La Lucha de Género en la Política

México llegó seis décadas tarde al concierto de las naciones que reconocieron el derecho del voto a las mujeres. Y si bien la reforma constitucional de 1953 posibilitó a la población femenina disfrutar de la piedra angular de sus derechos político- electorales y de su estatus como ciudadanas, la cultura política de discriminación hacia las mujeres ha prevalecido, con algunos matices, en nuestro país.

 

 

 

La presente colaboración pretende recapitular, como parte de los textos conmemorativos del Centro de Documentación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la evolución del orden jurídico mexicano, así como de la interpretación de la justicia electoral, para contrarrestar la discriminación política y violencia de género.

Crónica de un derecho

La figura de la mujer en la vida pública puede identificarse desde los movimientos independentistas del siglo XIX y revolucionarios del siglo XX. Sin embargo, el Constituyente de 1917 no incorporó a sus compañeras del campo de batalla y fue, a nivel local, en los estados de Chiapas, Yucatán y Tabasco, donde se presentaron las primeras oportunidades para que ciudadanas ocuparan cargos de elección popular.

En la esfera federal, la primera victoria se dio en 1947 cuando se enmendó el artículo 115 constitucional, que permitió a las mexicanas votar en las elecciones municipales. Después, en 1953, el Constituyente Permanente aprobó los referidos cambios para otorgar claramente la ciudadanía y, con ello, el derecho al voto a nivel federal a las mujeres.

No obstante, la participación política de la población femenina permanecía relegada al sufragio activo, pues pocas llegaban a ser nominadas como candidatas y, otras menos, a ser electas para cargos públicos. Ello hizo necesario buscar nuevos instrumentos jurídicos para potenciar el disfrute de los derechos político- electorales de las mexicanas.

Así, en 1993, se incorporó al Código Electoral la obligación de los partidos políticos de promover espacios para las mujeres y, tras la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer obtuvo mayor relevancia, impulsando nuevos cambios en nuestra legislación electoral.

A través de dicho instrumento internacional, así como de sus mecanismos de supervisión, nos obligamos como nación a implementar las medidas necesarias para garantizar la plena igualdad de participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones; lo que llevó al Congreso a modificar el Código Electoral, estableciendo que los partidos políticos debían contemplar en su normativa interna, como acción afirmativa, una cuota de 30%, por lo que en las candidaturas a diputados y senadores un mismo género no podía concentrar más de 70%. Esta medida se reforzó con la reforma electoral de 2008, elevando el porcentaje de las cuotas a 60-40%.

Paralelamente, se han aprobado otras leyes que han servido para reforzar la política pública contra la violencia de género y la discriminación: la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (2001), la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003), la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006), así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007).

La perspectiva de género en la justicia electoral

Bajo este panorama, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha establecido criterios jurisprudenciales que impulsan una democracia igualitaria en el disfrute de los derechos político-electorales, a través de resoluciones progresistas en las que se privilegia una interpretación con perspectiva de género, de la mano de las normas constitucionales y convencionales.

Así, en diversas sentencias del TEPJF se ha garantizado el derecho a ser votada y a ejercer el cargo: en 2009, la Sala Superior ordenó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentar ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) la modificación de su lista de candidaturas a diputaciones federales por el principio de representación proporcional, observando el principio de alternancia en su conformación (SUP-JDC-461/2009).

En la siguiente elección federal, se ordenó el registro de fórmulas de candidaturas, tanto por el principio de mayoría representativa como por el de representación proporcional, integradas con personas del mismo sexo, para garantizar así no sólo el acceso al cargo a un género, sino el ejercicio del mismo (SUP-JDC-12624/2011).

Un año más tarde, la Sala Superior confirmó la sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey, relacionada con la designación de regidurías en el municipio de Nava, Coahuila, para lograr la eficacia en la integración paritaria del cabildo, a efecto de cubrir el 50% requerido en la legislación electoral local (SUP-REC-109-2013).

Y en ese mismo año, la Sala Superior confirmó el acuerdo emitido por el IFE, relacionado con el concurso público para ocupar cargos y puestos del servicio profesional electoral, dirigido únicamente a mujeres, al considerarla como una acción afirmativa enfocada a buscar la equidad de género y la igualdad en el instituto, que resultó razonable, proporcional y objetiva (SUP-JDC-1080/2013 y acumulado).

Finalmente, el TEPJF resolvió a favor de mujeres indígenas de la comunidad de Santo Domingo Nuxaá, en el Estado de Oaxaca, que denunciaron la restricción de su derecho a votar y ser votadas, así como la reducción de su participación en la Asamblea, ordenando reponer la elección (SUP- REC-438/2014).

Estas resoluciones han permitido dar un gran paso en el deber de promover la igualdad de género, la autonomía de la mujer y la equidad en el ámbito de la representación política.

La violencia en la política de género, el reto a vencer

Así, la representación política de las mujeres y su presencia en espacios para la toma de decisiones se ha incrementado de manera lenta, pero constante.

No obstante, los casos mencionados dejan ver que los avances normativos no garantizan, por sí solos, una participación real y efectiva; que en el plano de los hechos se siguen presentando marcadas diferencias para las mujeres, pues su participación se ve obstaculizada de manera sistemática antes de acceder al poder y durante su ejercicio.

Por ello existe la obligación del Estado mexicano de prevenir, sancionar y reparar cualquier forma de violencia o discriminación hacia las mujeres, por eso se justifica la permanencia de instituciones como el Conapred, que promueven los derechos humanos y coadyuvan a extender una cultura de participación política basada en la igualdad y la no discriminación.

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