La Transparencia como Medio para la Democracia

Con la reciente entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, existe un revuelo a nivel local. Si bien es cierto, en el Estado de México teníamos una de las leyes más completas a nivel nacional, la nueva ley es más ambiciosa y más compleja, aunque el procedimiento para acceder a la información se hizo más complicado comparado con el anterior.

 

 

 

La Ley Estatal, además de considerar nuevos sujetos obligados, impone retos mayores a los que ya lo eran, como la certificación de los titulares de las unidades de transparencia, hoy en los municipios del Estado de México ya no basta con nombrar a cualquier servidor público para el encargo, a partir de 2016 deberá ser un especialista, quien asumirá la responsabilidad de trabajar directamente con dos derechos fundamentales.

 

Sin embargo, esta ley y las nuevas obligaciones, establecen como información pública alguna que anteriormente podía considerarse confidencial, es decir, la armonización de la legislación en materia de transparencia y de protección de datos debe ser prioridad, ello con la finalidad de garantizar el ejercicio de ambos, sin una invasión o restricción entre ellos.

 

No podemos olvidar que mientras los diputados federales discuten la Ley General de Protección de Datos Personales en poder de sujetos obligados, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), deberá trabajar con la vigente Ley de Protección de Datos Personales publicada en 2012.

 

Hoy en día hablar de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales resulta controversial, no obstante, debe ser claro que el ejercicio de uno de los derechos no debe invadir al otro, ya que el acceso a la información no debe invadir la privacidad de las personas, sin embargo, la confidencialidad no puede ser el argumento para que las instituciones no proporcionen la información, ya que la ley contempla mecanismos para que lo público sea divulgado, pero lo personal sea protegido. Lo más interesante y delicado es guardar el debido equilibrio entre estos dos derechos fundamentales, si consideramos que ante una colisión de derechos debe probarse fehacientemente el interés de publicitar o clasificar.

 

En una democracia como la nuestra es de suma importancia, y más en la actualidad, que la ciudadanía conozca del actuar de sus gobernantes, ello demanda una apertura total de las instituciones, ante lo cual, entidades y servidores públicos debemos ser conscientes de que nuestra labor está sometida constantemente al escrutinio público, por tanto la responsabilidad de realizarla con un estricto apego a la legalidad y de manera transparente es aún mayor.

 

Con la llegada de nuevas tecnologías que permiten comunicarnos instantáneamente, inclusive en lugares geográficamente lejanos, el acceso a la información se ha beneficiado enormemente, en el Estado de México se cuenta con sistemas electrónicos amigables que permiten a los usuarios ejercer los derechos de acceso a la información y los denominados derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), mecanismos implementados y desarrollados por el INFOEM, con los cuales cualquier persona que tenga acceso a internet puede solicitar a los sujetos obligados en el estado, información pública y acceder a sus datos personales, desde cualquier lugar, con ello se evitan traslados, además, la infraestructura que los reviste, permite a las instituciones proporcionar respuestas con un volumen considerable de información, mayor inclusive que el previsto por la federación.

 

La toma de decisiones debe ser la consecuencia de un análisis de supuestos y el entorno en que una persona se encuentra; es en ese sentido donde el acceso a la información, consagrado como derecho fundamental, otorga a los individuos no sólo la posibilidad de saber y conocer; dicho concepto va más allá, pues obliga al Estado a proporcionar aquella información a la cual un individuo desea acceder, siempre y cuando no encuadre en las restricciones previstas por ley de reserva o confidencial, justo donde radica la relevancia de dicha prerrogativa, pues no es necesario acreditar personalidad o interés para conocer los actos, actividades, obras y demás acciones realizadas con recursos públicos.

 

No basta con informar superficialmente a los gobernados, actualmente el gobierno debe actuar en caja de cristal, con apertura e integridad máximas, consciente de que debe recuperar la confianza de la ciudadanía, ya que en un país democrático, donde el mecanismo de gobierno y elección se basa en un sistema de partidos políticos, se debe tener una convicción de transparencia para otorgar los elementos necesarios a la población con el fin de promover una firme idea de una búsqueda de bienestar común.

 

En un momento donde los señalamientos de corrupción y malos manejos se encuentran bajo el reflector, la transparencia será imperante en el desarrollo de las actividades de instituciones y servidores públicos, sin mencionar que la sociedad juega un papel fundamental, ya que ambos deben ser congruentes en su actuar al privilegiar la ética y el bien colectivo sobre intereses privados.


Lo anterior, si consideramos que con la operación del Sistema Nacional Anticorrupción y sus respectivas implicaciones, integrado a los ya puestos en marcha Sistema Nacional de Fiscalización y Sistema Nacional de Transparencia, en México contamos con herramientas que permitirán un desarrollo y crecimiento real, ello siempre y cuando sepamos utilizarlas adecuadamente, por sí solas no representarán un cambio fundamental, pero operadas integral y coordinadamente deberán arrojar resultados con prontitud, para establecer un sistema de sistemas que permita a la sociedad consolidar su democracia.           

 

Una sociedad informada tiende al progreso, un gobierno transparente genera un ambiente de confianza entre sus gobernados y la protección de datos personales da certidumbre de su uso a sus titulares.

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