El Ejercicio Público por Vocación y Convicción

 

El estudio sobre el municipio mexicano puede abordarse a partir de un amplio número de aristas, con cuestionamientos estructurales como ¿quiénes son los actores que integran un Ayuntamiento? ¿Cuál ha sido su proceso de transformación y desarrollo a lo largo de dos siglos del México independiente? ¿Cómo se han ampliado las facultades y se han suprimido o permitido los controles institucionales? ¿Cuáles son las ventajas y retos de ser el orden de gobierno más cercano a la población? ¿Cuál es su función dentro del pacto Federalista? O bien, presentar incógnitas frente a situaciones más coyunturales como por ejemplo ¿cuáles han sido los elementos que permiten la alternancia democrática? ¿Por qué los servidores públicos municipales comúnmente son los menos preparados? ¿Cómo han funcionado bajo una misma estructura municipios tan heterogéneos? ¿Cuáles son los retos de la Hacienda municipal? ¿Siguen siendo los municipios gobernados por cacicazgos locales? ¿Por qué los municipios se convierten en una carta abierta para ejercer la corrupción? 

Lo anterior es prueba de la relevancia que representa este ordenamiento geopolítico frente al entorno nacional, donde existen grandes retos, oportunidades y deficiencias naturales que serán difícilmente soslayadas. De aquí que el presente artículo haya decidido abordar tan sólo dos vertientes susceptibles de análisis, mismas que desde mi muy personal punto de vista podrían estar ligadas: la falta de profesionalización y el ejercicio de la corrupción, sin que ello signifique que a mayor preparación del servidor público menos corrupto será y tampoco el caso contrario, que entre menos preparado el individuo más susceptible a cometer actos de corrupción estará. Toca entonces demostrar en qué momento se interconectan estas dos problemáticas locales, por lo que será necesario abordar por separado cada uno de los temas.

En primera instancia, cuando estudiamos los procesos de formación del servidor público municipal, necesariamente nos vemos obligados a definir el concepto de profesionalización. Donde encontramos que no existe un consenso en el ámbito académico ni en el político-administrativo que explique cabalmente este significado, ello a pesar del amplio uso del término. Así, por un lado se entiende a la profesionalización como el proceso de capacitación que las instituciones públicas proveen a un individuo para que realice una función administrativa determinada previamente dentro de los manuales de organización; en el otro extremo, este concepto se reduce al número de años que una persona ha estudiado formalmente y por lo cual ha obtenido grados académicos. Sin ser erróneas estas definiciones podemos caer en el simplismo y perder en el camino muchos elementos igualmente importantes para la formación que una persona asume frente al servicio público. 

En este tenor, el objetivo es desarrollar un concepto integral que describa el grado de profesionalización del servidor público; éste debe reflejar los conocimientos adecuados y las habilidades necesarias para el buen desempeño de la función administrativa, para lo cual decidimos conformarlo tomando en consideración cuatro elementos categóricos del perfil del funcionario: el número de años de educación formal que ha cursado, el tipo y número de cursos de capacitación y actualización inherentes al puesto que desempeña, los años de experiencia que ha laborado en el sector público y la descripción de los cargos anteriores que ha tenido oportunidad de desempeñar en la administración pública.

Es decir, un servidor público será más profesional en el desempeño de sus funciones al momento de contar con un mayor grado de educación formal, con la actualización adecuada mediante cursos, talleres o diplomados afines a las tareas que desempeñará, con mayor número de años trabajados en el sector público y con experiencia previa suficiente en cargos de mayor o igual relevancia. Así, para que este concepto sea significativo deberá ser medible por parámetros bien definidos y con la posibilidad de ser replicado en cualquier municipio y para todos los servidores públicos independientemente del cargo que ocupen.

En segunda instancia, toca abordar el tema de la corrupción que embarga a los municipios mexicanos, sin que este sea un problema meramente de este orden de gobierno. Lamentablemente, la corrupción en México se puede equiparar a un cáncer que históricamente ha venido trastocando las fibras sociales al grado de llegar a ser un elemento normalizado en el ejercicio público a causa de la impunidad que reina en gran parte de los casos. Particularmente, el municipio se ve afectado por una corrupción inherentemente en tres factores fundamentales: el primero, la falta de controles internos que regulen y castiguen la malversación de fondos públicos; el segundo, la ausencia de un sistema de selección e ingreso de los servidores públicos municipales, y tercero, la debilidad de los procesos de rendición de cuentas frente a la ciudadanía.

Permítaseme ahondar en cada uno de estos problemas. Cuando hablamos de la hacienda municipal se nos viene a la mente la reforma político-hacendaria de 1999 que le dio a los municipios mayor amplitud en sus funciones y facultades recaudatorias, con la intención de generar el desarrollo local a partir de un esfuerzo territorial. Sin embargo, a pesar de las grandes ventajas que esta política ha tenido en las últimas tres décadas, también ha permitido que otros problemas se agraven, como por ejemplo, abonar a la polarización y la heterogeneidad existente entre los más de 2450 municipios existentes en el país.

