Una Revisión de las Reformas a los Artículos 24 y 40 Constitucionales

El 27 de marzo de 2012, el Senado de la República aprobó reformas a los artículos 24 y 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el propósito de consagrar expresamente tanto la libertad de religión como la laicidad de nuestro sistema republicano, respectivamente. En la actualidad, tanto la reforma del artículo 40 como la del 24 han sido aprobadas en el nivel de las legislaturas estatales.



Por cuanto hace al texto constitucional, la modificación del artículo 40 se reduce a la inclusión de la palabra laica dentro de la definición del sistema de gobierno asumido por México.

En cambio, la reforma del artículo 24 supone una modificación de mayor complejidad: • Sustituye la libertad para profesar creencias religiosas y practicar los actos de culto respectivos, por un derecho amplio a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. • Establece con mayor claridad los alcances de la libertad de culto: “el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”. • Excluye la posibilidad de ejercer derechos políticos dentro de un mismo acto en el que se ejerza además la libertad de culto. Dado que la libertad religiosa y la laicidad del Estado ya formaban parte de nuestro orden constitucional —aun sin las recientes reformas— la verdadera relevancia de estas modificaciones radicará en que el sistema político/jurídico mexicano sea capaz de trascender la falsa disyuntiva que históricamente se ha planteado entre estos dos principios.

Implicaciones de la laicidad de la República

Ya en el artículo 130 constitucional se establece con claridad el “principio histórico de separación entre el Estado y las iglesias”; y con éste la laicidad del Estado mexicano quedaba plenamente reconocida. Sin embargo, la modificación del artículo 40, por tratarse de la definición de república, atañe más que a la laicidad del Estado, a la condición laica de nuestro sistema de gobierno.

Dicho de otro modo, la laicidad del Estado se relaciona con elementos propios de un nivel conceptual abstracto e incluso simbólico: prohibición de la asistencia de representantes del Estado a actos de culto con carácter oficial, rechazo a la formación de partidos políticos con filiación religiosa determinada, el no reconocimiento de valor legal al matrimonio religioso, la prohibición del establecimiento de una iglesia oficial, etcétera. Por otra parte, la laicidad de la República se relaciona necesariamente con las decisiones de política pública del gobierno mexicano, las cuales deben justificarse y sostenerse al margen de cualquier doctrina religiosa particular, y no beneficiar o perjudicar a ninguna persona o asociación en virtud de sus creenciasreligiosas.

La reforma en materia de libertad religiosa

Por lo que toca a la nueva redacción del artículo 24, la libertad de convicciones éticas y la libertad de conciencia parecerían confundirse, pues en ambos casos el propósito de esos derechos es posibilitar que los habitantes del territorio nacional puedan vivir conforme a sus convicciones más profundas, siempre que ese ejercicio no suponga un ilícito; sin embargo, las convicciones éticas responden a sistemas de creencias que pueden o no ser religiosos, pero que en definitiva norman la corrección de la conducta y guían el juicio sobre el bien y el mal; mientras que la conciencia implica la pulsión individual que empuja al ser humano a perseguir activamente el bien.

Por lo tanto, el reto fundamental que implica incluir el derecho a la libertad de convicciones éticas y de conciencia dentro de la Constitución radica en que la objeción de conciencia, único instrumento que puede garantizar esas libertades, no ha encontrado aún un desarrollo legal suficiente en nuestro país, si bien existen ya antecedentes de regulación para la objeción de conciencia, por ejemplo, en el caso de los prestadores de servicios de salud en instituciones públicas. Lo que se puede intuir es que, a partir de la inclusión de estos términos en el texto constitucional, la objeción de conciencia por razones religiosas o no religiosas se convertiría en un derecho susceptible de ser exigible por la vía judicial.

La libertad de religión, por otra parte, es un derecho fundamental que tiene el propósito de asegurar a las personas la posibilidad de vivir de manera congruente con sus creencias religiosas; del mismo modo que garantiza la libertad para cambiar de creencias religiosas o para no sostener ninguna; y supone una doble obligación para el Estado: por un lado, abstenerse de obstaculizar la libertad religiosa de las personas en su territorio y, por otra parte, llevar a cabo las acciones necesarias a niveles tanto legislativo como de política pública para posibilitar el ejercicio de esa libertad.

La libertad de religión, con prácticamente todas sus implicaciones (libertad ministerial, de proselitismo religioso, derecho de los padres a formar a sus hijos conforme a sus creencias, etcétera), ya formaba parte del sistema normativo mexicano por la vía de diversos instrumentos internacionales, entre los que destacan: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que México es parte desde 1948 o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que México ratificó el 23 de marzo de 1981. Asimismo, vale la pena recordar que al resolver el amparo en revisión 1475/98, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un precedente fundamental para definir la jerarquía de las normas en nuestro país y determinó que los tratados internacionales tienen una jerarquía superior a la de las leyes federales y se ubican sólo por debajo de la Constitución. De modo que todos esos derechos ya formaban parte de nuestro sistema jurídico y ya eran exigibles, incluso en contra de una ley federal, como la Ley de Asociaciones Religiosas.

