Las Competencias del Gobernador

02/05/2017

En el largo trayecto que desarrolla un candidato que desea ser Gobernador de un estado, cualquiera que éste sea, le acompañan de manera permanente la polémica, la estrategia electoral, los diagnósticos, la imagen pública, la comunicación política, las redes sociales, el desenvolvimiento en medios y varios aspectos más, que habrán de ayudarle a él y a su equipo de campaña a lograr el máximo anhelo: ser electo.

 

 

Sin embargo, la historia nos ha mostrado a un gran número de personas que siendo excelentes candidatos, resultan ser pésimos gobernantes.

 

¿Por qué los eventos en contrario no existen?, porque sin ganar la elección, no hay buen gobernante. Recordemos a Sir Winston Churchill, para muchos un referente del estadista moderno, que no logró pasar el filtro de las urnas en la Inglaterra de la posguerra.

 

Por ello, quienes desean transformar la realidad con una visión de gobierno que logre vencer los problemas de una comunidad; sean grandes o pequeños, tanto los problemas como las comunidades, inician ese largo camino de manera invariable, con el respaldo popular como el ingrediente fundamental para alcanzar resultados comunes. Y se da como un hecho consumado y de buena fe, que quienes buscan dicho cargo, tienen como objetivo final realizar un buen ejercicio del poder público traducido en un buen gobierno.

 

En el caso concreto del Estado de México, durante el proceso electoral 2017 para renovar al titular del Poder Ejecutivo, se presentan varias características que lo plantean como un proceso inédito: la alta competencia política, siete candidatos figuran en la boleta electoral, el registro por primera ocasión de candidatos sin partido, denominados independientes, la aparición de tres candidatas, dos de ellas por partido y una más independiente; el padrón electoral más grande del país y el tope de campaña más alto, por citar algunos aspectos relevantes.

 

Se presentan como alternativas, entonces, cinco candidatos postulados por partidos políticos y dos independientes. En todos los casos, han cubierto los requisitos que establece la Ley Electoral vigente y realizan campaña electoral para obtener la mayor cantidad de sufragios el día de la jornada electoral y con ello, declararse ganador de la contienda.

 

En resumen, será una de estas siete opciones políticas quien sea electo gobernador del Estado de México, no hay más.

 

Los requisitos que los candidatos debieron sortear para ser considerados “elegibles”, son relativamente sencillos, pues no incluyen para su cumplimiento, la acreditación de conocimientos o características especiales.

 

Conforme a la Constitución Política del Estado de México, los seis requisitos para ser gobernador mexiquense, son:

 

  1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos políticos;

  2. Ser mexiquense con residencia efectiva en su territorio no menor a tres años o vecino del mismo, con residencia efectiva en su territorio no menor a cinco años, anteriores al día de la elección;

Se entenderá por residencia efectiva para los efectos de esta Constitución, el hecho de tener domicilio fijo donde se habite permanentemente;

  1. Tener 30 años cumplidos el día de la elección;

  2. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto, a menos que se separe formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años antes del día de la elección;

  3. No ser servidor público en ejercicio de autoridad, ni militar en servicio activo o con mando de fuerzas dentro del Estado en los últimos 90 días anteriores al día de la elección ordinaria, o a partir del quinto día de la fecha de la publicación de la convocatoria para la elección extraordinaria; y

  4. No contar con una o más nacionalidades distintas a la mexicana.

 

Habría que sumar, para el caso de los candidatos de partido, que deben ser seleccionados mediante proceso democrático y válido al interior del mismo, o para el caso de los candidatos independientes, manifestar en tiempo y forma su interés por participar y reunir los apoyos necesarios para el registro.

 

Pero, ¿qué competencias debe tener quien aspire a gobernar el Estado de México?

 

Para cualquier empleo, y más aún de nivel directivo, se deben cubrir determinados estándares que permitan evaluar si el prospecto tiene o no, los atributos necesarios para desarrollar de manera eficiente la tarea encomendada.

