La Corte Penal Internacional Ante la Amenaza de ISIS

 

El terrorismo representa una de las mayores amenazas para la seguridad internacional durante el siglo XXI. Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, este fenómeno ha tomado mayor relevancia y las medidas para combatirlo han ido en aumento.

 

Occidente se ha visto enfrentado a estructuras jerárquicas y bien coordinadas de diferentes organizaciones que, basadas en el islam extremista, operan en forma de pequeñas células al rededor del mundo; el combate liderado por Estados Unidos durante muchos años estuvo enfocado en el grupo Al Qaeda, dejando de lado otras organizaciones que poco a poco fueron fortaleciéndose.

 

Tal es el caso del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) que es un grupo consolidado en Irak y Siria. La ocupación territorial de este grupo abarca casi una tercera parte del territorio sirio y buena parte del oeste iraquí, en suma, resulta una extensión casi del mismo tamaño que Bélgica, y constituye una amenaza muy seria tanto para la región de Medio Oriente como para Occidente. Recientemente, tras los ataques ocurridos en Paris, la comunidad internacional se percató de la amenaza que representa ISIS y del tiempo que se perdió mientras el grupo se fortalecía en un territorio que carece de estabilidad.

 

En este sentido, diversos analistas han mencionado la posibilidad de utilizar un recurso legal, en orden de fortalecer los embates militares de la coalición opositara a ISIS, como lo es la Corte Penal Internacional (CPI). De acuerdo al Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, “La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto[…]: Los crímenes de lesa humanidad[…] [y]Los crímenes de guerra”.

 

Los crímenes de lesa humanidad son aquellos que se comenten de forma generalizada contra la población civil e incluyen violaciones sexuales, tortura y esclavitud forzada, por mencionar algunos. Mientras que por crímenes de guerra, se entienden, entre otros, la destrucción de bienes sin justificación militar, la toma de rehenes o el impedimento para que un prisionero de guerra sea juzgado legítimamente. 

 

Así, se tiene que el Estado Islámico ha cometido crímenes extremadamente crueles que encajan en las categorías mencionadas, tales como ejecuciones masivas, esclavitud sexual, tortura, mutilación y reclutamiento forzado de niños, acoso de minorías étnicas y religiosas, así como destrucción de propiedad cultural, cuestión que ya ha sido documentada en varias ocasiones e incluso reconocida por la propia CPI en abril de 2015. 

 

De igual forma, aunado a estos delitos, la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) recalca que los miembros de ISIS han cometido genocidio contra la comunidad minoritaria yazidí en Irak, además de delitos contra la humanidad y crímenes de guerra contra civiles, incluidos niños. 

 

No obstante, pese al reconocimiento de la comisión de delitos internacionales por parte de ISIS, no resulta tan sencillo para la CPI iniciar un caso, debido a que ni Siria ni Irak forman parte de la Corte y, considerando la capacidad institucional de ambas naciones, se percibe un escenario complicado para que en el corto plazo lo hagan. De esta forma, sólo restan dos opciones: la primera es que la propia CPI atraiga el caso invocando una facultad especial de la Fiscalía y la otra que sea el Consejo de Seguridad de la ONU quien solicite que se abra el caso.

 

Para la primera opción, la Corte tiene la opción de iniciar averiguaciones individuales contra los diversos miembros de ISIS que sean ciudadanos de países miembros de la Corte, por ejemplo, el caso del soldado yihadista inglés, quien decapitó a diversos prisioneros y apareció en uno de los videos del grupo terrorista,  también se sospecha la participación de ciudadanos australianos, canadienses, franceses, alemanes e incluso mexicanos, como el supuesto Abu Hudaifa al Meksiki (“el mexicano”, en árabe). Para hacer valida esta vía, sería necesario que dichos países carecieran de mecanismos legales previamente establecidos y por lo tanto fuera necesaria la intervención de la CPI. Este requisito no se cumple en la mayoría de los casos, ya que estas naciones cuentan con leyes federales que establecen penas para sus ciudadanos que cometan actos terroristas.

 

Por su parte,  la segunda opción, en la que la solicitud de abrir un caso sería referida por el Consejo de Seguridad, resulta complicada, ya que ha sido el propio Consejo el que ha avalado las intervenciones militares en contra de ISIS.

 

En conclusión, pese a que el espíritu y vocación de la Corte Penal Internacional favorece una óptica que busca llevar ante la justicia a criminales sin escrúpulos, su mandato legal en este momento es limitado y se encuentra paralizada ante un fenómeno que requiere acciones que van más allá de una respuesta militar como la que se está dando actualmente. 

 

Referencias.

 

1 Artículo V, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 1 de julio, 2002.

2 Fatou Bensouda, Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, FatouBensouda, on the alleged crimes committed by ISIS, 8 de abril de 2015,

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/Pages/otp-stat-08-04-2015-1.aspx

3 Notimex, ONU urge a Irak adherirse a la Corte Penal Internacional, Radio Trece, 8 de septiembre de 2014,http://radiotrece.com.mx/onu-urge-a-irak-adherirse-a-la-corte-penal-internacional/

4 Bergen, P., The British connection to ISIS beheadings, CNN, 16 de septiembre de 2014.

5 Álvarez, C., Reclutamiento del ISIS, al alza, Excelsior, 14 de diciembre de 2014,http://www.excelsior.com.mx/global/2014/12/14/997577

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