¿Quién es un Presunto Culpable?La Expectativa de la Presunción de Inocencia en el Sistema Acusatorio


En 2008 se inició una serie de cambios en materia penal que tuvieron como perspectiva la transformación del sistema inquisitivo- mixto a uno de corte acusatorio. Entre las diversas razones que impulsaron ese cambio se encontraban las múltiples violaciones procesales y a derechos humanos que sufrían los detenidos.


En esa línea, uno de los elementos que destacó por su importancia e impacto en las reformas antes mencionadas fue el concepto de “presunción de inocencia”, que no se encontraba en el texto constitucional hasta entonces.


En el proceso legislativo, el tema de la presunción de inocencia fue uno de los más estudiados y analizados, desde la primera iniciativa presentada en septiembre de 2006 y hasta la minuta de la Cámara Revisora (Diputados) en 2008. El derecho a la presunción de inocencia per se parecía no tener un contenido en sentido estricto, sino que su significado implicaba la referencia a más de un tema: (i) como principio aceptado internacionalmente por encontrarse en los artículos 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; (ii) como mecanismo de control sobre el excesivo uso de la prisión preventiva y los costos que ésta representaba –en aquél entonces, cada preso en México costaba 130 pesos diarios, lo que implica un gasto de 27 millones de pesos cada día y más de 800 millones al mes, que podrían ser utilizados en beneficio a la comunidad-; (iii) que la carga probatoria en los procesos judiciales penales había sido invertida, pues las personas tenían que probar su inocencia sobre la presunción sistemática de culpabilidad que en ese entonces era una práctica común.


En el mismo sentido, algunos legisladores hacían fuertes acusaciones a la falta de investigación y a los procesos en donde “un vaso de agua y un auto de formal prisión no se le negaban a nadie”. Se mencionaba el poco interés del Ministerio Público sobre investigar profesionalmente los casos cuando cuenta la posibilidad de integrar unilateralmente un expediente cuyos datos se presumirán ciertos y prosperarán sin ser efectivamente debatidos.


Hasta antes de 2008, sólo existía una tesis aislada en donde la Suprema Corte de Justicia que consideraba la presunción de inocencia como un derecho de los procesados por ser un principio que se contenía de manera implícita en la Constitución y derivaba de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero, y 102, apartado A, párrafo segundo.


Lo anterior, cambió cuando se incluyó como el primer inciso en el apartado “B”, que toda persona inculpada tiene derecho a “que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”. Esto fue uno de los avances más representativos de la reforma constitucional de 2008.


El contenido de qué es la presunción de inocencia y quién es un presunto inocente empezaron a desarrollarse más específicamente en el marco jurídico mexicano. Paralelamente, en la academia también se dedicaron a estudiar el alcance de la presunción de inocencia y a su ampliación en diversas facetas (Ferrer, J., 2010):


Dimensión extraprocesal. Se establece fuera del proceso judicial en tres posibles supuestos: (i) en el poder sancionador del Estado, (ii) en el procedimiento y (iii) en las relaciones entre particulares. En este último caso, el ámbito en el que se aplica está correlacionado con los medios de comunicación, que tendrían la obligación de no señalar a una persona como culpable hasta que no exista una sentencia condenatoria que así lo declare.


Dimensión procesal. En este caso, se clasificó en 4 sub-facetas:

  1. Como principio informador del proceso penal. En ese supuesto se pretende crear un límite al legislador con respecto a regular respetando la presunción de inocencia; por otra parte, impone a los jueces y tribunales elegir la interpretación acorde al principio de presunción de inocencia.

  2. Como regla de trato procesal. Establece que todo sujeto debe ser tratado como inocente y no puede ser sometido a ningún trato que suponga la anticipación de su culpabilidad. Esta es la presunción de inocencia a la que suelen apelar los tratados internacionales.

  3. Como regla probatoria. La declaración de culpabilidad debe ser la conclusión de un procedimiento probatorio con todas las garantías procesales y debe cumplir con requisitos procedimentales probatorios para considerar que la “presunción de inocencia” ha sido efectivamente vencida.

  4. Como regla de juicio: Si la prueba no es concluyente para demostrar la culpabilidad del imputado; en caso de duda debe ponderarse a favor del inculpado. Esta es la tradicional visión anglosajona de presunción de inocencia.


Como se puede observar, el tema de la presunción de inocencia es sumamente complejo. No se redujo su concepción a un solo significado, sino que en 2012 y 2013 la Corte retomó la división en varias dimensiones de la presunción de inocencia, realizada por Jordi Ferrer, y la transformó en criterios jurisprudenciales.


Con la dimensión extraprocesal se resolvió la sentencia de Florence Cassez, en el amparo directo en revisión 517/2011. En ese caso, la Corte determinó que la forma en que se manejaron los medios de comunicación impactó en la dimensión extra procesal de la presunción de inocencia al afectar la perspectiva de los testigos.