La Participación Ciudadana Municipal

 

Introducción

En el presente texto se hablará del municipio como una institución que administra y, a través de políticas estratégicas dirigidas, presta los servicios que los ciudadanos necesitan, y que hacen saber mediante un ejercicio de participación ciudadana ante el Estado, esta tendencia de interacción no es nueva, ha acompañado al municipio desde sus orígenes.

 

Para hablar de la participación ciudadana debemos tener una concepción definida del municipio sustentada en un breve panorama de su propia historia, lo que permitirá vislumbrar la relación precisa que hay entre ambas figuras, municipio y participación.

Municipio, conceptos y generalidades

Existe una infinidad de concepciones del municipio pues son cientos los autores que se han adentrado en su estudio, se dice que el municipio es “la entidad política jurídica integrada por una población asentada en un espacio geográfico determinado administrativamente, que tiene unidad de gobierno y se rige por normas jurídicas de acuerdo a sus propios fines.”

El municipio como nivel de gobierno y célula político administrativa de los estados, tiene su antecedente en Roma, donde “surge el vocablo municipio, que viene del latín de “munus munare” que significa carga, gravamen o prestación, esa era la denominación que recibían los pueblos sometidos, que formalmente quedaban incorporados al Estado romano”.

Al conquistar Roma la península Ibérica por el año 19 a. C., la institución latina encuentra en España vínculos estrechos para desarrollarse, se crea el primer municipio llamado, “Gades”, regulado por los términos de la “Lex Julia Municipales”, que data del año 45 a. C. y que reglamentaba el funcionamiento de la policía de Roma y el estatuto municipal de las ciudades que le pertenecían.

A la caída del Imperio romano, la forma de organización municipal permaneció en los reinos visigodos existentes en territorio hispano durante la alta edad media. En el Siglo VIII el territorio de la península cayó en manos de los árabes, quienes crearon formas de organización propias con apego a las antiguas tradiciones municipales, pero con dos aspectos diferentes, la representación social y la centralización burocrática musulmana a través de la figura de “alcalde”.

En el municipio medieval español las decisiones se tomaban a partir de acuerdos establecidos por la asamblea de vecinos, que eran beneficiados por el “fuero”; las ciudades podían obtener su autonomía política y administrativa. Estas asambleas de vecinos son muestras rudimentarias de participación ciudadana.

En la Nueva España el municipio fue instaurado por Hernán Cortes, “El primer Ayuntamiento de México fue el de la Villa Rica de la Veracruz, fundado el 22 de abril de 1519, que le otorgó a Hernán Cortés en nombre del Rey de España el título de Capitán General y Justicia Mayor del Cabildo Veracruzano”, así el cabildo lo doto de facultades necesarias para emprender la conquista del territorio.

Una vez concretada la conquista el municipio facilitó el desarrollo de la colonia, pues se encargó de la administración pública de las regiones, la recaudación del erario, el control sobre las artesanías, así como de propiciar la paz pública y proporcionar servicios públicos que la población requería; pero también facultó de poderes extraordinarios a los españoles peninsulares y se los restringió a los criollos e indígenas.

Los puestos de los Ayuntamientos se empezaron a vender o a concesionar por el Rey. “La venta de los puestos limitó la participación de los indígenas como de los criollos en los cabildos, y por lo tanto, en la participación en las decisiones de su municipio, siendo esto una de las cusas que después llevarían a la guerra de independencia.”

En el México independiente el municipio permaneció vigente en las diversas formas de organización política que surgieron, en 1824 la nación adoptó la república representativa, popular y federal como forma de gobierno. Sin hacer referencia a una forma del gobierno local, los municipios se regularon por disposiciones directas de la ley del Estado.

Para el México Federal, en las leyes de 1836 se consagró constitucionalmente a los Ayuntamientos, así mismo, se dispuso que se institucionalizarán en todas las capitales de los estados, en puertos y pueblos, y que la elección de sus  integrantes fuera de carácter popular.

Fue hasta 1917 cuando en el artículo 115º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se instauró formalmente al municipio como la base de la organización política y de administración pública de los estados,  que adoptaría  un gobierno republicano, representativo y popular; cuya división territorial, así como su organización política y administrativa se basa en el Municipio Libre.

En el ámbito municipal, la administración pública funciona a partir de la ejecución de políticas públicas orientadas a satisfacer los servicios públicos y a facilitar la toma de decisiones. Para hacer saber sus necesidades, la ciudadanía se vale de la participación a través de medios efectivos como quejas e informes.

