Mujeres indígenas y acceso a la justicia

Hablar de los derechos humanos de las mujeres se ha tornado cada vez más común, los gobiernos en sus esferas nacionales, estatales y municipales han emprendido acciones encaminadas a lograr una igualdad entre hombres y mujeres, así como el de prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, sin embargo, falta evaluar si esas acciones han dado los resultados esperados.

 

 

Históricamente las mujeres han sido relegadas de cualquier derecho o beneficio; toma de decisiones, propiedad, sufragio, maternidad, libertad de expresión, entre otras. Con el paso del tiempo se ha legislado tanto a nivel internacional como nacional en favor de los derechos de las mujeres, sin embargo, se ha dejado de lado el tema de las mujeres indígenas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia “Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) Vs. México”, ha manifestado que la violencia en nuestro país es sistemática, asimilada y aceptada de manera “normal”.

 

Según estas ideas, las mujeres en México son catalogadas como un sector vulnerable, sin embargo, no deben ser tomadas como un todo, sino que dentro de ese grupo existen otros subgrupos que por sus particularidades especiales se encuentran en mayor desventaja, como es el grupo de mujeres indígenas o de pueblos originarios, y es que de ellas no se ha especializado su trato ni sus condiciones. Por mencionar un factor de mayor vulnerabilidad que en ellas se presentan, se abordará el acceso a la Justicia.

 

Si una mujer indígena toma la decisión de denunciar ante las autoridades competentes la violencia que sufre por parte de alguien de su comunidad, tendrá que enfrentarse a:

 

  • Distancia para localizar una agencia del ministerio público especializada en violencia de género.

  • Ausencia de personal especializado, es decir, una asesora o asesor jurídico que sea intérprete, que cuente con conocimiento en temas jurídicos de violencia de género y que pueda acompañar a la víctima en todo el proceso.

  • El repudio de la comunidad, es decir, ser juzgada por haber denunciado una práctica común.

  • La falta de apoyo económico para su traslado, para el pago de su proceso legal y para la manutención de los hijos, si es que hubiera.

 

Estos son algunos factores que vulneran aún más a las mujeres indígenas, es por ello que dentro de las políticas públicas no debe dejarse a un lado a este sector de la población, sino focalizar las atenciones especiales desde la prevención, la investigación, la sanción y la reparación de los daños a las mujeres víctimas de la violencia de género.



 

Please reload

Artículo de la semana

COVID-19 y el nuevo orden mundial

1/1
Please reload

Artículos recientes
Please reload

Secciones
Archivo