Reforma Constitucional en Materia de Transparencia

¿De dónde surge? La reforma en materia de transparencia, publicada el 7 de febrero, es un ejemplo de para qué sirve la misma transparencia. Digo esto porque fueron académicos, servidores públicos de instituciones de transparencia y organizaciones de la sociedad civil bien organizadas, tales como la Red de Rendición de Cuentas o la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, los que identificaron las deficiencias del régimen de transparencia que nos regía. Se reunieron, hicieron foros y mesas de trabajo, y así le dieron impulso a un sistema de garantía de acceso a la información renovado.



Las propuestas trabajadas por los ciudadanos fueron retomadas en cada una de las iniciativas que presentaron el entonces Presidente electo a través de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y por los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Acción Nacional (PAN).


¿Por qué fue necesaria una reforma constitucional?


Cada vez que realicé una solicitud de acceso a la información se me respondió en tiempo y forma, por lo que la estructura de garantía del derecho de acceso a la información ya era funcional, desde mi percepción como ciudadana, así que me pregunté ¿por qué hacer una modificación de tanto alcance? La lectura del Fortalecimiento de los órganos de transparencia, de Óscar Guerra Ford, me respondió esta pregunta. En ese documento se realiza un estudio del funcionamiento de órganos garantes de transparencia1, tanto federal (IFAI) como de los estados. Algunas de sus cifras son:


• Los plazos para dar respuesta a solicitudes varía de 10 a 50 días hábiles, por lo que no todos los órganos cumplen con el requisito de ser expeditos, lo que no hace útil la información que nos proporcionan. • Hay estados que no cuentan con normas en materia de archivos, es decir, la información corre riesgo de perderse o de no ser ubicada para proporcionarse en caso de solicitud. • Algunas leyes no establecen la obligación de publicar indicadores de gestión, por lo que no hay manera de evaluar los resultados de los programas o ejercicio de recursos. • Hay leyes que no piden transparencia sobre los recursos públicos que se otorgan a personas físicas o morales. • Los comisionados están sujetos a la discrecionalidad de las fuerzas políticas en algunos casos, lo cual les resta independencia. • El presupuesto asignado para garantizar el acceso a la información es inequitativo. Varía según las entidades federativas de 2 pesos per cápita a 18 pesos. • Sólo cinco entidades concentraron 66.4% del total de las solicitudes realizadas en el país, en 2011.


Según los datos citados, concluyo que una reforma estructural en materia de transparencia es necesaria para reducir la desigualdad en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el país, para que los órganos garantes interactúen y se beneficien del aprendizaje de unos y otros mediante la coordinación y homologación de procedimientos, así como para brindarles mayor autonomía.


¿Qué cambios habrá con la reforma?


El contenido principal de la reforma es la transformación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en un órgano con autonomía constitucional. Todavía no se sabe si la protección de datos personales seguirá a cargo de dicho órgano o se creará uno adicional.


La redacción del texto constitucional está pensada para que la autonomía del órgano garante no sea sólo letra muerta, sino que hay disposiciones que la “blindan”, tales como que el nombramiento de los comisionados sea mediante consulta a la sociedad y por el voto calificado de la Cámara de Senadores, sin que el presidente de la República tenga más intervención que la facultad de objetar el nombramiento. Este mecanismo se diseñó con la intención de eliminar la discrecionalidad en las designaciones y las deudas políticas del comisionado a “quien le dio el puesto”. Los comisionados actuales podrán solicitar su permanencia en su cargo, pero de no hacerlo se nombrará a un nuevo comisionado en su lugar.


El órgano garante de transparencia también se fortalece porque podrá imponer sanciones o medidas de apremio para hacer cumplir sus resoluciones; se aumentará el número de comisionados, de 5 a 7, así como la duración en su cargo, también a 7 años; tendrá la atribución de promover controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en la materia, porque sus resoluciones serán definitivas y no podrán llevarse a juicio por las autoridades a quienes se haya “condenado” a dar la información; esto último, con excepción de que se haya puesto en peligro la seguridad nacional, en cuyo caso, el consejero jurídico del gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


Otro de los puntos más significativos de la reforma es que los órganos garantes de las entidades federativas también serán autónomos y deberán seguir reglas similares, para que la autonomía sea real.


Una ventaja más de la reforma es que la obligación de transparentar la información ya no sólo será para las autoridades del Poder Ejecutivo, sino que se extenderá a los Poderes Legislativo y Judicial, así como a cualquier órgano autónomo, partido político, fideicomiso o fondo público, así como a personas físicas o morales, o sindicatos que ejerzan recursos públicos.


Tendremos una nueva Ley General de Transparencia que, en lugar de regular sólo al orden federal, establecerá los principios mínimos e iguales a que deberán ceñirse los estados y los municipios. Esta ley se encargará de la coordinación de los órganos de transparencia federal y locales con entidades de fiscalización superior, del Sistema Nacional de Archivos y de información estadística y geografía. Asimismo, contaremos con una ley general del Sistema Nacional de Archivos, que asegure la disponibilidad de la información.


Por último, una de las más importantes contribuciones de la reforma es la incorporación de la ciudadanía, pues el órgano garante federal contará con un Consejo Consultivo formado por la sociedad.


La reforma en materia de transparencia nos deja claras dos obligaciones a los ciudadanos: la primera responsabilidad que nos delega es el nombramiento de los comisionados, pues se hará mediante consulta a la sociedad, por lo que debemos tomar decisiones informadas y participar en la consulta; la segunda, la participación en el Consejo Consultivo. Para ambas, debemos enviar preguntas a los que se postulen para representarnos en dichos órganos, evaluar sus planes de trabajo y ser propositivos. Debemos investigar, estar informados y verificar que se respeten los plazos marcados en la Constitución.

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