El cabildo, por su parte, es el cuerpo colegiado que aborda los asuntos concernientes a la administración pública municipal, es el órgano en el que se discuten y evalúan las problemáticas y se plantea su solución.

“El congreso o junta de las personas destinadas por el gobierno económico-político de cada pueblo. Se suele llamar también consejo, cabildo o regimiento. Se compone del alcalde, justicia y de los regidores”.

Participación Ciudadana

Por ello se dice que “La idea de participación política, incorporada en las nuevas constituciones, entiende que la conquista del gobierno por medio del voto no debe agotar la participación de la sociedad, sino que, al contrario, debe permitir el inicio de otro proceso, generando dos focos de poder democrático: uno, originario del voto; otro, originario de las instituciones directas de participación”.

“Para que la participación pueda cumplir con ambos objetivos es necesario que sea efectiva y real, con acceso a toda la información y a los equipos técnicos intervinientes; de lo contrario nos encontraríamos frente a una mera apariencia que sólo contribuiría a disimular los vicios de la administración.”

De la referencia anterior se aprecia que los ciudadanos pertenecientes al municipio tienen capacidad política y administrativa, pues aportan opiniones, quejas, sugerencias y soluciones a los problemas que les aqueja como miembros de la sociedad.

“La ciudadanía es la condición de pertenencia a la comunidad política que otorga la posibilidad de intervenir en la formación de la voluntad colectiva y conlleva obligaciones para con la comunidad. Respecto a la vecindad, la verdad es que a menudo se confunde con la ciudadanía, de modo que en ocasiones la vecindad llega a ser fuente de la ciudadanía.”

El Estado reconoce los atributos jurídicos del municipio como ente colectivo, así pues, el gobierno y la administración de los municipios se integran con representantes de la propia comunidad, que son electos para servir en favor de la sociedad, pues como ciudadanos también pertenecen a ella.

Por eso, la Ley Orgánica Municipal destaca en su artículo 64° que “Los Ayuntamientos, para el eficaz desempeño de sus funciones públicas, podrán auxiliarse por:

  1. Comisiones del Ayuntamiento

  2. Consejos de Participación Ciudadana

  3. Organizaciones sociales representativas de las comunidades

  4. Las demás organizaciones que determinen las leyes y reglamentos o los acuerdos del Ayuntamiento.”

Esto es que, para la gestión, la promoción y la ejecución de los planes y programas municipales en las diversas materias; en cada una de las comunidades que integran su territorio, los Ayuntamientos podrán auxiliarse de Consejos de Participación Ciudadana (COPACI), compuestos  por un presidente, un secretario, un tesorero y vocales, quienes deberán ser electos, preferentemente, por su conocimiento, profesión, vocación o experiencia. La elección de este organismo se debe hacer bajo los términos que el Ayuntamiento determine y haga públicos a través de una convocatoria abierta a la ciudadanía.

La Ley Orgánica Municipal es muy clara sobre las atribuciones y las funciones que posee el COPACI, en razón de que funge como órgano de comunicación y colaboración entre la comunidad y las autoridades, debe promover la participación ciudadana en la aplicación de programas municipales y coadyuvar para su cumplimiento eficaz, proponer ante el Ayuntamiento las acciones tendientes a integrar o modificar los planes y programas del gobierno local y supervisar la atención de los servicios públicos, entre otras tantas.

Los Ayuntamientos promoverán, entre sus habitantes, la creación y facilitarán la operatividad de organizaciones sociales de carácter popular, a efecto de que participen en el desarrollo vecinal y cívico en beneficio colectivo de sus comunidades. La Comisión de Participación Ciudadana fungirá como instancia de apoyo entre los ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, constructores o desarrolladores y las autoridades municipales; en los conflictos que se generen en materia de desarrollo urbano y uso de suelo, adicionalmente a las funciones que le señale el reglamento correspondiente.

 

CONCLUSIONES

 

PRIMERA. Desde su concepción en la antigua Roma hasta la actualidad, el municipio se ha fundamentado en la participación ciudadana, pues son los ciudadanos quienes conocen sus necesidades, y acuden a las autoridades municipales en busca de solución.

 

SEGUNDA: Los ciudadanos propician que la atención traiga consigo solución oportuna, eficaz y expedita a los asuntos que les aquejan, y ayudan al municipio a darles solución mediante la aplicación de acciones, estrategias y políticas que el cabildo determine.

 

TERCERA: Para la problemática social actual que vive el municipio se han creado nuevos sistemas de participación ciudadana, donde se opina, se accede a la información e incluso, se controla la administración pública.

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