 

En este caso, los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, deben garantizar a los gobernados que quienes aspiran a dicho cargo, reúnen las condiciones mínimas necesarias, que más allá de filias y fobias políticas, son fundamentales para el correcto desempeño del cargo.

 

La historia reciente, nos ha dado claros ejemplos en varias entidades de nuestro país, de algunos gobernantes carentes de las mínimas características de probidad y de pulcritud en el manejo de los recursos públicos; existen quienes abiertamente señalan que estamos frente a la generación más corrupta de gobernadores en el país.

 

Casos emblemáticos como Tamaulipas, donde existió presunta vinculación del gobernante con el crimen organizado, lo que dañó de manera grave el tejido social del estado; o Veracruz, donde se ha logrado acreditar un daño fehaciente a las finanzas estatales, con lo que se comprometió,  incluso, la prestación de los servicios básicos a los que la población tiene derecho; o Sonora, donde se aprovechó de manera personal el destino de los recursos públicos para beneficio del gobernante; son sólo unos ejemplos de la falta de “competencias” por parte de quienes ejercen el mayor cargo de elección popular en una entidad.

 

Y no es un tema exclusivo de un partido político: todos por igual, han sido objeto de acusaciones y señalamientos de mal uso de recursos públicos. Unos más, por tener mayores entidades en el gobierno, otros menos, no por falta de casos, sino por falta de gobiernos en turno; parecen ser transformados en los mayores ejemplos de lo contrario a la honestidad y a la ética que debe caracterizar al servidor público.

 

Tal parece que los avances en materia de transparencia han servido más para evidenciar la falta de probidad, que para favorecer el ejercicio de rendición de cuentas claras y precisas, como su espíritu lo señala.

 

Por ello, retomar las competencias mínimas para aspirar a ser gobernador obliga a una reflexión profunda.

 

Además de las características personales, que incluyen desde el grado académico que acredite conocimientos mínimos, hasta situaciones familiares que reflejen una sólida estabilidad emocional, o el desempeño en cargos anteriores con muestra de buenos resultados, y el cumplimiento de deberes ciudadanos; los candidatos están obligados no sólo a desarrollar de manera precisa lo qué deben hacer, sino a dejar en claro cómo, cuándo y con qué recursos podrán alcanzar las metas establecidas.

 

Dice un dicho popular que prometer no empobrece, y es una máxima de aplicación plena en la contienda electoral.

 

Las problemáticas son comunes y por tanto, serán la misma esencia en los planteamientos de los candidatos: seguridad, movilidad, transporte, educación, salud, generación de empleo, atracción de inversiones, desarrollo urbano ordenado, atención a grupos vulnerables, producción agroindustrial, cuidado del medio ambiente, y recientemente, cuestiones de género. Todos ellos, serán parte de las propuestas planteadas. Con éstos temas se definen los “qué” de las campañas.

 

Los “cómo” son lo relevante, necesitamos que los gobernantes tengan las competencias requeridas para afrontar los retos.

 

Se necesitaría precisar como mínimo, las siguientes competencias:

 

  1. Conocimiento de la Administración Pública. No necesariamente haber desarrollado cargos públicos, pues la hegemonía de un partido político imposibilitaría a los demás institutos con cuadros aptos para el desarrollo de los cargos. Sin embargo, mientras más amplio sea el proceso de aprendizaje, más tiempo se pierde en la generación de las soluciones que la sociedad demanda.

  2. Conocimiento de la entidad. En un estado megadiverso como el nuestro, donde las diferentes regiones tienen problemáticas disímbolas, sólo el conocimiento de las fortalezas, debilidades y oportunidades de cada una de ellas, permitirá proponer políticas y programas públicos que favorezcan el desarrollo equilibrado.

