La Facultad Reglamentaria de los Ayuntamientos

 

La importancia de la reglamentación municipal para los Ayuntamientos del Estado de México radica en la condición de que las constituciones y las leyes no pueden ser aplicables por sí mismas, en la mayoría de los casos, por ser de naturaleza general; por consiguiente que en ente, es en los reglamentos donde se hace la previsión necesaria con vista a la ejecución o aplicación de las mismas.

Los Ayuntamientos deben preservar y fortalecer el estado de derecho, a través de reglamentos que establezcan las bases jurídicas para una convivencia armónica y un desarrollo constante y progresivo de la sociedad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere la facultad reglamentaria a los Ayuntamientos en el párrafo segundo de la fracción II del Artículo 115, a saber: “Los Ayuntamientos poseerán facultades para expedir de acuerdo con las bases normativas que deberán establecer las legislaturas de los estados, los bandos de policía y buen gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones”.

Por su parte, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México contempla como atribuciones reglamentarias de los Ayuntamientos las siguientes:

“Artículo 31.- Son atribuciones de los ayuntamientos:

I. Expedir y reformar el bando municipal, así como los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro del territorio del municipio, que sean necesarios para su organización, prestación de los servicios públicos y, en general, para el cumplimiento de sus atribuciones.”

A mayor abundamiento la fracción III del artículo 115 constitucional, establece:

“III. los municipios, con el concurso de los estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos:

a) Agua potable y alcantarillado;

b) Alumbrado público;

c) Limpia;

d) Mercados y centrales de abasto;

e) Panteones;

f)  Rastro;

g) Calles, parques y jardines; y

h) Seguridad pública y tránsito.”

Al regular las actividades, tanto de las autoridades como de los particulares, se protegen los intereses individuales y colectivos de la siguiente manera:

  • Al regular la actividad de la autoridad, se logra limitar el alcance de los órganos de gobierno municipal, con lo que se brinda mayor seguridad a los gobernados respecto a lo que puede y no puede hacer la autoridad municipal.

  • Al regular las actividades de la comunidad, se logra establecer una mejor relación de convivencia dentro de la misma; además de facilitar la relación entre gobernantes y gobernados.

  • Se eficientiza la captación de ingresos a la hacienda municipal al ordenar la prestación de los servicios públicos. 

  • Se fortalece la cultura de honestidad, la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos al establecer mecanismos de información y consulta para la población respecto al manejo de los mismos.

  • Se evita la interpretación arbitraria de la ley y los abusos de poder al establecer las facultades, derechos y obligaciones con que cuentan los servidores públicos, así como los derechos y obligaciones de los vecinos del municipio.

  • Se fomenta la vocación de servidor público, estableciendo mecanismos para impulsar la capacitación técnica y administrativa del personal y desarrollando así un servicio civil de carrera.

  • Se impulsa la cultura democrática al establecer la participación de la comunidad en las decisiones fundamentales del municipio, además de fortalecer el principio de autoridad democrática, de orden y capacidad para hacer frente a los problemas recurrentes de la misma comunidad.

Una vez que conocemos las atribuciones en materia de reglamentación, podemos destacar que la función legislativa es fundamental para los municipios. Actualmente, las administraciones que se encuentran iniciando sus gestiones, tienen en sus manos la oportunidad de ejercer gobierno fomentando un clima de paz y armonía a través de la reglamentación que expiden.

Como podemos apreciar, de la naturaleza de cada una de las regulaciones antes mencionadas, llegamos a la conclusión de que un Ayuntamiento jurídicamente ordenado, es aquél que conforma un marco normativo moderno que le permita gobernar eficientemente, y para lograrlo debe entonces actualizarlo permanentemente, bajo lineamientos de mejora regulatoria y simplificación de los trámites y servicios que brinda a la población.

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