Rafael Estrada Michel al Frente del Instituto Nacional de Ciencias Penales

01/05/2014

 

Rafael Estrada Michel es abogado por la Escuela Libre de Derecho, diplomado en Antropología Jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, grado en Derecho Constitucional y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Es consejero del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

 

 

Su amplia trayectoria en el rubro de los derechos humanos le imprime, sin duda, un estilo particular a su labor al frente del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). A través de esta entrevista conoceremos cómo percibe la impartición de justicia en México y qué alternativas propone.

 

A pesar de los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, la percepción ciudadana y los resultados muestran la proliferación del crimen organizado, en este contexto ¿cómo percibe las estrategias de prevención del delito de las instituciones públicas?

 

Las percibo como estrategias que van a empezar a arrojar resultados visibles y plenamente satisfactorios en el mediano plazo. Los resultados actuales son una contención que está siendo eficaz. Estamos advirtiendo que hay resultados concretos en comunidades específicas; desgraciadamente no son resultados que puedan generalizarse, pero de alguna forma nos indican que vamos por el camino correcto. La prevención del delito va avanzando poco a poco; es una cuestión que tiene que ver también con variables culturales muy claras, que sufrirán cambios en el mediano y en el largo plazo. Mi percepción es que la estrategia de contención está funcionando y los primeros pasos se están dando hacia una generalización de políticas públicas de prevención que resulten exitosas en el ámbito generalizado.

 

¿Cuál debería ser entonces el factor central de la prevención del delito en México?

 

En el Inacipe hemos probado que el factor central está en iniciar cambios culturales desde las edades más tempranas posibles. Es decir, tenemos que lograr ganar la batalla por las conciencias y por los intereses de nuestros niños y jóvenes desde los primeros momentos de su formación. Si nosotros conseguimos que desarrollen pasiones por cuestiones positivas como el arte y el deporte, desarrollando así su personalidad en un sentido positivo, a pesar de encontrarse en una situación económica adversa, será difícil que sean captados por la delincuencia organizada.

 

Las investigaciones realizadas por el Inacipe ¿son consideradas entonces para la elaboración de las políticas públicas específicamente en materia de prevención del delito?

 

Así es, estamos trabajando muy de cerca con la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación y con el Centro Nacional de Prevención del Delito. Nos han encargado investigaciones concretas, investigaciones empíricas, desarrollo de proyectos en campo y por supuesto que estamos muy orgullosos de que eso se traduzca en políticas públicas concretas. Es decir, que los resultados y el marco conceptual y teórico de nuestras investigaciones esté impactando en las políticas de prevención del delito a las que ya me he referido.

 

¿Cómo se ha transformado el Sistema Penitenciario Mexicano a partir de la reforma al artículo 18 constitucional en 2005 que instaura un sistema integral de justicia para los adolescentes infractores?

 

En el caso de la justicia para adolescentes todavía observamos cierto retraso, sobre todo en el ámbito local. Hemos sido incapaces de dimensionar que se trata de justicia para adolescentes, entendida en un sentido restaurador, en un sentido de justicia terapéutica. Tanto que aún tenemos graves retos en la materia de compurgación de las sanciones que corresponden a adolescentes en conflicto con la ley penal y tenemos muchos retos en cuanto a la estructuración de un efectivo acusatorio con presunción de inocencia en la forma como se desarrollan los cauces de este tipo de procedimientos.

 

Pero se ha ido avanzando poco a poco y fue un avance significativo el modelo de sistema acusatorio que se implementaría a nivel general después de la reforma constitucional de 2008 y ahora con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

En el tema penitenciario, que también fue afectado tanto por la reforma constitucional de 2008 y la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, está avanzándose en entender que el asunto es de reinserción social, que tenemos que hablar cada vez más de temas que cumplan con su finalidad, no sólo de proporcionalidad entre conductas delictivas y las propias penas, sino también con su finalidad de reinserción, de recomposición del tejido social.

 

Creo que también hemos avanzado en la racionalización de la prisión preventiva, por lo menos se ha podido entender que no es un tema de penas, ni de compurgación de penas, es un tema cautelar. Cada vez se ve con mayor claridad que debemos separar a procesados de condenados y también se ve con mayor claridad que la prisión preventiva no es una solución en todos los casos y que debemos racionalizarla, que debemos utilizarla al mínimo indispensable porque no podemos seguir teniendo las cárceles llenas de procesados. De las personas que están privadas de su libertad en nuestro país, 40% están esperando una sentencia y ésta es una situación que la reforma de 2008 ha tendido a matizar, pero donde todavía nos queda mucho por hacer.

 

¿Qué rol juega entonces la ciudadanía en la reinserción social de los infractores del delito?

 

La ciudadanía tiene que jugar el rol más eficaz posible y además con la mayor participación posible en esta reinserción. ¿A qué me refiero? A que tiene que haber programas ciudadanos de trabajo comunitario, de prestaciones y posibilidades laborales para cuando se termine el proceso de internamiento. Tiene que haber participación también en los regímenes de internación. La sociedad civil tiene que estar involucrada en todo eso, como se ha hecho desde algunas atalayas como la Fundación Pensamiento Libre, Reintegra o la Pastoral Penitenciaria. Pero estas acciones tienen que generalizarse al máximo posible. Desde luego, las familias y el entorno de los internos tienen un papel muy importante.

 

Debemos fomentar la existencia de incentivos para que la reinserción se dé incluso antes de que abandonen los penales. Si logramos eso y lo generalizamos estaríamos del otro lado en cuanto a las metas que nuestra Constitución se plantea para el sistema penitenciario.

 

Finalmente, le pedimos un mensaje para nuestros lectores.

 

Que la seguridad pública que todos ansiamos para nuestro país pasa por el respeto irrestricto de los derechos humanos, el proceso debido y adecuado, sobre todo en el ámbito penal que se sigue en nuestra república y en entender que aquí nos estamos jugando la viabilidad de nuestro Estado constitucional y democrático de derecho.

 

Es decir, que no va a haber un grado de seguridad como el que todos apetecemos y todos queremos sin ciencias penales que estén volcadas al cumplimiento de sus fines democráticos, de sus fines de reinserción social, de sus fines de restauración del tejido social, que lo demás puede ser represión y puede resultar eficaz en el corto plazo, pero lo realmente estructural, lo que realmente cambia la forma de acercarnos a los fenómenos delictivos y a los fenómenos patológicos sociales es un mecanismo democrático constitucional respetuoso de los derechos humanos.

 

Mientras no demos ese salto cultural, el cambio no va a ser estructural ni va a ser a fondo y lo que vamos a tener son cifras que más o menos pueden irse matizando, pero no una transformación verdadera de una situación que por lo demás nos tiene muy preocupados a todos en nuestro país.

etiquetas:

Please reload

Artículo de la semana

Los sistemas penitenciarios en México y el mundo

1/1
Please reload

Artículos recientes
Please reload

Secciones
Archivo