De la Ejecución de Medidas Aplicadas a los Adolescentes Infractores desde un Enfoque Garantista

01/05/2014

 

 

En 2005 existió una reforma al artículo 18 constitucional a fin de instaurar un Sistema Integral de Justicia para Adolescentes Infractores, armonizando nuestro texto constitucional con cuatro instrumentos internacionales básicos en la materia:

 

a) La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
b) Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil (Reglas de Beijing).
c) Las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad.
d) Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad).

 

Con este Sistema se pretende cambiar el paradigma mediante el que eran juzgados los adolescentes a uno de corte garantista y protector de los derechos humanos. Por lo tanto, a partir de las reformas, se debe considerar al adolescente como un sujeto de derechos y no un objeto de protección, razón por la cual, durante todo el procedimiento penal se deben proteger y reforzar sus derechos humanos.

 

El Sistema Integral de Justicia para Adolescentes Infractores, según jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contiene cuatro notas esenciales que lo caracterizan:

a. Es un modelo de responsabilidad.
b. Es un modelo de justicia de corte garantista.
c. Es de naturaleza penal y no asistencial.
d. El procedimiento que se sigue es de corte acusatorio.

 

Además, la Corte contempla su carácter sistémico, es decir, el mismo debe contemplar tanto la prevención como la procuración, impartición de justicia y la ejecución de medidas.

 

Particularmente nos referimos a la ejecución de medidas, misma que deberá abordarse desde un enfoque diferenciado, en otras palabras, las medidas aplicadas a los adolescentes infractores deben obedecer a los fines de justicia restaurativa1, a saber:

 

• La reintegración social y familiar del adolescente.
• La prevención del delito.
• El logro pleno de su desarrollo como persona.
• No limitar sus potencialidades.
• Fomentar el respeto a los derechos humanos.
• Procurar sus necesidades básicas.

 

En este sentido, se incluye una amplia gama de medidas de orientación, protección y tratamiento, el cual se puede clasificar en tratamiento externo e interno. Este último sólo será aplicado de acuerdo con el principio de la ultima ratio, es decir, el juez especializado antes de imponerla deberá procurar medidas alternativas a la prisión que fomenten contactos abiertos con la sociedad y la familia.

 

La Constitución federal establece ciertos límites a la privación de la libertad a los adolescentes, por ejemplo, sólo se le impondrá a los adolescentes de entre 14 y 18 años que hubiesen cometido delitos graves por el tiempo más breve que proceda2 y en todo momento deberán ser proporcionales a la conducta realizada, obedeciendo principios como el de interés superior, protección integral y autonomía progresiva.

 

Existe poca política pública que articule y coordine la respuesta estatal en la materia, por lo tanto, se sugieren lineamientos mínimos que contribuyan a la creación de una política pública en la materia, donde la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos de los adolescentes se conviertan en la base fundamental de la misma limitando la arbitrariedad del Estado.

 

La ejecución de medidas aplicadas a los adolescentes infractores por lo tanto, según las reglas de la ONU para la protección de los menores privados de la libertad, debe buscar garantizar el respeto a la dignidad humana, evitar o atenuar los efectos perjudiciales de la medida en su vida futura y respetar sus derechos civiles, económicos, sociales y culturales.

 

Si consideramos que un porcentaje mínimo de los adolescentes que se encuentran recluidos en el Distrito Federal son estudiantes con empleo, debemos crear programas de reintegración coherentes con las aspiraciones, retos y problemas de la juventud recluida en nuestro país.

 

Estos programas deben enfocarse en trabajos pedagógicos, psicológicos, laborales y asistenciales requiriendo de una respuesta intersectorial coordinada y eficaz de las dependencias e instituciones competentes3, dando seguimiento a los mismos incluso una vez que los adolescentes fueron liberados.

 

Es de especial mención la educación, la cual debe enfocarse al respeto de los derechos humanos, como eje transversal de la política educativa en nuestro país según las reformas al artículo 3o constitucional, procurando en todo momento la solución pacífica de conflictos y el aprendizaje significativo.

 

En este sentido, la Fundación Pensamiento Libre tiene como principal objetivo desarrollar proyectos de sensibilización y educación en materia de derechos humanos. Uno de los proyectos que ha realizado es brindar educación al interior de las comunidades especializadas para adolescentes infractores del Distrito Federal. Adicionalmente, desde 2013 inició un proyecto con el Instituto Nacional de Ciencias Penales a fin de realizar un estudio empírico en la Comunidad de Diagnóstico y Tratamiento de Mujeres, dependiente de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes del Distrito Federal, con el objetivo de conocer e identificar las necesidades de las adolescentes, a fin de proponer lineamientos que servirán como propuestas para una política pública que ayude al logro eficaz de la reintegración social y familiar de las mismas.

 

Con proyectos como este podremos construir una ejecución de medidas de corte garantista a fin de reintegrar social y familiarmente a los adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, respetando en todo momento sus derechos y libertades fundamentales.

 

1 Contemplándose en todo momento formas alternativas de justicia.


2 Que a decir por la legislación estatal secundaria el término oscila entre 5 y 20 años de prisión.


3 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Salud, entre otras.

 

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