El Reto de la Sociedad: Organizarse y Trascender más allá de la Marcha, el Plantón y el Bloqueo

22/07/2016

 

Durante los últimos 40 años pocos temas han sido tan discutidos en las Ciencias Sociales como el de la ciudadanía en el contexto de la democracia representativa liberal. El propósito del presente artículo no es formar parte de la extensa bibliografía que clama por la necesidad de contar con una ciudadanía participativa basada en la cultura política de la deliberación y la legalidad, la cual nos permita soñar con una democracia real, caracterizada por ser un régimen donde la disputa por el poder político se dirima a partir de su división tripartita, el sufragio efectivo y el reconocimiento y respeto de derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales en la materia.

 

Diagnóstico de la situación

 

Sin necesidad de recurrir a una cita textual, entiendo el concepto de ciudadanía como la capacidad que adquieren los seres humanos para ser conscientes de su dignidad intrínseca y por ende de los derechos humanos que les son conferidos en su calidad de personas y que les permiten formar parte de la comunidad, al mismo tiempo que les permiten conducirse en sociedad a partir del respeto de dichos derechos y a sus titulares.

Ahora bien, hablo de capacidad y adquisición en virtud de que la ciudadanía exige ciertas condiciones para su desarrollo; el zoon politikón griego y el hombre político moderno coinciden en la necesidad de respetar y establecer mecanismos para dirimir conflictos en forma pacífica y orientar los esfuerzos de la sociedad en garantizar a todos sus miembros la posibilidad de vivir y desarrollarse de acuerdo con su potencialidad y un piso mínimo de derechos.

 

Ortega y Gasset hablaba del hombre masa y su paso hacia la ciudadanía; posteriormente María Zambrano plasmó de manera por demás clara y estética la relación entre persona (entendida como un ciudadano, sujeto de derechos) y democracia en su libro del mismo nombre. Y así, entrando de lleno a nuestra problemática, omitiré señalar las condiciones para el ejercicio ciudadano; basta decir que, según datos del Informe de pobreza multidimensional, en México 47.2 millones de personas en situación de pobreza multidimensional2 tienen serios obstáculos para fortalecer su condición de ciudadanos y buscar ejercer sus derechos más allá de la marcha pública. Lo anterior es necesario ponerlo en claro: no estoy diciendo que 47.2 millones de mexicanos no sean ciudadanos; su condición y sus derechos están reconocidos en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales; lo que estoy afirmando es que 47.2 millones de personas se encuentran frente a una gran desventaja comparativa para promover por sí mismos solicitudes de información gubernamental, amparos, acceso a organismos públicos de derechos humanos, formar parte de organizaciones especializadas en defensa de derechos humanos y mucho menos competir en igualdad de circunstancias por puestos de elección popular al interior de los partidos y, posteriormente, a niveles local, estatal o nacional.

 

Por otra parte, la capacidad de organización y asociación se encuentra mermada por el contexto jurídico, político y económico de las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Lo anterior resulta de una importancia capital en el diagnóstico de la situación del ejercicio ciudadano en México, ya que “la pobreza es factor de violación de los derechos humanos; quienes viven en condiciones de pobreza son más vulnerables y susceptibles a violaciones a sus derechos. La pobreza es también consecuencia de la violación de derechos humanos”.3

 

La primera de tres tesis centrales que surgen de la presente problemática es que existe una relación directamente proporcional entre la pobreza y la corrupción, es decir, entre más pobre es un país más corrupto tiende a ser.

 

Entiendo la pobreza desde la óptica utilizada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el enfoque de la pobreza multidimensional .4

 

En ese orden de ideas, 6.9% de las personas de 15 años o más no saben leer ni escribir en el país; en el D. F., Nuevo León, Coahuila y Baja California las tasas de personas que no saben leer son inferiores a 3%, en cambio en Chiapas, Oaxaca y Guerrero superan 16%.5 Así mismo, en 2010 31% de la población declaró un ingreso mensual por debajo de dos salarios mínimos. Estos números completan el cuadro con los resultados, en el que se incluyen 177 países y México ocupa el lugar 106. Además se obtuvo una calificación de 34, donde 0 fue la percepción más alta de índice de corrupción y 100 la más baja.6

 

Ante este lamentable panorama, la teoría política establece que sólo la implementación de canales de comunicación entre gobierno y sociedad, la existencia de un sistema de derecho real y la implementación de efectivos mecanismos de control gubernamental en el ejercicio presupuestal, así como el monitoreo participativo de gobierno y sociedad en la implementación de políticas públicas de combate a la pobreza podrán influir en una equitativa y racional repartición de la riqueza.

