El Capitalismo Ganó 20 Años Después de Río

03/05/2012

La capitalización de la naturaleza y la sobreeconomización del mundo [son manifestaciones de que] la racionalidad económica ha llevado a recodificar el mundo en términos de valor [de modo que todo es colocado en el mercado para la producción].

ENRIQUE LEFF

 

Generalmente, cuando alguien habla de la protección del ambiente, no es claro si todos hablamos en el mismo contexto y realmente comprendemos la dimensión del concepto. Por un lado, es común el lenguaje de la corresponsabilidad social, cuando observamos publicidad dirigida a cualquier persona para sensibilizarla acerca del consumo de bienes, energía y emisiones de contaminantes que degradan los recursos y el hábitat.

Por otro lado, es muy poco común escuchar a los actores sociales y políticos regionales e internacionales hablar de los compromisos pendientes en la agenda internacional ambiental, de los acuerdos olvidados o, por ejemplo, de los pocos avances de los que mucho se alardea.

De la mano, los gobiernos nacionales (al menos no la mayoría en América Latina) no plantean ni se cuestionan en sus agendas políticas la perspectiva ambiental como factor de desarrollo económico, social y cultural, ni mucho menos plantean bloques mínimos de políticas públicas para un goce pleno de los derechos humanos íntimamente vinculados con la protección del ambiente.

Qué triste ver a ciudadanos, Estados y organizaciones internacionales desatender la protección y defensa dura del derecho de las personas a tener un ambiente adecuado, que no sólo les permita una calidad de vida digna, sino además, gozar de un desarrollo sustentable (si es que no es mito).

El tema ha sido abandonado por las agendas multilaterales a la cooperación internacional y, en el mejor de los casos, a la especialización de las pocas herramientas jurídicas que pueden incidir a nivel internacional.

Hagamos un recuento. Desde la aparición del primer instrumento “ambiental” (el Convenio de París sobre la protección de las aves útiles a la agricultura, 1902), las publicaciones de la década de los 601 y los grandes desastres ambientales internacionales2, la comunidad internacional se dio cuenta de la importancia del tema ambiental. Así, desde la década de los 70, el Derecho Internacional Ambiental se ha desarrollado principalmente bajo el seno de Naciones Unidas, pues los principales esfuerzos y compromisos internacionales se han creado a la luz de su sistema.

De esta forma encontramos como piedras angulares en el inicio de la protección ambiental la Declaración sobre Ambiente Humano de Naciones Unidas de 1972, el Informe Brundtland de 1987 y la Declaración de Río de 1992.

 

Aunque estos documentos son concebidos más como instrumentos de política internacional y no como parte del conjunto de instrumentos jurídicos vinculantes en materia ambiental, es innegable que después de la Conferencia de Río el tema ambiental tomó un cariz distinto, ya que la temática adquirió como característica indiscutible la transversalidad, aspecto que consolidaron las discusiones y documentos de las conferencias de Beijing (sobre la mujer), Estambul, Johannesburgo (sobre desarrollo sostenible), Doha (convocada por la Organización Mundial de Comercio en el marco del sistema de comercio equitativo) y Kyoto (en relación con el cambio climático) al relacionar el cuidado del medio ambiente con el desarrollo social y económico.

Sin embargo, la aparición del tema ambiental en tan variados foros se debió a que los principales factores que contribuyeron a la internacionalización de los problemas ambientales fueron la contaminación transfronteriza, la exportación de la contaminación y la globalización del sistema económico (Rojas, 2004, p. 33), donde la competencia llevó a armonizar las legislaciones locales en materia ambiental para evitar que restricciones a la importación y exportación por motivos ambientales fuesen usadas como barreras comerciales (Rojas, 2004, p. 36), temáticas que fueron abordadas ante diversas instancias internacionales y que por sus propias características forzaron a superar el marco de acción local, adoptándose diversos tratados sobre contaminación atmosférica, manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos, y sobre el control de los movimientos transfronterizos de éstos.

Comencemos por recordar cómo llegamos a Río. La declaración de Estocolmo en su Principio 21 señalaba que los Estados tienen la obligación de asegurarse de que las actividades que se lleven a cabo dentro de la jurisdicción, o bajo su control, no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional. Así, igualmente resultó lógico que tras la conferencia se estableciera el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con el fin de incidir en el desarrollo de programas de cooperación ambiental internacional.

Asimismo, otro logro fue el reconocimiento en esa declaración de la interconexión entre medio ambiente y derechos humanos, abriendo el debate en dos sentidos: saber si es preciso reconocer, en el marco del Derecho Internacional, el derecho humano al medio ambiente; o si era suficiente proteger el interés que dicho derecho comporta en conexión con otros derechos humanos ya reconocidos.

