Movilidad Urbana, Derecho Colectivo: Toluca, Retos y Perpectivas

05/03/2016

 

Entre las realidades que enfrenta hoy la ciudad está que la zona metropolitana del Valle de Toluca es la única de las cinco zonas más importantes del país que no cuenta con un sistema de transporte masivo para atender las necesidades al interior de la región.

 

Uno de los indicadores para medir la calidad de las democracias contemporáneas es el nivel de acceso, protección, defensa y garantía de los derechos fundamentales.

En este contexto, la movilidad ocupa en la actualidad un elemento esencial en tanto que facilita el proceso elemental de toda actividad humana: la comunicación. La comunicación debe ser entendida no solo como la posibilidad de emitir un mensaje, en donde participan un emisor y un receptor, sino en un sentido más amplio. Esto es, que permite a las personas, en la vida cotidiana, el acceder a bienes y servicios, el transitar con libertad y seguridad, el integrarse a las actividades económicas, el asistir a centros educativos y laborales, el encontrarse con sus semejantes para socializar. En fin, toda la gama de acciones humanas que le permiten a la persona ser en lo individual y en lo colectivo.

El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye uno de los principios para poder sustentar la definición de movilidad: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado”. Derivado de lo anterior, podemos señalar que la movilidad urbana es una necesidad básica y un derecho colectivo que debe ser garantizado por el Estado en sus tres órdenes de gobierno.
El entendimiento de la movilidad urbana permite, en principio, generar condiciones básicas para el desplazamiento del ciudadano, pero además es un ejercicio de cohesión social porque fortalece la convivencia de los diferentes sectores, al tiempo de convertirse en un ejercicio de tolerancia ante las diferencias. Es decir, en una ciudad en donde sus habitantes asumen con responsabilidad y conciencia que el espacio urbano es público y, por tanto, debe dar cabida a la convergencia de las mujeres, de los hombres, de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores, de las personas con capacidades diferentes, entre otros, se abre con ello un abanico de oportunidades para que, al ser parte de la colectividad, vivamos el día a día en lugares aptos y equitativos.

Dicho lo anterior podemos asociar el concepto de movilidad urbana como una necesidad básica que atiende a un derecho colectivo, colocando al ciudadano en el punto medular de los intereses gubernamentales. De ahí la importancia de que las políticas públicas estén orientadas a elevar la calidad de vida de las personas, a partir de consolidar esquemas que permitan la libertad y la autonomía de los gobernados mediante el reconocimiento del derecho a la movilidad.

Es importante establecer que las tendencias actuales de las democracias transitan hacia el empoderamiento del ciudadano, a su participación y colaboración en la resolución de los problemas que, por su complejidad, difícilmente podrán ser resueltos solo desde la óptica y acción gubernamental.

Al reconocer la movilidad urbana como un asunto de coparticipación entre ciudadanos y gobierno podremos entonces trascender hacia espacios más dignos de convivencia social. Dado que para su conquista se requieren tres acciones simples pero complejas en su aplicación: educar, sensibilizar y actuar.

Toluca, retos y perspectivas

La movilidad urbana como derecho protege a toda persona sin importar sexo, raza, condición física o social a poder moverse de forma segura, accesible, sustentable y equitativa; abarca también la necesidad de contar con un transporte público eficaz, seguro, higiénico, accesible y sustentable.

El Estado de México, por su densidad poblacional, requiere de manera impostergable de mecanismos que garanticen a sus ciudadanos este derecho, en atención a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad.

En este sentido, es pertinente resaltar los esfuerzos institucionales que se han llevado a cabo, como la creación de la Secretaría de Movilidad, dependencia encargada de planear, formular, dirigir, coordinar, gestionar, evaluar, ejecutar y supervisar las políticas, programas, proyectos y estudios para el desarrollo del sistema integral de movilidad, incluyendo el servicio público de transporte de jurisdicción estatal y de sus servicios conexos (Gobierno del Estado de México, 2014).

La Secretaría de Movilidad absorbió a la extinta Secretaría del Transporte, con el objetivo de que el diseño e implementación de las políticas públicas no se restrinjan solamente a un tema de transporte como la relación entre el gobierno y las empresas prestadoras del servicio, con una serie de reglas de tránsito, sino que se entienda la movilidad urbana como un imperativo que involucre acciones de desarrollo integral, con una visión transversal.

Concretamente la ciudad de Toluca, capital del Estado, ha sufrido muchos cambios en las últimas tres décadas, toda vez que su población se triplicó a poco más de 2.5 millones de habitantes, por lo que diversas organizaciones no gubernamentales dedicadas a temas de movilidad y gestión sustentable, como el Centro Mario Molina, realizaron recomendaciones orientadas a una estrategia que privilegie a las personas y la seguridad vial (El Poder del Consumidor, 2014).

Entre las realidades que enfrenta hoy la ciudad está que la zona metropolitana del Valle de Toluca es la única de las cinco zonas más importantes del país que no cuenta con un sistema de transporte masivo para atender las necesidades al interior de la región. Otro aspecto que no podemos dejar de lado es que la calidad del aire se ha visto considerablemente amenazada por una inadecuada movilidad, porque el uso indiscriminado e irresponsable del automóvil constituye la principal causa de contaminación atmosférica.

También el gobierno municipal de Toluca ha emprendido esfuerzos en materia de movilidad a través de la creación de ciclovías, rutas recreativas como “Tolo en Bici” y el autobús híbrido articulado, que cubrirá una longitud de 25 kilómetros del Valle de Toluca, atravesando los municipios de Zinacantepec, Toluca, Lerma, San Mateo Atenco y Metepec, con el propósito de mejorar la conectividad urbana de la zona.

La reflexión es la siguiente: a pesar de los esfuerzos existentes de los distintos órdenes de gobierno, falta mucho por hacer. La sociedad civil organizada y la población en general debemos educarnos, sensibilizarnos y actuar. Porque la acción individual trascenderá en lo colectivo para el entorno inmediato, a través de la acción real. Solo así colaboraremos con nuestra ciudad, nuestro municipio, nuestro país y con el mundo que todos deseamos.

Fuentes consultadas

 

Gobierno del Estado de México (2014). Gaceta del Gobierno, CXCVIII, 120. El Poder del Consumidor (2014). “Urge implementar estrategia de movilidad sustentable en el Valle de Toluca” [En línea]. Recuperado de: http:// elpoderdelconsumidor.org/transporteeficiente/por-una-movilidad- sustentable-en-el-valle-de-toluca/

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