 

Dentro de dicho esquema, el ejercicio ciudadano se expresa por medio de dos vertientes fundamentales: la acción individual y la acción colectiva, las cuales se traducen en movimientos sociales e idealmente en organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, partidos políticos, etcétera. Estos actores surgidos de la sociedad organizada interactúan con el gobierno y otros sujetos del ámbito político para incorporar en la agenda exigencias e intereses de los diferentes sectores que representan.

 

Sin embargo, en el ámbito de las organizaciones sociales, el panorama tampoco es el más deseado: en México existen 22 mil organizaciones, en Colombia 135 mil, en Brasil 200 mil y en Estados Unidos más de un millón.7 Lo anterior se traduce en 3.6 OSC por cada 10 mil habitantes en nuestro país, que en comparación con Argentina y Brasil (29 y 17 OSC por cada 10 mil habitantes, respectivamente) nos da una pequeña idea de la distante realidad mexicana con los postulados de la teoría política relativos al concepto de ciudadanía, sociedad civil y su papel imprescindible para el establecimiento de una democracia representativa y participativa.

 

Los obstáculos que enfrentan las OSC en México merecen un artículo aparte; por lo que me limitaré a señalar los tres principales problemas que originan nuestro raquítico mundo asociativo: a) la existencia de un marco normativo confuso, obsoleto e ineficaz representado por la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC) y la Ley de Impuesto sobre la Renta, en particular lo dispuesto en el régimen de donatarios autorizados del título III de la ley citada. Este marco legal, además de duplicar obligaciones, resulta costoso y un verdadero muro en las pretensiones de las OSC de ir por el camino del financiamiento privado.

 

El segundo factor por el cual se asfixia el desarrollo de las OSC es la ausencia de un esquema fiscal propenso para la sostenibilidad financiera de las OSC, es decir, un mecanismo que permita: i) la existencia de estímulos fiscales para favorecer las donaciones privadas de personas físicas y morales y, ii) ofrecer beneficios fiscales a las propias organizaciones para que su operación sea menos onerosa.

 

El tercer elemento es quizás el más importante, ya que involucra la creación de una norma que estimule una cultura política asociativa enfocada en garantizar un entorno favorable para que los individuos ejerzan su derecho a crear y mantener una OSC.

 

En el tema de la cultura política asociativa es necesario abrir un paréntesis para señalar los problemas derivados de la ausencia de la misma, los cuales se resumen en cuatro importantes escollos para el establecimiento de una sociedad civil organizada: a) la falta de confianza por parte de las personas en las actividades de las OSC, b) la ausencia de mecanismos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas respecto a las actividades de las OSC, C) la ausencia de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas respecto del origen, procedencia y legalidad de los donativos recibidos y, finalmente, d) la vulnerabilidad jurídica de la figura del voluntariado dentro el Código Civil y la Ley Federal del Trabajo, tema que sin lugar a dudas también merece otro artículo independiente.

 

Ideas para estimular el debate asociativo

 

Una vez esbozado el contexto y teniendo presente la transversalidad de los efectos de la pobreza y la corrupción en la reproducción de violaciones a otros derechos, así como su interdependencia, expondré una serie de ideas que pueden facilitar la creación de propuestas para atacar el problema.

 

Antes que nada, una segunda tesis surge en la presente exposición: es la sociedad organizada la que puede desencadenar el proceso mediante el cual las OSC tengan un entorno efectivo que les permita crearse, financiarse y mantenerse trabajando.

