El Estado y la trata de personas.


Una realidad que no queremos ver:


La trata de personas es la peor crisis que ha tenido la humanidad. La esclavitud del siglo XXI, como algunos la llaman, o la esclavitud moderna, es el segundo negocio ilícito más redituable del mundo, sólo después del narcotráfico.



El Índice de Esclavitud Moderna 2016, realizado por The Walk Free Foundation, estima que 45.8 millones de personas alrededor del mundo son víctimas de alguna forma de esclavitud en 167 países, 10 millones más que en 2014. De esta cifra, casi cuatrocientos mil están en México. Por otro lado, la Organización Internacional del trabajo (OIT) en 2012 estimaba una cifra de 20.9 millones de víctimas de trata de personas en el mundo, de los cuales, un 58 por ciento realizaron trabajos forzados; 26 por ciento, niños o niñas y un 55, mujeres. De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 2012, por cada víctima de trata identificada existieron 20 o más sin identificar. De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en 2013 se estimaba que el número de niños y niñas sometidos a esclavitud sexual en México oscilaba entre 16 y 20 mil. El Instituto Belisario Domínguez menciona otros estudios que calculan la cifra de niños y niñas sujetos a explotación sexual en 70 mil, de los cuales 50 mil son explotados en las zonas fronterizas y 20 mil en el resto del país.


México es país de origen, tránsito y destino de víctimas de este delito. La CNDH, en su último reporte de 2016, afirma que de 2012 a 2015 se identificaron 2 mil 843 víctimas de trata de personas en todo el país. El 93 por ciento de ellas fueron mujeres, el 6.1 son hombres y un 26.5 menores de edad; el 87.9 por ciento de las eran mexicanas, y sólo el 8.4 son extranjeras. Entre las cinco entidades federativas con mayor número de averiguaciones previas, se encuentra el Estado de México con 95, pero solamente con 6 sentencias. En el presente artículo nos enfocaremos a este caso y lo analizaremos; en los últimos años se ha convertido en un foco rojo de feminicidios y desapariciones, crímenes íntimamente ligados a la trata de personas.


¿Qué sucede en el Estado de México?


Hagamos un pequeño recorrido de lo que se ha realizado en el Estado de México en torno al tema de trata de personas los últimos años.


En noviembre de 2013, la legislatura local aprobó la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la trata de personas en el Estado de México. En febrero de 2014, Eruviel Ávila Villegas tomó protesta al Consejo Estatal para prevenir, atender, y combatir la trata de personas, que está integrado por funcionarios del gabinete de gobierno y representantes de organismos autónomos como la Comisión de Derechos Humanos. En diciembre de ese mismo año, se clausuraron más de mil cien giros negros.


En febrero de 2015, el Estado de México se unió a la campaña: “Un billón de pie para combatir la trata”. Movimiento mundial que busca convocar a las personas en forma pacífica contra la violencia de género, a través de un baile.


En julio del mismo año, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género. La Alerta fue declarada para 11 municipios del Estado de México: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad, los cuales concentran los mayores índices de violencia feminicida. La Alerta de Género es un mecanismo de protección dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que busca garantizar una vida libre, íntegra y segura para las mujeres y niñas. Esta alerta tiene la finalidad de tomar acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.


Como se observa, tras analizar las cifras presentadas al inicio del artículo, el género es un aspecto claramente relevante en el delito de trata de personas, ya que, en su mayoría, las víctimas son mujeres y niñas. Y es una realidad que vivimos en un país en el que las mujeres siempre han estado en desventaja, y donde reina un trato violento hacía ellas.


En los últimos años se ha comenzado a hablar más y más de los feminicidios y las desapariciones. Los feminicidios son la forma más extrema de violencia contra las mujeres. De acuerdo con reportes del INEGI, entre 2000 y 2015 se cometieron 28 mil 710 asesinatos violentos contra mujeres, alrededor de cinco diarios. Previo a ser utilizadas para fines de explotación y trata; las víctimas desaparecen. En el Estado de México, en concreto, de 2005 a 2014, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia (PGJEM), se cometieron 933 feminicidios y se reportaron 4 mil 281 desaparición de mujeres; de las cuales 95 fueron encontradas muertas y 1,554 siguen desaparecidas; asimismo, se presentaron 26 mil 79 denuncias por violación. Había además 400 niñas y adolescentes desaparecidas para diciembre de 2015, originarias de municipios como Ecatepec, Tecámac, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl; según lo declara la propia PGR en el Estado de México. La mayoría de ellas fueron contactadas y enganchadas por medio de redes sociales y convencidas de dejar sus hogares para buscar “una vida mejor”. De acuerdo con las fichas de desaparición de Alerta Amber, en 2016 desaparecieron 41 menores de edad en Toluca, 30 en Ecatepec de Morelos y 19 de Nezahualcóyotl. Y en lo que llevamos de 2017, han desaparecido 14 en Naucalpan de Juárez, 6 en Nicolás Romero, 5 en Chalco, 5 en Toluca y 5 en Ecatepec.


A pesar de haberse declarado la alerta de género, no se han visto cambios importantes ni avances en la reducción de estos fenómenos y delitos. Según Lidia López Poza Rica, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, los casos de violación incrementaron un 38 por ciento después de la declaratoria; así mismo, se registraron 266 feminicidios en el estado durante 2016. Tristemente, no se estudia a fondo el problema, y no se cuenta con una policía especializada para delitos de género. También se ha reportado gran apatía de parte de quienes reciben las denuncias de violencia y en los ministerios públicos, a las víctimas se les niegan servicios, como revisión médica o atención psicológica.


También en 2015, se capacitó a 6 mil 500 policías, jueces y personal del Ministerio Público. Se emitieron 13 sentencias y se capacitaron 20 mil personas en la prevención de trata de personas. Esto significó una acción de gran importancia y un avance hacia la mejora en atención a víctimas de este delito.