El Fin del Medio Ambiente

 

El medio ambiente como concepto y campo de política pública ha cumplido un ciclo y se acerca a cerrarlo. Hoy se ve agotado y su horizonte está cada vez más vacío.

Recordemos que antes de los años 70 del siglo pasado, éste no existía; temas que después se tornaron “ambientales” estaban disgregados en departamentos de aguas y saneamiento, en secretarías de salud, agricultura, obras públicas, asentamientos humanos y pesca. Sin embargo, y por razones que merecen ser documentadas en otro momento, adquirieron unidad conceptual y configuraron un campo propio.

 

No es muy claro por qué cuestiones tan disímbolas —como la contaminación del agua, la basura, la calidad del aire, los bosques y los parques nacionales, los residuos peligrosos, las actividades industriales riesgosas, la vida silvestre, la capa de ozono, y más adelante, la conservación de los mares— fueron seleccionados y englobados en un nuevo sistema común de valores y propósitos, bautizado como ambiental o ecológico. Será interesante tratar de entenderlo, aunque por lo pronto sabemos que ostentan un denominador común: se asocian con bienes públicos no convencionales y vinculados a elementos biológicos y físicos del entorno humano.

En los años 80 y 90 del siglo XX se crearon entidades de gobierno que agregaron estos temas de diversas maneras (o lo intentaron) en nuevos sectores o subsectores denominados ecología, medio ambiente o recursos naturales (SEDUE, SEDESOL, SEMARNAP, SEMARNAT). La satisfacción a mediados de los 90 fue grande; por fin todo lo ambiental recibía los blasones merecidos, quedaba cobijado dentro de una misma casa y era tutelado por gremios e intereses emergentes propios.

Pero el desencanto se sembró casi de inmediato. Primero en el agua: poco o nada se podía hacer en el tema desde el campo ambiental, sus instrumentos y actores, y quedó en manos de la burocracia tradicional de la Comisión Nacional del Agua y, desde luego, de los gobiernos municipales, después de las modificaciones al artículo 115 constitucional introducidas en los años 80.

Después, el fenómeno fue notable en la pesca; los intereses de esta industria y el caos prevalecieron, y es un asunto exclusivo (más para mal que para bien) de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura y del Instituto Nacional de la Pesca. Igual, los asentamientos humanos, la basura, el transporte urbano y el uso del territorio se rebelaron contra el ambientalismo parapetados dentro de las competencias municipales cimentadas en el artículo 115 constitucional y en una nueva realidad política notablemente descentralizada y atomizada.

Los subsidios a los combustibles (Hacienda), a la agricultura y a la ganadería (SAGARPA) siguieron su lógica, ignorando la existencia del medio ambiente. Si bien los monopolios estatales en petróleo y electricidad fueron receptivos a las demandas ambientales y a la nueva normatividad, su visión e inercias esenciales nunca fueron alteradas. La industria privada, más sensible por razones de imagen corporativa, exigencias de matrices de ultramar, competitividad y minimización de riesgos, entró primero que nadie al redil ambiental, aunque no sin patadas y raspones al inicio, gracias a la presión del TLC. No obstante, con el tiempo dejó de ser noticia; cumple en automático con auditorías y procedimientos burocráticos, y supera normas y expectativas en materia de aguas residuales, residuos industriales y emisiones a la atmósfera. No hay casi nada más (de relevancia) que hacer con ella.

La frontera de normatividad ambiental está casi agotada; en todo caso, depende de la Secretaría de Economía y de la COFEMER. El financiamiento a infraestructura ambiental es tarea de BANOBRAS y FONADIN. La calidad del aire es un tema virtualmente resuelto o en vías de hacerlo, mientras que la del agua potable es vigilada por Salud, al igual que el uso de sustancias químicas peligrosas. La pequeña industria es un asunto local, mientras que los residuos tóxicos (peligrosos) se confunden con la basura municipal o son enviados a confinamiento. El manejo de la vida silvestre es inercial, se olvidó o se descentralizó a las entidades federativas y, en todo caso, el campo cinegético mexicano y buena parte de las UMAS creadas en lustros anteriores parece que son hoy jurisdicción de narcotraficantes y criminales diversos.

