Ayotzinapa como Caso Paradigmático de la Transición de la Corrupción a la Impunidad Estructural en México y la Ausencia Ciudadana

04/01/2015

 

“[La impunidad es] la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos [humanos]”.1
“[Es] creada, mantenida o propiciada debido a la renuncia por parte del Estado al ejercicio del ius puniendi y a la no tutela efectiva de los derechos de las víctimas o a la indiferencia de este para con aquellas a la luz de sus obligaciones internacionales”.2

En un sentido amplio pero no limitativo, el concepto de corrupción incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos; lo anterior puede ocurrir en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas.3

Por su parte, “la impunidad estructural proviene de un conjunto de factores de carácter endógenos o exógenos que afectan el deber de justicia penal”, que “conllevan a que el Estado adopte conductas omisivas, evasivas o negligentes respecto de la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos haciendo de esta manera ilusorio el deber de justicia penal”. Consecuentemente, “esta situación socava la credibilidad y confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de procurar que se haga justicia, creándose una espiral de impunidad que puede terminar afectando al estado de derecho en su conjunto”.4

Ambos fenómenos se ejemplifican crudamente en la masacre de Ayotzinapa, pues ahora ha salido a la luz pública que el líder de plaza del cártel de Guerreros Unidos pagaba a todos los elementos de la Policía Municipal en Iguala, que la esposa   para 2015, la Cámara de Diputados (donde es del Alcalde en Iguala era parte (o al menos todos sus hermanos) del mismo cártel y que existiría coparticipación de los funcionarios y de dicho cártel para la detención, tortura y desaparición forzada de los estudiantes.

I. No hagamos nada, así apoyamos el status quo. o hagamos algo y nos cortan la cabeza

Lejos del caso, me he preguntado miles de veces ¿qué hace la ciudadanía para tener gobiernos corruptos? Nada. Justamente ese es el mejor semillero: abandonar nuestra corresponsabilidad y dejar a los demás la toma de decisiones, pequeñas y grandes, en la vida pública. ¿Cuántas veces no hemos hecho, en la vida privada, lo mismo? Siempre es más fácil que otros se encarguen de las cosas, porque, siendo realistas, qué difícil comerse la cabeza con cosas tan complicadas como la economía nacional, la crisis humanitaria creada por el apoyo de múltiples gobiernos al narcotráfico, la contaminación y venta del patrimonio natural o la crisis alimentaria de un país petrolero. Tampoco se trata de repetir las charlas de café donde todos somos los mejores analistas de la geopolítica mundial y explicamos cómo se insertan las problemáticas de México a niveles subregional y regionales.

No es difícil investigar los datos duros del presupuesto nacional que asciende a 4.7 billones de pesos,5 cotejarlo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-20186 (PND) y el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-20187 (PNPJ) de la Procuraduría General de la República (PGR).

En el discurso político el Ejecutivo federal condena las desapariciones8 sin calificarlas de forzadas, porque eso visualiza que aún enfrenta los problemas que frente al Examen Periódico Universal9 y al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas10 han planteado constantemente las organizaciones de la sociedad civil. Mucho menos hablemos de que las desapariciones son cometidas por particulares, las autoridades han permeado tanto el lenguaje al nivel de no querer denominar el fenómeno como tal, que prefieren decir levantones11 o secuestros sin rescate. No dejemos olvidado que después de la masacre, al votar el presupuesto para 2015, la Cámara de Diputados (donde es mayoritario el partido del Ejecutivo) redujo en 63% el presupuesto de la unidad de investigación de desapariciones de esa Procuraduría.12 Si antes ya existía un problema generalizado de procuración de justicia, no quisiera imaginar que pasará a partir del siguiente año.

Aun con los objetivos planteados en el PND y el PNPJ, no nos sorprenda que, a pesar de todo lo evidenciado en materia de antropología forense a raíz del caso de Ayotzinapa, los servicios forenses sigan sin contar con las instalaciones científicas necesarias ni la capacitación adecuada (hay que acudir a laboratorios extranjeros por falta de credibilidad y lo obsoleto de nuestras instalaciones). Sin olvidar que la cantidad de ministerios públicos sigue siendo infinitamente inferior a los más de 22 mil casos de desaparición reconocidos por el gobierno. No olvidemos otro inconveniente más: ese personal se ve atado por el principio de legalidad y nulla poena sine lege, ya que solo pueden investigarse los delitos establecidos en el Código Penal Federal, donde no se tipifica adecuadamente el delito de desaparición forzada.13

Sin reconocimiento de las dimensiones del problema y sin las medidas adecuadas para su solución, es claro que existirá impunidad. Pero cuando, además, encontramos un entramado de corrupción entre funcionarios y miembros del crimen organizado, el problema cobra otras dimensiones en los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Esto que enumero tampoco es nuevo: miles de defensores de derechos humanos y periodistas ya lo han denunciado, tal vez no en su conjunto, pero sí en piezas. Y eso les ha costado la vida.14

Todo eso, en cadena, conforma un problema que se llama impunidad crónica. ¿Es que acaso hay algún iluso que cree que todo es una coincidencia? Ni un puzzle podría embonar tan bien.

