Corrupción: Breve Radiografía

07/11/2016

La corrupción que embarga a los ayuntamientos mexicanos es uno de los principales vicios que no les permite superar el circulo perverso en el que están inmersos. La corrupción, como práctica permanente y lacerante en el servicio público, se puede equiparar a un cáncer que históricamente ha venido trastocando las fibras sociales, que se nutre de las malas prácticas dentro de la política y la administración pública, y es el resultado de la inexistencia de escrúpulos entre quienes la cometen.

 

Aunque la corrupción no es un fenómeno propio del orden de gobierno municipal, éste sí se ve gravemente afectado por un sin número de actos de mal gobierno. Desde mi particular punto de vista considero tres factores causantes de este mal social: la falta de controles que regulen y castiguen el mal uso de los recursos públicos, la ausencia de sistemas para la selección e ingreso de los servidores públicos municipales y la debilidad del proceso de rendición de cuentas frente a la ciudadanía.

 

En el primero de los casos, dada la debilitada hacienda pública municipal se observa que la gran mayoría de los ayuntamientos viven de las transferencias y las participaciones federales y estatales, o bien a través de deuda contraída. El gran problema no es el origen del dinero, sino la falta de mecanismos y controles sobre el uso de los mismos, hecho que muchos funcionarios interpretan como una invitación de puerta abierta a la corrupción. La Auditoria Superior de la Federación y los órganos de fiscalización estatales han reforzado las reglas para frenar estas prácticas nocivas. Sin embargo, debido al gran numero de municipios no se ha logrado que estas instituciones tengan la capacidad de atender, monitorear, fiscalizar ni sancionar eficazmente.

 

La sana aplicación de los dineros públicos queda entones supeditada a la discrecionalidad de quienes toman las decisiones; donde la realidad deja ver como un elevado número de funcionarios y autoridades se han dedicado a malgastar y a malversar los fondos públicos como si se tratase de un botín. Este hecho tiene como desenlace severas crisis fiscales que se reflejan en mala calidad de los servicios públicos, la alta marginación de comunidades enteras e índices de pobreza realmente preocupantes.

 

El segundo problema es de carácter político, donde la lógica que impulsa la selección de los servidores públicos de los ayuntamientos se basa en argumentos que premian el apoyo político-electoral durante las campañas con el compromiso de tener un trabajo-sueldo dentro de la administración, ello en detrimento de mecanismos meritocráticos.

 

Las consecuencias son improvisación en las acciones administrativas, la improductividad laboral, la discontinuidad de programas gubernamentales, el incumplimiento de las responsabilidades y obligaciones públicas formalmente establecidas por la constitución, el desaprovechamiento de la experiencia acumulada, entre muchos otros problemas. El resultado de la baja productividad laboral de los funcionarios se traduce en bajo desempeño económico, educativo y social de la región que deriva nuevamente en altos índices de marginación.

 

El tercer problema es la falta de mecanismos de rendición de cuentas frente a la ciudadanía en menoscabo de los procesos democráticos y en fomento del clientelismo político que prioriza que cada peso invertido en la ciudadanía debe tener su contraparte de apoyo político.

 

Por ende, los gobernantes no priorizan las obras de alto impacto que generen beneficios comunes en el largo plazo, sino pequeñas acciones focalizadas a aquellos que acudirán a las urnas durante la siguiente elección. Estos beneficios personales se reducen a materiales industrializados, despensas, apoyos económicos, eventos particulares y dádivas generales que promueven el paternalismo cortoplacista. A su vez, estas prácticas promueven el espiral nocivo donde el gobernante busca estar protegido con subordinados leales y grupos clientelares afines que no permiten que el desarrollo municipal vislumbre un nuevo horizonte ni deja espacio para la crítica social.

 

Finalmente, observamos como eje transversal de los puntos anteriores cómo la corrupción se reduce a la ausencia de valores sólidos y principios éticos de quienes cometen estos actos. De donde el investigador Espejel (2016) complementa que “el político sin un mínimo de moral cree que puede resolver los problemas públicos por medio de prácticas inteligentes, cosa que resulta muy cuestionable, pues ellos gobiernan siempre con una dominación férrea hacia los miembros de la sociedad, aplican prácticas en ausencia de la norma y emprenden políticas con beneficios particulares”. Ante lo cual concluye, “con estos hechos no puede más que darse un cauce directo a la corrupción y a la falta de transparencia, lo que en conjunto contamina la vida política y las relaciones humanas en la vida social”.

 

Bibliografía

 

Espejel, J. (2016) La moralidad y vocación del político en la filosofía política de Immanuel Kant. Revista del Instituto de Administración Pública del Estado de México A.C. (IAPEM), núm. 93 enero-abril, México. pp. 45-63.

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