Y lo que es aún más importante, desde el 9 de junio de 2011, por virtud de la reforma en materia de derechos humanos, que incorporó al artículo 1° constitucional todos los derechos fundamentales consignados en los tratados internacionales que México haya ratificado, el Estado mexicano ha quedado obligado a conceder garantías para la protección de la libertad religiosa (como de todos los demás derechos humanos), de acuerdo con el principio pro persona, más allá de toda duda de compatibilidad con el texto constitucional.

Discusiones públicas en torno a la reforma del artículo 24 constitucional

A pesar de que está claro que la libertad religiosa ya formaba parte de nuestro sistema jurídico, a niveles tanto mediático como social y político, la reforma del artículo 24 constitucional ha suscitado una acalorada discusión.

Entre quienes han apoyado la reforma, el argumento típico ha sido que se trata de una modificación necesaria para armonizar el texto constitucional con los compromisos internacionales de México en esta materia. Por otro lado, los grupos políticos, religiosos y civiles que han expresado su oposición a la reforma, principalmente se han concentrado en tres temas: la supuesta desregulación de los actos de culto fuera de los templos, la acusación de una agenda oculta para incluir la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, y la idea de que la reforma abre el camino para que las asociaciones religiosas posean medios masivos de comunicación.

Respecto de la celebración de actos de culto público fuera de los templos, la nueva redacción del artículo 24 no modifica nada la redacción anterior, en todo caso explicita las dimensiones de la libertad de culto, pero las sujeta a la ley reglamentaria; de modo que la obligación de dar aviso (que no de solicitar autorización) a la autoridad para la celebración de esos actos de culto de manera extraordinaria fuera de los templos subsiste tal como estaba.

En cuanto a la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, la preocupación de ciertos grupos políticos y sociales por ese tema propició la eliminación en la exposición de motivos de la reforma de una mención expresa del derecho de los padres para que sus hijos se formen de acuerdo con sus convicciones religiosas. Ese derecho no implica necesariamente la inclusión de contenidos religiosos en la enseñanza pública, pero sí exige respeto a las convicciones religiosas de los padres de cualquier alumno, aún en una escuela pública y, más allá de su aparición o no en la exposición de motivos, forma parte inherente del derecho a la libertad de religión, por lo tanto, sí está contenido en la reforma del artículo 24 constitucional. Más que la introducción de contenidos religiosos en la educación pública, vale la pena preguntarse acerca de la obligación de las escuelas de no obstaculizar la formación religiosa de los estudiantes de acuerdo con las creencias de sus padres en temas como sexualidad, materiales de lectura, actividades cívicas, el tratamiento de conocimientos científicos o la interpretación de hechos históricos y sociales.

Por último, el tema de acceso a medios de comunicación masiva es un poco más complejo. En efecto, la libertad de religión supone la libertad de propagar doctrinas religiosas. Sin embargo, la legislación vigente prohíbe a los ministros de culto y a las asociaciones religiosas la posesión y administración de concesiones de radio, televisión y telecomunicaciones. Debe recordarse que si bien no todos los derechos fundamentales entrañan una obligación positiva a cargo del Estado, en cambio sí exigen por lo menos la no obstaculización de su ejercicio.

Por ello, aunque la legislación de la materia mantiene ésa y otras restricciones, parece necesario interpretarlas de un modo nuevo, que abra opciones de solución a los diferentes reclamos tanto de los individuos como de los grupos religiosos para ejercer sus derechos de manera efectiva.

Por lo tanto, son los actores públicos, en particular la Secretaría de Gobernación, los sistemas electoral y judicial y los partidos políticos, acostumbrados a operar de acuerdo con una lógica que tiende a sobrerregular y a obstaculizar el ejercicio de la libertad de religión, quienes enfrentan el desafío de aprender a interactuar con esa dimensión de la vida social en una lógica más conforme al respeto del derecho sustantivo que la Constitución protege desde antes de la reforma del artículo 24, pero ahora incluso más claramente, deshaciéndose del prejuicio que supone que dicho derecho se opone al principio de laicidad. Lo contrario sería caer en la anomia de un texto constitucional que consagrara principios mutuamente excluyentes.

La libertad de religión, por otra parte, es un derecho fundamental que tiene el propósito de asegurar a las personas la posibilidad de vivir de manera congruente con sus creencias religiosas; del mismo modo que garantiza la libertad para cambiar de creencias religiosas o para no sostener ninguna.

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