  3. Ser proactivo. Es decir, proponer soluciones y no sólo señalar errores. En algunos estados con elecciones en 2016, las campañas se basaron en criticar al gobierno en turno o en pregonar sanciones a quienes habían ocasionado daños a la entidad. Pero una vez que llegaron al gobierno, no contaban con una ruta que permitiera saber el rumbo que tomaría el mandato, y transitaron de la euforia colectiva al desencanto popular en un tiempo realmente corto, sin un efecto positivo, real y verdadero, en las condiciones de vida de los ciudadanos.

  4. Ser precisos y aprovechar la información. Es básico que cuenten con diagnósticos de fondo, es decir, con la capacidad de generar cambios profundos, soportados científicamente, y no sólo señalar acciones populistas, entendidas como la entrega de dádivas para mantener el apoyo de las clases populares, incluso por medio de la demagogia, sino mediante las transformaciones que nuestros tiempos requieren. Cada propuesta debería contar con un soporte tal, que la necesidad de su aplicación permitiese, a quien fuera el ganador,  adoptar las medidas que se consideren necesarias para alcanzar el estado de bienestar anhelado.

  5. Conocer el entorno legal de las atribuciones del cargo. Es increíble que existan en este proceso electoral, candidatos que en la búsqueda de los votos, propongan acciones como la reducción del costo de los combustibles, que no forman parte del marco jurídico correspondiente. Existe una máxima legal que establece que el servidor público sólo puede realizar aquello que la ley le permite. Para el correcto cumplimiento de la ley, debemos exigir su conocimiento.

  6. Cumplir lo comprometido en campaña. Más allá del compromiso moral de honrar la palabra, deben considerarse los mecanismos para dar seguimiento a lo comprometido al calor de la batalla por la obtención del voto ciudadano, y de manera coactiva, exigir su cumplimiento. No más promesas incumplidas ni propuestas derivadas de la ocurrencia. Si bien, una vez en el gobierno, los compromisos de campaña pueden sufrir ajustes, deberán conservar su esencia.

  7. Experiencia en toma de decisiones y habilidades gerenciales. Muchas de las decisiones que adopten en el futuro, serán coyunturales y requerirán de un perfil apto para tomar decisiones que por complicadas que sean, resulten ser las mejores para la colectividad, por ejemplo, en casos de contingencias naturales o de crisis de seguridad.

 

Seguramente podrá enriquecerse este breve listado. Pero es fundamental que al analizar nuestro voto, evaluemos cuál candidato reúne la mayor cantidad de competencias para decidir si lo contratamos para el cargo de gobernador.

 

Finalmente, los “con qué”, es decir, el destino que se dará desde el gobierno a los recursos públicos para elevar la calidad de vida. Las propuestas de campaña deben considerar el costo requerido para concretarse y si es el caso, las modificaciones y reasignaciones presupuestales que implicarán. Hemos escuchado desde “salarios rosa”, hasta construcción de sistemas de transporte de alta capacidad.

 

¿Contamos con los recursos necesarios para establecerlos?, ¿se deberán generar recursos adicionales?, ¿se gestionarán nuevos presupuestos?, ¿se recurrirá a la deuda?, ¿se sustituirán programas actuales?

 

Porque si bien, el ciudadano no está obligado a conocer los presupuestos de manera detallada, si es obligación de los servidores entregar cuentas claras, que transparenten el actuar y el destino de los recursos, para lograr recuperar la confianza ciudadana que se ha diluido entre los escándalos característicos de la clase gobernante contemporánea.

 

Los actuales candidatos tienen la oportunidad de recobrar la confianza ciudadana en la política, en los políticos y en las instituciones; o de terminar por evidenciar que la honestidad, la probidad, la pulcritud, el respeto y la prudencia, aún no forman parte de las competencias que deben reunir quienes se hacen llamar “servidores públicos”, y que queda en las manos de los ciudadanos lograr que sea una obligación y no sólo una lista de buenos deseos.

 

______________________________________________________________________________Kersaudy, Francoise. “Wiston Churchill”. 2ª edición, México, Random HouseAcuerdos del IEEM. Números 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 74. 2 abril 2017.

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