 

Esta segunda afirmación da entrada a la tercera y más importante idea en relación con el tema de la ciudadanía y la corrupción: el efectivo combate y control de la corrupción debe ser un verdadero ejercicio contralor por parte de la ciudadanía, capaz de llevar ante tribunales autónomos, independientes, legítimos, eficaces y eficientes que sean capaces de juzgar y sancionar a los responsables involucrados en actos de corrupción, no solo los escándalos de corrupción más graves y desvíos de recursos y demás acciones ilícitas en la gestión del presupuesto gubernamental, sino principalmente aquellos relacionados con los derechos humanos; esquema que debe aplicarse al ámbito empresarial .

 

Esta idea empieza con una pequeña acción individual: el monitoreo de la gestión pública a nivel local, al interior de la colonia, delegación o municipio. El tema es aumentar exponencialmente el uso del derecho a la información y la rendición de cuentas y cotejar los gastos del gobierno con precios de la realidad en materia de servicios básicos: pavimentado, alumbrado público, mobiliario urbano, adquisición de vehículos, etcétera.

 

Este primer ejercicio daría la pauta para la sistematización del uso del derecho a la información, a partir del uso generalizado del mismo, la promoción de su uso y la creación de guías y manuales destinados a familiarizar a los usuarios y empoderarlos para realizar sus propias investigaciones. El primer objetivo es, en todo caso, estimular a la mayor cantidad de personas a dar uso y seguimiento de la información proporcionada.

 

El segundo paso es la puesta en marcha de observatorios ciudadanos de la gestión gubernamental dividida en niveles de gobierno y rubros de la administración pública federal por medio de asociaciones que, a través de redes ciudadanas, construyan coaliciones de OSC consagradas a la transparencia, evaluación y difusión de las políticas gubernamentales a niveles local, regional y nacional.

 

La idea aquí presentada no constituye una propuesta consolidada, pretende ser una aportación en la discusión respecto al tema. Muchos son los problemas que pudiera enfrentar este esquema: la criminalización del activismo, la cooptación por parte de partidos políticos y su manipulación como herramienta de golpeteo político, la amenaza constante que representan los grupos del crimen organizado, la falta de cultura asociativa y el entorno de las OSC.

 

Sin embargo, a pesar de todo el cinismo y resignación que sofoca ideas como estas, tratándolas de ingenuas e idealistas, la situación actual hace cada vez menos tolerable que en un país donde la mitad de su población vive en situación de pobreza, su clase gobernante nos insulte con escándalos millonarios, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias.

 

Ante esta coyuntura que presenta la posibilidad de ser testigo de estallidos sociales, la ciudadanía y la sociedad organizada se presentan como una alternativa pacífica en la búsqueda del establecimiento de un Estado de derecho basado en el bien común.

Hoy, como pocas veces, el ejercicio de la ciudadanía se muestra tan peligroso. No obstante, hoy más que nunca su ejercicio es urgente.

 

Entiendo el concepto de ciudadanía como la capacidad que adquieren los seres humanos para ser conscientes de su dignidad intrínseca y por ende de los derechos humanos que les son conferidos en su calidad de personas y que les permiten formar parte de la comunidad.

1 A menudo la desesperación ha ganado batallas.
2 Para mayor información consultar el Informe de pobreza multidimensional en México 2010. Disponible en línea en: http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/Informe_ de_Pobreza_en_Mexico_2010.pdf.
3 Sergio García Ramírez. La reforma constitucional sobre derechos humanos (2009-2011). Porrúa/UNAM, p. 2. 4 El Índice de Desarrollo Humano mide el logro promedio de un país, estado o municipio u otra división geográfica- administrativa, en tres dimensiones del desarrollo humano: longevidad (esperanza de vida), conocimientos (logro educativo) y nivel de vida digno (ingresos-PIB real per cápita). Por otra parte, la medición multidimensional de la pobreza contempla tres espacios analíticos: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial.
5 Íbidem, p. 4.
6 Informe de Transparencia Internacional, sección México. Disponible en línea en: http://www.tm.org.mx/ipc2013/. 7 Mónica Tapia y Ma. Isabel Verduzco. “Fortalecimiento de la sociedad organizada: diagnóstico y reformas para un ambiente propicio en México”. Alternativas y Capacidades A. C., julio 2013, p. 17. Disponible en línea en: http://www.alternativasycapacidades.org/sites/default/files/publicacion_file/Fortalecimiento.pdf.

 

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