Telecomunicaciones

Durante el año 2013, México se vio inmerso en un proceso de reestructuración, casi total, en lo que se refiere al marco legal administrativo del país; los medios de comunicación pusieron énfasis en ciertas reformas como la laboral, la educativa, la fiscal o la energética; sin embargo, uno de los grandes cambios que no ha tenido la atención que se merece es la reforma en telecomunicaciones, una reforma que pretende generar un acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial y que es de vital importancia para cualquier país que aspira a tener un sistema democrático efectivo.

 

El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política en materia de telecomunicaciones, la famosa —y agresiva— reforma que regulará uno de los activos más valiosos del país, el espectro radioeléctrico; dicha reforma implicaría modificaciones sustanciales no sólo en materia de telecomunicaciones, sino en radiodifusión y competencia económica también.

 

De manera breve, quizá demasiado, los ejes de la reforma incluyen:

 

• Se permite la inversión extranjera directa hasta de 100% en telecomunicaciones y comunicación vía satélite y hasta en un máximo de 49% en radiodifusión, siempre que exista reciprocidad en el país donde se encuentre constituido el inversionista, lo anterior con el objeto de promover la competencia. Adicionalmente, se obliga a las radiodifusoras a permitir la retransmisión gratuita y no discriminatoria de sus señales a las empresas de televisión restringida.
• La legislación secundaria debiera aprobarse dentro de los 180 días naturales a la entrada en vigor de dicho Decreto.
• Un solo documento regulará el uso y explotación del espectro, las redes generales de telecomunicaciones y la prestación de diferentes servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.
• Fortalecimiento de derechos fundamentales relativos a la libertad de expresión y acceso a la información.
• Se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano constitucionalmente autónomo y se pretende fortalecer el marco institucional de la Comisión Federal de Competencia Económica. Asimismo, se crean tribunales especializados en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica.
• Se incluye una figura denominada Política de Inclusión Digital Universal y Agenda Digital Nacional, que pretende desarrollar infraestructura, accesibilidad, conectividad, tecnologías de información y comunicación, así como habilidades digitales.
• Se impulsa una mayor cobertura en infraestructura, para lo cual se desplegará una red troncal nacional de banda ancha con fibra óptica y una red compartida de acceso inalámbrico al mayoreo, con base en el espectro radioeléctrico de la banda de 700 megahertz.

 

La principal contradicción de la reforma consiste en la redacción mañosa al texto del artículo 28 constitucional que dispone que le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones —previa opinión no vinculante del Ejecutivo federal— el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de las sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

 

Si las solicitudes serán resueltas mediante un proceso jurídico y técnico, ¿por qué se habría de tomar en consideración la opinión del Presidente de la República si, bien se advierte, ésta será de carácter político?

 

Vale la pena tomar en consideración que Grupo Televisa cuenta con 224 de las 461 estaciones concesionadas de televisión abierta comercial a nivel nacional, y transmite su programación en otras 34 estaciones afiliadas, lo que representa 56% de las concesiones en el país. Por su parte, Televisión Azteca cuenta con 180 estaciones que representan 39% del total de las concesiones existentes. El mercado mexicano de telefonía está liderado por empresas propiedad de Carlos Slim que posee más de 80% del segmento fijo, en tanto que Telcel supera 70% del mercado móvil.

 

Dichos ejes y principios son extremadamente positivos, pero también comprometedores. El fin máximo de alcanzar una economía más competitiva, una sociedad más comunicada y una ciudadanía mejor informada, combatiendo monopolios de opinión pública y económica, son apenas el primer paso para transformar estructuras de mercados y sobreponer el interés general sobre otros tantos particulares.

 

No obstante lo anterior, los retos implícitos a las grandes expectativas son abrumadores, la elaboración y eficacia de la legislación secundaria, aún ausente, requiere de un nivel alto de sofisticación y especialización técnica, se requiere de la creación de mecanismos institucionales que logren implementar las mejoras y lograr una adecuada transición del esquema y estructura previos.

 

Un primer logro de la reforma se suscitó durante los primeros días de 2014, cuando el operador francés Eurotelsat Communications anunció el cierre de la transacción para adquirir 100% del capital social de Satélites Mexicanos (Satmex) por 831 millones de dólares y se espera la colocación de nuevos satélites y nuevas inversiones en la posición orbital geostacionaria mexicana, lo cual es un buen indicador de los impactos positivos de la reforma.

 

Es innegable que muchos de los cambios realizados a la legislación mexicana en materia de telecomunicación son necesarios para lograr un acceso más competitivo y equitativo en dicha área, sin embargo, todavía es necesario que las autoridades asuman la responsabilidad constitucional relacionada a la rectoría del Estado mexicano en materia de telecomunicaciones para hacer efectivos los derechos que durante tanto tiempo han estado en manos de pequeños grupos o individuos.

 

 

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