Lo más trascendente ahora, el cambio climático, corresponde a facultades obvias de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía, mientras que las negociaciones internacionales son responsabilidad de la Cancillería. La CONAFOR y la CONANP tienen a su cargo el carbono forestal, y en materia de adaptación al cambio climático las tareas tocan a CENAPRED, a los sistemas de protección civil y a la CNA en cuanto a infraestructura hidráulica. Los efectos potenciales en la salud pública del calentamiento global los prevé la Secretaría de Salud, mientras que la adaptación para la conservación de la biodiversidad sólo puede gestionarla la CONANP. Las obras de protección costera están en un limbo, pero desde luego no son facultad ambiental.

Debe reconocerse que la conservación de la naturaleza maduró dentro de lo ambiental, primero como un área administrativa de creciente jerarquía y presupuesto, y después como un exitoso órgano desconcentrado semiautónomo en forma de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. El tema forestal coexistió al principio, incómodamente, con lo ambiental en forma de área administrativa especializada, pero después saltó la CONAFOR para independizarse en los hechos como órgano desconcentrado, adquirió abultadas clientelas políticas propias y, por tanto, presupuestos inusitados para atenderlas y cultivarlas. Por su lado, muchos procedimientos típicamente ambientales de regulación directa por medio de la evaluación de impacto ambiental se fueron con toda lógica a los municipios… Dentro del sector ambiental sólo quedan la evaluación de impacto ambiental de proyectos grandes y sensibles, y la tramitología de diversos permisos, licencias y autorizaciones, que es en buena medida un ejercicio burocrático de copiar y pegar.Así, al redistribuirse tareas, responsabilidades, visiones e instrumentos de política en otros sectores y ámbitos de gobierno, el ciclo ambiental se cierra.

Cabe entonces una duda fundada sobre la pertinencia del sector ambiental dentro de la administración pública, más aún cuando sus órganos desconcentrados y sectorizados actúan con autonomía, y tienden en los hechos a ser sujetos de acuerdo directo con la Presidencia de la República (CNA, CONAFOR, CONANP, PROFEPA).

¿Qué hacer entonces con el medio ambiente como concepto y objeto de política, o como sector o ámbito de gobierno? Una opción, producto de llevar al extremo una expectativa de integralidad, sería una secretaría de medio ambiente, recursos naturales y todo lo demás. Es absurdo. Otra es mantener las cosas como están y que el sector ambiental sea animador dentro del gobierno para que los otros hagan lo que tienen que hacer; una especie de gran ONG (valga el oxímoron) gubernamental. Otra más es pensar al sector ambiental como coordinador taumaturgo de toda la administración pública desde una posición, como la actual, de uno más entre pares. Esto, como sabemos, es difícil e improbable que funcione.

Alternativamente, a la luz del cambio climático, podrían fusionarse, en una sola secretaría, energía y medio ambiente. Una opción adicional es que se cree una oficina de la Presidencia de la República que realmente imponga y coordine desde un nivel jerárquico superior a todas las secretarías. Habría que incluir en ello a la Policía Federal, que contaría con un cuerpo especializado de prevención y persecución de delitos ambientales. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal formalizaría esta distribución y definiría las obligaciones del caso a cada entidad de gobierno.

Tal vez haya más alternativas a las sugeridas arriba, y seguramente combinaciones más o menos afortunadas. Pero lo que parece obvio es que el ideal ambientalista de los años 80 y 90 del siglo pasado se desbordó mucho más allá de las entidades de gobierno que le dieron cobijo. Es preciso reconocerlo. Ya no se puede conjurar desde el pequeño escalón ambiental a los poderosos elementos de la sustentabilidad.

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