Una de las metas de la presente administración del Gobierno de la República es lograr un México en paz, donde los ciudadanos tengan certeza de su seguridad y la de sus familias. Con el objeto de  garantizar la seguridad y la paz, se han invertido una gran cantidad de recursos para la prevención social de la violencia y la delincuencia, a partir de sus causas, y en función de las variables que propician conductas antisociales. En este documento, buscamos evidenciar que la conservación de la naturaleza, a través del cuidado y desarrollo de las Áreas Naturales Protegidas, es una herramienta exitosa para prevenir la violencia.

 Paralelamente a las metas gubernamentales de seguridad, el Gobierno Federal, en concordancia a la responsabilidad de gobernar un país privilegiado por su riqueza natural, se ha puesto la meta de pasar de casi el 13 por ciento actual de su superficial protegida, al 17 por ciento del territorio continental, que sólo será posible cumplir con el apoyo de los gobiernos estatales.

 

México ocupa el cuarto lugar dentro de los diecisiete países megadiversos del mundo, con alrededor de 200 mil especies diferentes, es hogar del 10 al 12 por ciento de la biodiversidad mundial y de un alto número de especies endémicas; consideramos que la política pública más exitosa para conservar la biodiversidad es impulsar la creación, desarrollo y protección de las Áreas Naturales Protegidas, (ANP).

 

Los ecosistemas mexicanos son el sustento de nuestra vida económica, tienen un papel central en la construcción de una identidad cultural y nuestras formas de convivencia social. Por ello, la biodiversidad es un recurso estratégico sin el cual, nuestro proyecto de nación puede ponerse en riesgo.

 

El Gobierno de la República considera a la biodiversidad como un elemento indispensable de la seguridad nacional, tanto, que la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad forma parte del Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, el cual establece las líneas que deben ser observadas para cumplir con los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica, instrumento internacional que busca generar mecanismos para proteger la biodiversidad y valorarla como un elemento central de la cultura y desarrollo de las nacionales; así como promover el uso sustentable del capital ambiental generado por la biodiversidad. La seguridad del Estado mexicano se vincula con la necesidad de generar recursos para el desarrollo nacional, sin poner en riesgo la diversidad biológica de la que depende el futuro de nuestro país.

 

La historia de la administración de las ANP en México surge a finales del Siglo XIX, en 1876, cuando se protege el Desierto de los Leones para asegurar el abastecimiento de agua mediante la conservación de catorce manantiales localizados en esta zona. Estos territorios exclusivos permitieron la creación de ANP con fines diferentes a los originales.

 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), especifica la existencia de las ANP con el propósito de proteger áreas que por su biodiversidad y características ecológicas, sean consideradas de especial relevancia en el país. Las ANP, de acuerdo a la LGEEPA, son las zonas del territorio nacional cuyos ambientes originales no han sido significativamente alterados, o que requieren ser preservadas y restauradas; son también aquellas zonas representativas de nuestros ecosistemas.

 

Las ANP generan servicios ambientales como la captura de carbono, principal precursor del calentamiento global; conservan la biodiversidad[i], generan el recurso hídrico, conservan el paisaje natural y son un espacio de esparcimiento. Además, proveen todos los bienes materiales para los humanos, desde comida, vestido, hasta tecnología y medicamentos.

 

Las ANP son creadas mediante decreto presidencial o estatal. De acuerdo a la LGEEPA, las actividades que pueden realizar son restringidas; las actividades permitidas y no permitidas deben fundamentarse en un programa de manejo y en los programas de ordenamiento ecológico del territorio donde se operan, según las condiciones físicas, climatológicas, hídricas geológicas, de vegetación y de  fauna. Estas porciones de tierra, mar o lagunares, están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), administra actualmente 176 áreas naturales de carácter federal que representan más de 25 millones 394 mil 779 hectáreas.

 

El papel de los espacios naturales protegidos en la conservación de la naturaleza es muy amplio, sirven como instrumento preventivo de la ordenación territorial, impiden la dispersión urbanística en el territorio, promueven el mantenimiento de actividades económicas beneficiosas para el territorio, concentran sus esfuerzos en la comunicación con el público y la prestación de servicios recreativos y turísticos, así como en la vigilancia y en el control de las actividades lesivas para ciertas especies, entre muchos otros

 

El Estado de México se ha caracterizado por tener una política ambiental de vanguardia, cuenta con un Código de Biodiversidad único que conjunta las leyes y reglamentos ambientales, además de instituciones dedicadas a la protección ambiental, es uno de los tres estados que poseen mayor cantidad de ANP, cuenta con 88 hectáreas decretadas, es decir, 44 por ciento de las 922 mil 300.17 del total del territorio; ya sea bajo la categoría federal o estatal. Además,  destaca por ser la entidad con mayor número de ANP de categoría estatal y la segunda con más federales, sólo por debajo de Chiapas.