Y la corrupción nos lleva a la impunidad, porque hasta ahora la realidad del caso Ayotzinapa nos muestra de la manera más cruel cómo siempre habrá un funcionario público dispuesto a trabajar para el crimen organizado y cómo éste le devolverá favores de protección ayudándole a deshacerse de evidencias del exceso de la represión.

II. ¿Por qué no tenemos una masa de ciudadanos críticos?

No solo es culpa del Congreso de la Unión la falta de armonización del Código Penal Federal (sin excluir a sus respectivos locales) y creación de leyes (en caso de decidir que es mejor crear sino una Ley Federal sobre Desapariciones Forzadas, al menos una ley general que siente las bases mínimas). Tampoco es la culpa aislada del Procurador o de los ministerios públicos, policía de investigación y peritos por ejecutar una política de justicia simulada si no hay la asignación necesaria de presupuesto. Ni que decir de los jueces en el país que no pueden aplicar (gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación) directamente tratados internacionales en desaplicación de las leyes nacionales violatorias de derechos humanos.

Tampoco podemos afirmar que es la culpa de los ciudadanos que no denuncian los hechos por temor a represalias, porque hemos visto, oído y leído sobre los centenares de muertes a víctimas, periodistas y defensores de derechos humanos que exigen al Congreso, al Presidente, al Procurador y a los jueces que cumplan, en medio de sus limitaciones, con sus obligaciones legales.

Una gran parte de la raíz es la indiferencia de la mayoría de la población. Pero no es culpa del vecino, de la colonia, de la delegación o del municipio, de la entidad o del Distrito Federal. La ignorancia de la población —ya sea por falta de cobertura nacional en educación bilingüe, primaria, secundaria y preparatoria; por centralización de las mayores oportunidades de educación superior, o los recortes a los contenidos en la enseñanza de la historia nacional y universal, de civismo y de todas las ciencias sociales a nivel básico— nos lleva a tener una ciudadanía incapaz de reflexionar que existe algo que no cuadra en el discurso: las acciones de sus gobernantes y los hechos crudos y duros de violencia.

Hasta aquí cualquiera podría pensar que es verdad, el pueblo mexicano tiene el gobierno que se merece. Si el mexicano promedio no lee, ¿por qué habría de exigirle a su presidente que lo haga? Si a la fecha aún no logramos que todos los niños de cuatro años estén matriculados en la escuela,15 es evidente imaginar por qué el rezago continúa a lo largo de sus proyectos de vida.16

Ese fallo en la educación se traduce en una falta de construcción de ciudadanía. Un pueblo que no cuenta con bases sólidas de cultura general difícilmente podrá participar en la vida pública de su país, porque no cuenta con las herramientas para comprender su realidad, debatir su precaria situación y exigir sus derechos. Un ciudadano que tiene que preocuparse por ganar un salario y vivir al día para mantener a su familia, difícilmente podrá pensar en la importancia de leer un periódico y acceder a internet para conocer la situación económica del país y el impacto que ésta tiene en su vida y la de sus hijos.

Definitivamente, la culpa de la falta de ciudadanía es de los diversos gobiernos que en México han hecho todo lo posible por disminuir la calidad de la educación básica e impedir o dificultar el acceso a la educación media superior y superior. No se trata de aumentar plazas en las principales instituciones, se trata de reforzar el sistema federal y dar oportunidades en todos los niveles, en todos los rincones del país.

Y el caso de Ayotzinapa vuelve a mi cabeza para recordarme que uno de los planes del actual gobierno era desaparecer las escuelas normales rurales.17 Nada más lógico en la estrategia de un partido político que por un siglo ha minado la educación de los mexicanos que aniquilar las últimas bases de formación crítica de los profesores. Sin profesores no hay estudiantes. Sin estudiantes no hay ciudadanos. Sin ciudadanos hay tiranía. Y con ella un enriquecimiento desmedido y colusión con el crimen organizado.

Como mera curiosidad revisen la sentencia del caso Rosendo Radilla contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2009, ¿qué creen que van a encontrar? Que hablan de lo mismo y más de lo que yo acabo de mencionar. Lo más triste es que a pesar de ser relativamente reciente esa sentencia, nos habla de hechos de los años 70. ¿Qué me hace pensar todo esto? Que llevamos más de 40 años sumidos en un clima de corrupción, violencia e impunidad perpetradas por un sector muy específico de la política mexicana, pero que a la fecha ha logrado permear a los demás partidos.

