Abriendo nuestros congresos

05/11/2016

De acuerdo con el Latinobarómetro y el Informe País; el Congreso es la institución en la que menos confiamos los mexicanos. Sin embargo, esto no es algo que suceda únicamente en nuestro país, en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa también se observan niveles bajos de confianza. Sumado a lo anterior, desde el año 2010, se han experimentado a lo largo del mundo, distintas movilizaciones que cuestionan a las élites políticas y apelan a la profundización de la democracia participativa. Casos concretos son las movilizaciones de los indignados (15-M) en España, quienes protestaban contra el bipartidismo del PSOE y el PP y abogaban por un sistema democrático que incluyera a la ciudadanía. Otro caso aquí en México fue el #Yosoy132, movimiento iniciado por estudiantes que protestaban contra el poder de las televisoras y la imposición del candidato del PRI, por parte de los medios de comunicación, a la Presidencia de la República.

 

¿Qué podemos hacer ante esta creciente brecha entre representantes y representados?, ¿cómo reconstruir el nexo entre la población y el gobierno? Una de las respuestas a estas preguntas pasa por la propuesta del Gobierno Abierto. En términos generales, el Gobierno Abierto es la idea de que las personas deben poder participar y contar con la información necesaria sobre el quehacer del gobierno para, junto con la administración pública y los representantes, co-construir las políticas públicas que les afectarán en el futuro. Una de las ramas más importantes del Gobierno Abierto son los Parlamentos Abiertos. 

 

Nuestros Congresos son los espacios en donde se debe de reflejar la voluntad popular, es ahí donde se toman las decisiones más importantes que van a regular nuestra vida en sociedad. Sin embargo, estos espacios han cambiado muy poco desde hace más de dos siglos; pues siguen siendo lugares en los que, en la mayoría de los casos, se llevan a cabo discusiones que casi no permean entre la población o que, por sus propias limitantes (técnicas y tecnológicas) restringen el acceso a información importante para el público. En este sentido, es necesario traer los parlamentos al siglo XXI, pues actualmente se cuenta con la tecnología suficiente para hacer partícipes a los ciudadanos de las discusiones que se llevan a cabo en los congresos. Si bien, es imposible que miles de personas asistan y discutan dentro de un recinto parlamentario; con la ayuda de distintas plataformas tecnológicas como Loomio, Google Drive, Zoom, etc. se pueden generar espacios de interacción entre representantes y representados para poder ir construyendo en conjunto iniciativas de ley. 

 

Los 10 principios del Parlamento Abierto

 

La Alianza por el Parlamento Abierto (APA) en México propone diez principios para abrir las instituciones legislativas del país. Acceso a la información; participación ciudadana y rendición de cuentas; información parlamentaria; información presupuestal y administrativa; información sobre legisladores y servidores públicos; información histórica; datos abiertos y no propietario; accesibilidad y difusión; mecanismos para regular los conflictos de interés; legislar a favor del gobierno abierto. 

 

De los principios a la práctica

 

Un Congreso abierto es aquel que tiene la capacidad institucional de recibir e incentivar la participación ciudadana en las discusiones y en la toma de decisiones públicas; así como de proveer la información necesaria para hacerlo, en los formatos necesarios. 

 

De los diez principios planteados por APA, en las instituciones legislativas en México ha sido una constante la deficiente evaluación en dos principios: publicación de información en datos abiertos y la implementación de mecanismos para regular los conflictos de intereses. 

 

Poco se ha hablado sobre el tema de conflictos de intereses en México y este es un reto para la apertura parlamentaria que tiene impacto directo en el control de la corrupción. Los y las servidores públicos tienen derecho a tener intereses en su vida privada, sin embargo, es necesario conocerlos para evitar que el cargo público sea utilizado para favorecer propios intereses o los de sus familiares y amigos. 

 

Existen casos de éxito en el país: la discusión legislativa del Sistema Nacional Anticorrupción se dio en el marco de parlamento abierto, las organizaciones de la sociedad civil participaron de forma técnica en la elaboración del primer paquete de leyes anticorrupción. Lo anterior fue resultado de la exigencia ciudadana y del diálogo y la colaboración entre diferentes actores políticos y sociales. No únicamente en la discusión legislativa, sino desde el planteamiento del problema y las posibles soluciones que se proyectaron. Al respecto, se sugiere revisar la “Historia de una reforma” en www.tm.org.mx/reformasna.

 

Otro caso de éxito es el personificado por Pedro Kumamoto, Diputado independiente en Jalisco, quien hace acciones concretas para impulsar el Parlamento abierto como: hacer pública la justificación de su sentido de votación a través de su sitio web. 

 

Imagen 1. Razonamientos de los votos del Diputado Pedro Kumamoto

 

Fuente: kumamoto.mx consultado el 23 de octubre de 2016.

 

También, realiza ejercicios de rendición de cuentas directos con la ciudadanía llamados “Del congreso a las calles”. De esta manera, logra bajar los costos de participación y el costo de allegarse de información para las personas, pues al ir a cada una de las colonias, no es necesario que los vecinos deban trasladarse al congreso para tener contacto con las labores del representante. 

 

 

Fuente: kumamoto.mx consultado el 23 de octubre de 2016.

 

El reto es pasar de casos aislados como el de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción o el del desempeño de la tarea legislativa del diputado Pedro Kumamoto, a seguir una estrategia para abrir integralmente las instituciones legislativas del país. Debemos ser capaces de medir los resultados que tiene la apertura; darnos cuenta de los resultados que tiene este cambio de relación entre ciudadanía y gobierno, en la que exista confianza sin dejar de lado la exigencia ciudadana. 

 

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