 

Para garantizar la protección de la diversidad biológica del territorio mexiquense y por tanto su seguridad, es necesario avanzar en política ambiental. Cabe señalar que, el Estado de México cuenta con todos los ecosistemas del país excepto marinos, tenemos selvas, varios tipos de bosques, el único humedal de importancia internacional de acuerdo a la Convención Ramsar, además de zonas áridas al norte; por lo que es una gran responsabilidad proteger legalmente los terrenos que aún no son ANP, así como destinar recursos para conservarlos.

 

Actualmente, se han generado estudios en el ramo de la psicología y las neurociencias, que comprueban la importancia de la naturaleza en la salud mental y en la generación de una vida plena y feliz[ii], incluso, la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda a los países, entre 9 y 16 metros de áreas naturales por habitante, además, sugiere que el ejercicio al aire libre promueve una mayor satisfacción con la vida, estados de ánimo positivos y bienestar mental, también reduce aflicciones psicológicas y síntomas depresivos.

 

En este contexto, las ANP con espacios para practicar deporte son una herramienta para que los gobiernos estatales cumplan esta recomendación de la OMS, así como para facilitar la planeación de áreas urbanas que contribuyan a la felicidad de los ciudadanos, y conserven la belleza del paisaje, que sólo los recursos naturales bien conservados generan.

 

En Estados Unidos se han realizado comparativas entre la existencia de áreas verdes y los índices delictivos, que han reflejado una correlación entre la disminución de vegetación y el aumento de delitos, incluso incide en factores de educación, pobreza y densidad de población; eso puede ser un elemento importante para el desarrollo de políticas públicas, y para medir la evolución de la seguridad nacional, ya que la cadena de actividades delictivas organizadas demandan soluciones conjuntas

 

Si consideramos que un tercio de la población de nuestro país se encuentra deprimida,[iii] y que eso conduce a un problema de salud pública; podemos decir, que las áreas protegidas generan endorfinas y dopamina, fundamentales para combatir estados depresivos y evitar conductas violentas y antisociales, lo que les convierte en un mecanismo de prevención del delito, pues ahí las personas pueden sentirse mejor al apreciar el paisaje, convivir, recrearse o  practicar algún deporte. Esto se reflejaría en un ahorro en gasto público, tanto en salud como en seguridad.

 

La dimensión de la seguridad humana se vincula a la amenaza por la seguridad alimentaria. Varios académicos han escrito ya sobre los riesgos de los problemas ambientales, entre los que se encuentran, desplazamientos humanos, conflictos por recursos, daño económico, pérdida de territorios, disputas fronterizas, migración, tensión en el suministro de energía y presión sobre la gobernanza internacional.

 

Instituciones del sector ambiental como CONANP y CONAFOR, apoyan con recursos al desarrollo de las comunidades poseedoras de ANP, a través del fomento de proyectos de desarrollo rural sustentable que coadyuven a generar capital social en torno a su protección y uso sustentable, y a generar ingresos adicionales a partir de productos y servicios forestales, incluida la reducción de las emisiones debidas a la deforestación.

 

Otra estrategia de impacto para fortalecer la participación social en el cuidado de los recursos, son los comités de inspección y vigilancia, que involucran a poseedores de los recursos y a la sociedad civil para su protección. El 85 por ciento de los bosques y selvas son propiedad de ejidos y comunidades rurales, por eso, es indispensable su participación en el cuidado y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. La participación social comunitaria en tareas de vigilancia y cuidado de los recursos, es fundamental para combatir los delitos ambientales y reducir el deterioro de la riqueza natural.

 

Las ANP son ideales para desarrollar proyectos de turismo rural y ecológico, en los que se generen recursos que beneficien directamente a sus pobladores.  En el Estado de México tenemos varias experiencias exitosas de desarrollo sustentable, por ejemplo, el Parque Ecológico Ejidal de Cacalomacán, el Parque Nacional Nevado de Toluca, el Parque Corral de Piedra en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, y el Bosque Esmeralda en la zona del Parque Nacional Izta-Popo, una zona de avistamiento de luciérnagas. Consideramos necesario replicar estas experiencias, invertir en el desarrollo de las ANP como una forma de prevenir el delito, acrecentar el capital social y natural, así como generar ciudadanía.

 

Mariana B. Serrano Ayala, Karla Verónica Salgado Hernández y Ana Margarita Romo OrtegaEspecialistas en medio ambiente. anaromomx@yahoo.com.mx

 

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