Movilidad Urbana y Discapacidad Desde el Punto de Vista de los Dererchos

Resulta innegable que la movilidad de una persona, entendida no como la capacidad de movimiento del cuerpo humano, sino como la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro entre los distintos entornos del lugar donde se reside, es crucial para el desarrollo de su proyecto o plan de vida.

 

El caso de las personas con discapacidad no es la excepción e, incluso, la libertad de movilidad ha ido adquiriendo mayor importancia en la medida en que, además de ayudar a concretar un plan de vida, se convierte en uno de los requisitos indispensables para garantizar su derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la sociedad, pues no puede entenderse la materialización de este derecho si no es mediante la participación y presencia de las personas con discapacidad en las diferentes esferas de la vida social, lo que no se logra si no existe, entre otras cosas, la garantía de desplazamiento de las personas con discapacidad; todo ello bajo un contexto de accesibilidad universal, libre de barreras que entorpezcan su movilidad, en particular, su movilidad urbana.

 

Lo anterior encuentra su fundamento jurídico en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad1, que incluye en su artículo 19 el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad, estableciendo para los países firmantes una serie de medidas para garantizar el acceso de las personas con discapacidad al entorno físico, transporte, a la información y las comunicaciones, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como a servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público (artículo 9); ámbitos que innegablemente se encuentran vinculados con la movilidad urbana de las personas con discapacidad.

 

En otras palabras, de nada serviría que una persona con discapacidad tuviera reconocida una serie de derechos que propiciaran su inclusión social, si el ejercicio de los mismos se viera acotado o interrumpido por la presencia de limitaciones en el entorno urbano que impidieran el desplazamiento, tránsito y orientación de las personas con discapacidad para el desarrollo de esas actividades.

 

Por poner un ejemplo, una persona con discapacidad visual no podría acudir a una cita de trabajo si el entorno urbano por el que tuviera que transitar para llegar al centro laboral fuera inaccesible para ella, ya sea porque los semáforos, las indicaciones peatonales, los letreros urbanos, las banquetas y el pavimento, las paradas de transporte público o el mismo transporte no estuviera diseñado bajo un criterio universal que contemplara su condición en particular, es decir, con semáforos, letreros o indicaciones urbanas parlantes, mensajes audibles que indicaran la estación de transporte en la que se encuentre o guía táctil en el pavimento que le señalara por dónde circular en la vía pública libre de obstáculos, como jardineras, puestos ambulantes, mesas de restaurantes que se apropian de la banqueta, entre otras dificultades.

 

De esta manera, lo que se pretende resaltar es que la presencia de cualquier barrera u obstáculo en el entorno urbano, por mínimo que parezca, además de limitar o entorpecer la movilidad urbana, trae aparejada una situación de desventaja y exclusión social de las personas con discapacidad, que a su vez se traduce en una vulneración en el ejercicio de sus derechos.

 

Por lo tanto, la existencia de cadenas de accesibilidad en todos los ámbitos que engloban la movilidad urbana de las personas con discapacidad, ya sean aspectos físicos, de comunicación o información, resultan indispensables para que ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones. Pues llegados a este punto no debe olvidarse la importancia que al respecto cobra el derecho a la igualdad y no discriminación (previsto en la

Constitución mexicana en el artículo 1.o, párrafo quinto), a partir del cual se obliga a las autoridades no solo a prohibir actitudes discriminatorias por motivos de discapacidad, sino a realizar acciones o medidas a favor de las personas con discapacidad cuando existe una desigualdad en el ejercicio de sus derechos debido a situaciones históricas de desventaja y exclusión social.

 

Por lo tanto, ante un contexto tan complejo como lo es el de la movilidad urbana de las personas con discapacidad, y atendiendo a las implicaciones que conlleva, es que se requiere que las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno y ámbitos de competencia, los desarrolladores y planeadores urbanos, los ingenieros, los arquitectos, los tomadores de decisiones, los grupos multidisciplinarios afines y los particulares, desarrollen e implementen en la vida práctica el mandato legal de garantía de movilidad urbana de las personas con discapacidad, previsto en el instrumento internacional de referencia, así como en los artículos 16, 17 y 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, pues del respeto y garantía de la misma dependerá la titularidad efectiva de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad: ser incluidas en la sociedad.

 

1 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, firmada por México el 30 de marzo de 2007, ratificada por el Senado de la República el 27 de septiembre del mismo año y en vigor a partir del 3 de mayo de 2008. Asimismo, dicha Convención rompe con el paradigma de considerar a las personas con discapacidad como receptoras de caridad, asistencia y proteccionismo, y las reconoce como personas titulares de derechos humanos, ejercidos por ellas mismas, sin intermediación de terceras personas.

etiquetas:

Please reload

Artículo de la semana

El humano y la naturaleza: una verdad incómoda

1/1
Please reload

Artículos recientes
Please reload

Secciones
Archivo