El Aborto no es un Crimen

01/01/2014

Pocos temas de derechos humanos polarizan como el aborto. En Latinoamérica es particularmente controversial debido, en gran parte, a la importancia que la postura de la iglesia católica tiene en la región. En Paraguay encontramos un debate donde, por un lado, hay un feroz llamado a personas o grupos religiosos exigiendo la protección de lo que consideran el derecho a la vida del feto.

 

 

Por otro lado, no existe un acuerdo internacional sobre cuándo empieza la vida. Además, las mujeres deben enfrentar distintos problemas de cuidado y salud relacionados con el embarazo o el parto que se agudizan en situaciones de pobreza o marginación.

En Amnistía Internacional (AI), la postura política de la organización fue tomada por la membresía (grupo constituido por una gran variedad de credos) en un proceso democrático, decidiendo abogar por la despenalización del aborto. AI incluso reclama la legalización del aborto en casos en que la mujer haya sido víctima de violación, agresión sexual, incesto o cuando su salud o vida corre riesgo. Ahora, muchos se preguntan si existe un conflicto entre la religión católica y los derechos humanos.

Contexto regional del aborto

Actualmente sólo cuatro países en América Latina y el Caribe han despenalizado el aborto, sin restricciones: Cuba, Guayana, Puerto Rico y Uruguay. La Ciudad de México también lo ha hecho, aunque el resto de México no. Por otro lado, siete países penalizan el aborto en toda circunstancia, independientemente de que la vida de la mujer esté en riesgo: Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam. El resto de los países de la región, incluido Paraguay, penalizan el aborto pero contemplan diferentes excepciones.

Paraguay es un ejemplo emblemático de la situación en las Américas. Han pasado 99 años sin que hubiera realmente algún avance fundamental en la legislación que regula el aborto. Desde 1914 ya se contemplaba la penalización del aborto, excepto cuando la vida de la mujer corriese riesgo durante el embarazo o el parto (aborto terapéutico). En varias ocasiones se han presentado proyectos de leyes que hayan intentado modificar la “penalidad” de la práctica de aborto provocado, lo cual generó un gran rechazo por parte de la iglesia católica y los grupos autodenominados Pro Vida, sin lograr cambios elementales.

Derechos humanos y aborto

Anualmente 500 mil mujeres mueren por complicaciones derivadas del embarazo o el parto. De ellas, 95% vienen de un país en desarrollo. Las mujeres mayormente afectadas por esta problemática son las que viven en situación de pobreza, lo que muchas veces significa que también son pertenecientes a algún grupo minoritario. En ocasiones son víctimas de violaciones, agresiones sexuales o incesto. La inmensa mayoría no ha contado con educación sexual adecuada ni han tenido acceso a métodos anticonceptivos que les permitan tomar decisiones respecto a su sexualidad, basándose en la información necesaria. Esto sitúa el debate sobre el aborto dentro de un contexto de discriminación.

En su interpretación del artículo 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, el Comité responsable de1interpretar la Convención recomendó modificar leyes que penalizan el aborto . La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha declarado que existen, además, obligaciones positivas por parte del Estado para prevenir y evitar situaciones que ponen en riesgo la vida de la mujer (Saúl Godínez Cruz C., Honduras).

El debate, en el fondo, se trata de un desacuerdo sobre cuándo empieza la vida. Varias corrientes cristianas suelen estar de acuerdo en que la vida empieza con la fecundación. Otras personas discrepan, argumentando que la vida empieza más tarde. Amnistía Internacional no ha tomado una postura sobre cuándo empieza la vida, pero respeta que existen diferentes opiniones. La organización apoya la visión de la Corte IDH, quien manifestó que no existe un consenso mundial sobre el comienzo de la vida, debido a las distintas consideraciones morales, religiosas, filosóficas y, además, científicas.

La Corte IDH reiteró que estas concepciones no pueden justificar que se otorgue prevalencia legal a una sola idea porque ello implicaría imponer un tipo de creencia específica a otras personas que no la comparten (Caso Artavia Murillo y Otros vs. Costa Rica).

En la primera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo en Uruguay en 2013, los Estados reconocieron que la penalización del aborto provoca el incremento de la mortalidad y morbilidad maternas y no disminuye el número de abortos. Amenazar no disuade, pero sí empuja a las mujeres a practicar abortos clandestinos, los cuales, en su mayoría, son sumamente inseguros y pueden acabar cobrando la vida de la madre.

Conclusión

La discusión sobre la despenalización o legalización del aborto no supone un conflicto entre los derechos humanos y la fe católica. Es un tema de derechos humanos principalmente. La religión se interpretará, como se debe, por cada individuo. Sin embargo, hay que tener en cuenta la realidad, en la cual la educación sexual es por lo general deficiente e insuficiente. Los métodos anticonceptivos tampoco están a la disponibilidad de quién los necesita.

La discriminación de género, expresado en violaciones y agresiones sexuales, sigue siendo una realidad que limita la libertad de las mujeres de decidir cuándo y cuántos hijos quieren tener y con quién los quieren tener. Mientras esto sea la realidad, los abortos seguirán realizándose legalmente o clandestinamente.

Penalizar a las mujeres que deciden abortar no está cambiando la realidad, simplemente deja indefensas a aquellas que ya estaban siendo discriminadas. Es por eso que Amnistía Internacional exige mundialmente la despenalización del aborto en todos los casos y que se legalice el aborto en los casos en que la mujer haya sido víctima de una violación o incesto o cuando su vida o salud corran riesgo.

Comité CEDAW, 1999, Recomendación General núm. 24 (http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm)

 

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