrática del régimen del 78. Una oportunidad, no sólo para Cataluña, sino, también, para el resto de los pueblos del Estado español de repensar “el país de países” en clave constituyente. El embate continúa, la Revuelta catalana está en marcha y, después del 1-O, el camino hacia la autodeterminación de Cataluña es irreversible.

 

Jesús Gellida

Politólogo.

@jesusgellida

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