Dicho de otro modo, han habido municipios, los menos, que al momento de dejar de depender de las participaciones y aportaciones federales y estatales han logrado generar un desarrollo local motivado por su independencia financiera. No obstante, la norma se caracteriza por el otro lado de la moneda, donde la gran mayoría de los ayuntamientos del país se han dedicado a contraer deuda, a malgastar y a malversar los fondos públicos como si se tratase de un botín; hecho que ha sumido a muchas regiones en severas crisis que se reflejan en la marginación y la pobreza de sus habitantes. Paralelamente, la falta de controles se convierte en una invitación para ejercer la corrupción, ello a pesar de los intentos por fortalecer a la Auditoria Superior de la Federación y a los Órganos de Fiscalización estatales para aplicar sanciones severas y de seguimiento permanente, situación que no se ha logrado, en parte debido a la alta densidad de municipios que no permite a estas instituciones atender, monitorear ni fiscalizar eficazmente.

El segundo problema es de carácter político, basado en la lógica de seleccionar a los funcionarios públicos de los Ayuntamientos de acuerdo con su participación durante la campaña electoral; es decir, la regla sigue siendo el sistema de botín: premiar el apoyo político-electoral a cambio de un trabajo-sueldo dentro de la administración, ello en detrimento de mecanismos meritocráticos. Las consecuencias son, improvisación en las acciones administrativas, la improductividad laboral, la discontinuidad de programas gubernamentales, el incumplimiento de las responsabilidades y obligaciones públicas formalmente establecidas, el desaprovechamiento de la experiencia acumulada y el desenlace en un aumento de la marginación municipal como resultado del bajo desempeño económico, educativo y social.

El tercer problema es la falta de rendición de cuentas frente a la ciudadanía en menoscabo de los procesos democráticos y en fomento del clientelismo político. Esto sucede porque a los gobernante locales les interesa que cada peso invertido en la ciudadanía tenga su contraparte de apoyo político. Por ende, los gobernantes no priorizan las obras de alto impacto que generen beneficios comunes en el largo plazo, sino pequeñas acciones focalizadas a aquellos que acudirán a las urnas durante la siguiente elección; estos beneficios personales se reducen a materiales industrializados, despensas, apoyos económicos, eventos particulares y dádivas generales que promueven el paternalismo, pero no impactan en la problemática de fondo. Esto lleva a un espiral nocivo, donde el gobernante buscará estar protegido desde adentro con subordinados leales y afuera con grupos clientelares afines, lo que no permite que el desarrollo municipal vislumbre un nuevo horizonte. Hecho que además da pie al concepto de corrupción en su descripción más burda: la desviación de recursos y apoyos públicos para beneficios personales de quienes ejercen el recurso o toman las decisiones.

Por último, el reto es vincular convincentemente los dos temas fundamentales que aquí se han abordado, lo cual será logrado sólo a partir de la comprensión de cuatro conceptos cualitativos que forman parte de la ACTITUD y APTITUD que los individuos tienen frente al servicio público. De aquí que a continuación se presenten los siguientes puntos:

  • La profesionalización de un funcionario no estará completa sin la existencia de la VOCACIÓN personal que lo llevará a impulsar desde su función el desarrollo de la administración pública siempre para beneficio de la sociedad.

  • La lucha contra la corrupción únicamente se logrará, no a partir de las sanciones claramente establecidas y severas, sino mediante la CONVICCIÓN de querer desempeñar correcta y sanamente la función pública acorde con el Estado de Derecho y la normatividad vigente.

  • El tercer concepto se encuentra en la arena cultural y se refiere a la VOLUNTAD POLÍTICA, visto como el proceso de hacer lo correcto sin que necesariamente sea lo popular y es una acción que únicamente se logrará cuando la vocación de servicio y la convicción de apegarse a la legalidad estén alineados.

  • Finalmente, con el propósito de acabar con la normalización de las malas prácticas administrativas, debe existir un proceso de CONCIENTIZACIÓN que lleve al funcionario a reflexionar sobre su papel como autoridad municipal y su rol y responsabilidad como ciudadano que aporte al bienestar general de la nación. La contraparte es que existen trabajadores públicos y ciudadanos que no logran ni siquiera dimensionar que sus actitudes y decisiones son parte de una problemática mayor inmersa en la cultura de la ilegalidad.

A modo de conclusión, se describe expresamente la relación existente entre la profesionalización y la corrupción. De donde tenemos que a mayor grado de profesionalización descrita como, el ejercicio de contar con las mejores cartas académicas, de formación especializada y de experiencia en años y en vivencias, complementada por la vocación de servicio público, llevará a la firme convicción y voluntad política de gobernar o administrar con apego a la legalidad y a principios éticos; siempre bajo la plena conciencia de que esta actitud generará una avalancha positiva que generará un cambio en el mediano y largo plazo para todo una región y el país.

Dicho de otro modo, habrá quienes durante su niñez y juventud no tuvieron la oportunidad de acudir formalmente a la escuela, pero tienen la vocación inherente de ayudar y servir a su comunidad, por ende tendrán voluntad para sustituir las deficiencias escolares mediante la experiencia que da el ejercicio público; hecho que los llevará a estar plenamente convencidos de que administrar honestamente será un logro por sí mismo y dará la satisfacción esperada, que impacte en la concientización de otros servidores generando con ello un circuito virtuoso del bien ser y del bien hacer. Por su parte, puede haber individuos con las mejores cartas académicas nacionales e internacionales, con altas responsabilidades municipales, estatales o federales, pero que simplemente no han tenido una concientización suficiente para servir a la ciudadanía y simplemente aprovechan estas ventajas otorgadas por su perfil para servirse públicamente a partir del ejercicio inescrupuloso de la corrupción.

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