Así las cosas, ¿cómo podemos dar la cara a la comunidad internacional y decir que esto es un caso aislado?

Hasta aquí cualquiera podría pensar que es verdad, el pueblo mexicano tiene el gobierno que se merece. Si el mexicano promedio no lee, ¿por qué habría de exigirle a su presidente que lo haga?

1 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C no. 101, párr. 272.
2 “La respuesta de la jurisprudencia de la Corte Interamericana a las diversas formas de impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos y sus consecuencias”, en La Corte Interamericana de Derechos Humanos: un cuarto de siglo (1979-2004), Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2005, pp. 388 y 399.
3 Para mayor información consultar: http://www.unodc.org/lpo-brazil/es/corrupcao/index.html.
4 “La respuesta de la jurisprudencia de la Corte Interamericana a las diversas formas de impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos y sus consecuencias”, en La Corte Interamericana de Derechos Humanos: un cuarto de siglo (1979-2004), Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2005, pp. 388 y 399.

Http://www.forbes.com.mx/diputados-aprueban-presupuesto-2015-de-4-7-billones-de-pesos/.

5 VI.1. México en Paz. Objetivo 1.5. Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación. Estrategia 1.5.1. Instrumentar una política de Estado en derechos humanos. Líneas de acción (6) Generar información que favorezca la localización de personas desaparecidas.
6 VI.5. México con Responsabilidad Global. Objetivo 5.4. Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de
los extranjeros en el territorio nacional. Estrategia 5.4.5. Garantizar los derechos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria. Líneas de acción (8) Crear un sistema nacional único de datos para la búsqueda e identificación de las personas migrantes desaparecidas ( http://pnd.gob.mx/).
7 Http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/documentos/PNPJ%202013-2018.pdf.
8 Pero solo considera las desapariciones forzadas de mujeres como lo señala su PNPJ en su Objetivo transversal 2: Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y garantizarles acceso a una justicia efectiva. Estrategia 2.3 Fortalecer los servicios de atención a las mujeres y niñas en todos los tipos y modalidades de violencia. 2.3.10 Consolidar la instrumentación de los Protocolos Alba y Amber y promover un sistema nacional de información sobre personas desaparecidas, con el fin de Impulsar el registro nacional de personas desaparecidas o ausentes, y Fortalecer y ampliar el registro nacional de evidencias genéticas (Ibidem, pp. 84 y 85).
9 Examen realizado a México en 2013 (http://cmdpdh.org/wp-content/uploads/2013/12/A_HRC_WG-6_17_L-5_Mexicoss-1.pdf).
10 Tras su visita en 2011 frente al preocupante escenario de las desapariciones de mujeres en el norte del país (http://www2.ohchr.org/english/ bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.58.Add.2_Spanish.pdf).
11 Http://www.jornada.unam.mx/2008/08/11/index.php?section=politica&article=005n1pol; http://amigosdetamaulipas2.mforos. com/1817565/11330523-veracruz-sin-dejar-huella-levantones-secuestros-y-ajustes-de-cuentas/.
12 Http://mexico.cnn.com/nacional/2014/10/08/hrw-denuncia-las-limitadas-acciones-de-mexico-en-casos-de-desaparicion.
13 Solo baste comparar el contenido del artículo 215 A del Código Penal Federal y el artículo II de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas.
14 Entre 2010 y 2014 el crimen organizado ha asesinado al menos a 31 periodistas (http://www.animalpolitico.com/2014/02/ellas-y-ellos-son-los- periodistas-asesinados-en-mexico-primera-parte/). En una fracción del anterior sexenio, se contaron hasta 63 defensores de derechos humanos asesinados (http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/12/07/63-defensores-de-dh-asesinados/).
15 http://www.oecd.org/edu/Mexico_EAG2013%20Country%20note%20%28ESP%29.pdf.
16 El concepto de proyecto de vida tiene, así, un valor esencialmente existencial, ateniéndose a la idea de realización personal integral. Es decir, en el marco de la transitoriedad de la vida, a cada uno cabe proceder a las opciones que le parecen acertadas, en el ejercicio de plena libertad personal, para alcanzar la realización de sus ideales. La búsqueda de la realización del proyecto de vida desvenda, pues, un alto valor existencial, capaz de dar sentido a la vida de cada uno (Cfr. Corte IDH. Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia. Sentencia del 12 de septiembre de 2005. Serie
C no. 132, voto disidente Juez Cancado Trindade, párr. 3). Sobre las bases del concepto del derecho al proyecto de vida véase Loayza Tamayo vs. Perú (reparaciones, 1998),”Niños de la Calle” vs. Guatemala (fondo, 1999, y reparaciones, 2001) y Cantoral Benavides vs. Perú (reparaciones, 2001).
17 Http://www.eluniversal.com.mx/nacion/204958.html.

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