Forzaron a superar el marco de acción local, adoptándose diversos tratados sobre contaminación atmosférica, manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos, y sobre el control de los movimientos transfronterizos de éstos.

Con esos grandes avances y un sinfín de nuevos tratados regionales en materia ambiental, llegamos al año 1992, cuando al celebrarse la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, se adoptaron la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la Agenda 21, así como otros tratados igualmente trascendentes (como la Convención marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático).

A pesar de que esa Declaración fue ovacionada y logró el reconocimiento de principios rectores en materia del derecho y la cooperación internacionales, con el tiempo los Estados modificaron sus perspectivas. Un ejemplo fue el fracaso que representó la Cumbre de Johannesburgo de 2002 (Río + 10). Y ni hablar de las reuniones sostenidas con motivo de la Convención marco y su protocolo.

No ha resultado suficiente que las conferencias de Naciones Unidas generasen un trato multidisciplinar a la materia ambiental, donde el Derecho Internacional Ambiental adquiere un criterio integrador que establece las líneas generales de protección del ambiente y regula los elementos de la biósfera que son vitales para el ecosistema mundial, pues se han enfatizado sólo ciertos aspectos de beneficio estatal individual y económico.

La Declaración de Río perdió fuerza no por sí misma ni por el fracaso que en cierta medida representó Johannesburgo, sino porque el esfuerzo se ha concentrado únicamente en algunos temas. Además, la introducción de aspectos de mercado, como la emisión de bonos de carbono y un mercado de intercambio, son claramente una contradicción con lo que pareciera haber sido su espíritu.

Hemos pasado del Ecologismo, uno de los movimientos sociales más significativos de fin del siglo XX, a una clara distorsión del principio de responsabilidad estatal por contaminación transfronteriza (el que contamina paga) o de la corresponsabilidad social y de las empresas, nos hemos volcado en la vorágine del capitalismo, que ahora tiene el descaro de negociar con el derecho a un ambiente limpio de cada uno de
nosotros.

Habrá que preguntarnos si en los años que han transcurrido la comunidad internacional logrará entender al ambiente como una estructura sociológica compleja que incorpora bases
ecológicas de la sustentabilidad y condiciones sociales de equidad y democracia, incorporando principios éticos y valores culturales, más allá de paradigmas científicos y de la razón instrumental (Leff, 2004, pp. 62-63). Y, principalmente, si las acciones de los Estados llevarán a movilizar a la sociedad para la construcción de una nueva racionalidad social o sólo se preocuparán por el mercado y las posiciones geopolíticas como hasta ahora.

Cuando la teoría y las políticas económicas buscan acelerar el proceso de crecimiento articulando un dispositivo ideológico y una estrategia de poder para capitalizar a la naturaleza, emergiendo el discurso neoliberal y la geopolítica del desarrollo sostenible, donde la polémica se encuentra en la eficacia de las políticas ambientales para incorporar los valores de la naturaleza mediante instrumentos económicos (subsidios, impuestos e incentivos; cuentas verdes e indicadores de sustentabilidad) o de normas ecológicas que establecen las condiciones externas que debe asumir la economía de mercado, me parece deprimente que todos seamos vistos en términos económicos y esto explica que la economía clásica intente constantemente interiorizar las externalidades ambientales mediante la asignación de derechos de propiedad y valorizando los recursos y servicios ambientales.

Lástima que nadie medite con seriedad, salvo algunos respetados pensadores, que eso es justamente lo que se ha desarrollado con ahínco después de Río.

1 La primavera silenciosa, de Rachel Carson, fue publicada en 1962; La tragedia de los espacios colectivos, de Garrett Hardin, en 1968 y los informes del Club de Roma —principalmente el denominado Los límites del crecimiento— en 1972.
2 El derrame de petróleo del Torrey Canyon en la costa norte de Francia (1967), las declaraciones de científicos suecos sobre la contaminación atmosférica en Europa Occidental, los movimientos ambientalistas y graves accidentes ambientales —como el incendio del Pozo Iztoc I de Petróleos Mexicanos (1979), la explosión de la fábrica farmacéutica de Union Carbide (Bhopal, India, 1984), la explosión nuclear en Chernobyl (URSS, 1986), el derrame de petróleo del Exon Valdes (Alaska, 1989), así como el incendio de los pozos de petróleo en Kuwait durante la Guerra del Golfo Pérsico (1991)— hicieron palpables los efectos del descuido del medio ambiente. Las consecuencias negativas fueron masivas e incluso continúan teniendo secuelas.

Fuentes consultadas
Leff, Enrique (2004). Racionalidad ambiental: la reapropiación social de la naturaleza. México: Siglo XXI.
Rojas Quiñones, Claudia María (2004). Evolución de las características y de los principios del Derecho
Ambiental Internacional y su aplicación en Colombia. Universidad Externado de Colombia.

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